En un acelerado y poco responsable uso de la información diferentes medios de comunicación tradicionales generaron toda una ola de rechazos ante el anuncio de un supuesto incremento en el impuesto predial de hasta un 300%, omitiendo que con la norma vigente puede llegar a ser de más del 1.000%, por lo que no se trataría de un incremento sino de un tope.
La propuesta del Gobierno, según se ha explicado enmarcada en su Plan Nacional de Desarrollo 2023-2027, busca actualizar el catastro multipropósito en al menos un 70% para el año 2026, ya que en la actualidad solo está actualizado en aproximadamente un 9.6%.
La iniciativa establece topes graduales para el impuesto predial, comenzando desde propiedades con un valor menor a 135 salarios mínimos. Se aplicará un máximo del 100% del monto pagado en el año anterior en caso de actualizar el avalúo catastral.
La importancia de la actualización del catastro radica en permitir al Estado un control adecuado sobre la propiedad y los usos del suelo, facilitando la tributación efectiva.
El proyecto pretende reducir el impacto en el Impuesto Predial Unificado (IPU), especialmente en terrenos con avalúos catastrales desactualizados.
Adrian Garlati, director de Economía de la Universidad Javeriana, aclara que la norma solo aplicaría a terrenos valuados bajo nuevos catastros, no afectando a áreas urbanas donde los avalúos catastrales suelen estar actualizados.
Ante las preocupaciones sobre un posible aumento desmedido del IPU, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, sugiere una mejor comunicación del Gobierno con el Congreso y una mayor socialización de los proyectos de ley, destacando que se establecen topes graduales en una base gravable que se incrementará por la actualización del avalúo catastral.
Fuente: INFOBAE
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