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Con 132 votos por el sí y 22 por el no, el texto de conciliación de la ley de inversión social fue aprobado en plenaria de la Cámara de Representantes.

El informe de conciliación de la ley de inversión social presentada por el Gobierno fue aprobada en la mañana de este jueves en plenaria de la Cámara de Representantes.

La iniciativa, que busca recaudar $15,2 billones para seguir financiando programas sociales y estabilizar las finanzas públicas, obtuvo 132 votos a favor y 22 en contra, por lo que solo le resta pasar a sanción presidencial

“Es un proyecto muy importante que permite el acceso a la educación superior gratuita a ingreso solidario y subsidio a la nómina para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas”, dijo la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias.

“Es una muy buena noticia para el país, sobre todo para los sectores vulnerables que lo estaban esperando”, agregó.

El informe contenía seis artículos conciliados más tres nuevos propuestos durante la discusión que se surtió el martes en las plenarias, que sesionaron en forma simultánea.

La comisión acogió el texto del el artículo octavo aprobado en el Senado, que tiene que ver con la valoración de bienes inmuebles para comercialización y que le va a permitir al Gobierno acelerar la venta de los bienes incautados al narcotráfico. También se avaló el artículo 28, que busca refinanciar los sistemas de transporte masivo que fueron afectados por la restricción impuesta en el nivel de ocupación por las medidas de bioseguridad.

Las plenarias de Senado y Cámara también aprobaron de manera idéntica los artículos 30, 34 y 44, relacionados con las operaciones de crédito público de entidades territoriales, inversiones en las llamadas Zomac (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado) y la reducción transitoria de sanciones y de tasas de interés para los sujetos de obligaciones administradas por la DIAN.

Con el dinero recaudado en esta reforma se busca financiar las necesidades de la población afectada por la pandemia a través de programas como Ingreso Solidario hasta 2022; extender el subsidio a la nómina (PAEF) hasta diciembre de 2021 (lo que beneficiaría a 60.000 micro y pequeñas empresas y 400.000 empleados) y asegurar el pago de la matrícula para 695.000 estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 que quieran acceder a educación profesional pública.

El gran derrotado fue el impuesto a las bebidas azucaradas, que no fue incluido en el proyecto de ley. Se mantiene la promesa del Gobierno de no afectar la clase media y las familias de menores ingresos, no tocar el IVA de la canasta básica, ni las pensiones y no gravar a las personas naturales.

También se dispondrá de un subsidio que cubrirá total o parcialmente los costos de la seguridad social de jóvenes y mujeres, especialmente, y que permitirá recuperar cerca de un millón de empleos.

Una parte de la reforma entrará a regir tras ser aprobada por el presidente Duque, mientras que la otra funcionará el año entrante.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR

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