Se ha especulado varios días en Colombia sobre qué funcionarios de Estados Unidos vendrán a la posesión de Gustavo Petro, que ocurrirá el próximo 7 de agosto, y el viernes en la tarde hubo una señal más clara al respecto. “Le mencioné al presidente electo que el presidente [Joe] Biden le pidió a la administradora de USAID, Samantha Power, liderar la delegación presidencial a su ceremonia de inauguración”, contó en Bogotá Jon Finer, Consejero Principal Adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, después de una reunión el viernes en la mañana con Gustavo Petro y la vicepresidente electa Francia Márquez.
Power, una antigua periodista de guerra que en el 2002 ganó el premio Pulitzer, fue asistente especial de Barack Obama en el Consejo de Seguridad Nacional, y en mayo del 2021 fue elegida como la cabeza de USAID, la poderosa agencia de Estados Unidos para el Desarrollo. Power entiende la asistencia que brinda su país a otros como una forma de ‘poder suave’, y USAID ha sido uno de los grandes financiadores de varios programas que apoyan el proceso de paz en Colombia, que el presidente electo ahora quiere afianzar.
Cuando Petro habló de su propuesta de reforma agraria en Colombia, dijo que “quisiera hacerla de la mano de Estados Unidos. A diferencia del pasado, la reforma agraria está ligada a la posibilidad de una disminución sustancial de la exportación de cocaína”. “Los Estados Unidos ha concentrado su esfuerzo de una manera muy ineficaz en el glifosato y las extradiciones. El resultado ha sido un fracaso total”, añadió.
Finer parece parcialmente dispuesto a trabajar con Petro en este punto. Dijo que el acercamiento que ha tenido Estados Unidos es “holístico” en el tema de antinarcóticos, no solo dando el apoyo de la DEA, la agencia antinarcóticos, para frenar la oferta de droga, sino que también han estado apoyando “el desarrollo en áreas rurales”. Según Finer, este fue uno de los puntos que tocó con la administración entrante el día de hoy. “Creo que este será un buen tema para la administradora Samantha Power, en su visita el próximo mes, y es un área en el que tenemos puntos en común. Todos estos temas están muy relacionados: la situación de seguridad está muy ligada a la situación económica, y muy ligada a nuestros esfuerzos antinarcóticos”.
Sin embargo, frente a la posibilidad de despenalizar las drogas, como lo propone Petro, o aceptar que la estrategia de Estados Unidos ha sido un fracaso, el oficial estadounidense fue enfático. “Estados Unidos y la administración de Biden no apoya la descriminalización”, dijo Finer. “Colombia es un país soberano, tomará sus propias decisiones, y esas decisiones tendrán implicaciones. Tendrán implicaciones para las relaciones de Colombia con la región, y tendrán implicaciones para nuestra relación bilateral”.
Finer, sin embargo, repitió que sabe cómo la nueva administración de Petro quiere “profundizar, ampliar” el acuerdo de paz del 2016, firmado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las antiguas FARC, además de cumplir con puntos pactados que no se han cumplido hasta ahora (como el punto sobre reforma rural). ”Nosotros estamos comprometidos a trabajar con ellos en esto”, dijo Finer. “Hoy pudimos hablar sobre las formas en las que nosotros podemos brindar apoyo, en especial con lo que relacionado al capítulo étnico”.
Finer también se refirió a las relaciones con Venezuela, un área en el que, dijo, su Gobierno puede encontrar “puntos en común con la administración entrante”. No mencionó oposición alguna para que Petro reestablezca relaciones diplomáticas con sus vecinos —el presidente electo va a reabrir la frontera común e instalar una embajada de nuevo en Caracas — aunque aclaró que, en el caso de Estados Unidos, el Gobierno de Biden aún reconoce a Juan Guaidó como presidente y espera que se renueven las negociaciones de este con Nicolás Maduro.
“El presidente Biden nos envió acá por el valor que tiene nuestra relación bilateral”, añadió Finer, que viajó a Bogotá junto a otros tres delegados especiales de Estados Unidos, una visita particular para un presidente electo que no se ha instalado aún en el Gobierno. Aunque la reunión de la delegación norteamericana con Petro fue privada, Finer describió la conversación como: “buena, directa, cándida, y detallada”.
“Hay temas en los que estaremos en desacuerdo”, dijo sobre el Gobierno que se instalará el próximo 7 de agosto. “Pero eso es cierto sobre cualquier relación bilateral que tiene Estados Unidos, y no me parece valioso hoy enfocarme en una política en particular”. Al ser cuestionado sobre el apoyo militar que recibe Colombia desde hace décadas, Finer dijo que seguiría en pie.
“El presidente Biden ha dicho que la relación de Estados Unidos con Colombia es una piedra angular para la prosperidad y la seguridad en el hemisferio y en esta región”. Añadió que esperan que, cuando el nuevo Gobierno conozca todos lo detalles de la cooperación bilateral estos años, “verán valor en esta”. “Entendemos que puede que haya cambios, y estamos listos para trabajar con ellos, dispuestos a trabajar en una alianza de seguridad que funcione para los dos países, y en una agenda que sea común a nuestros intereses”, añadió.
Reformas
El primer contacto oficial entre el presidente electo, Gustavo Petro, y el gobierno de Joe Biden, ya tiene lugar y fecha. El jueves 21 de julio el mandatario electo se reunirá en Bogotá con dos emisarios enviados desde Washington por el presidente de Estados Unidos y en esta cita el nuevo jefe de Estado colombiano pondrá sobre la mesa los cinco asuntos de la relación binacional que serán prioritarios para su gobierno.
Esta reunión podría significar un logro diplomático anticipado para Petro, pues incluso antes de su posesión –que se realizará el próximo 7 de agosto–, logró una especie de cumbre en suelo colombiano. Esta estará encabezada por el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Jonathan Finer, quien estará acompañado por el embajador (e) Francisco Palmieri y el asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, Juan González.
A pesar de que se ha planteado la posibilidad de que Petro, por tener banderas progresistas, no tenga una relación fluida con Estados Unidos, éste dejó claro desde el día que ganó las elecciones que tiene toda la voluntad de entablar diálogos con el gobierno de Biden, pero también que buscaría hacer reformas por ejemplo en la relación comercial y en el enfoque de lucha contra el tráfico de drogas.
Más allá de las posibles diferencias políticas, la antesala de este encuentro binacional ha estado marcada por mensajes positivos desde territorio estadounidense que se dieron en la última semana. Uno de ellos fue del presidente Iván Duque, quien ha insistido en la necesidad de mantener los estrechos lazos con Washington, mientras que desde la Casa Blanca se resaltó este jueves que los cultivos ilícitos y el envío de cocaína desde Colombia se redujo en 2021.
La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca aseguró que la cantidad de hectáreas de coca cultivadas pasó de 245.000 en 2020 a 234.000 en 2021, lo que representa una reducción de 11.000 hectáreas. Esa disminución también se vio reflejada en la producción, pues la cantidad de toneladas métricas detectadas por el país bajó de las 994 que se identificaron en 2020 a 972 el año pasado.
En ese contexto de aparente relación fraternal y disposición de diálogo, a tres días de la reunión con el emisario de Biden, EL COLOMBIANO conoció que el petrismo tiene listos cinco ejes principales para esta conversación. Serán el Tratado de Libre Comercio (TLC), la extradición de colombianos, la lucha contra las drogas, la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y el cambio climático.
Petro tratará de hacer que se renegocie el TLC Uno de los asuntos prioritarios que desde ya dejó claro el gobierno de Petro fue la intención de buscar una renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre ambos países. Juan Fernando Velasco, uno de los delegados del presidente electo, aseguró que ya se hizo la solicitud formal al gobierno de Biden para este proceso y aseguró que evidenció disposición para revisar los protocolos que contempla el tratado comercial.
“Urge renegociar el TLC porque hay sectores que no se ven beneficiados como el de confecciones y los agricultores, por eso este es un tema que debe revisarse a partir del 7 de agosto”, dijo Velasco.
Quien se mostró en contravía de esta iniciativa reformista fue el presidente Duque, quien planteó que no sería oportuna una renegociación “en momentos de tanta incertidumbre, aumentos de inflación y temas que se pueden politizar, pueden llevar a poner en suspenso y mayor incertidumbre lo que ya se ha cosechado”, apuntó.
Incluso, en mayo de este año, en su visita al Reino Unido, el mandatario utilizó un lenguaje más fuerte al referirse al tema. “Romper los TLC es una estupidez sin precedentes”, dijo Duque y agregó que cuando estos tratados se logran, son un paso para forjar las relaciones comerciales que “atraen inversión, empleo y oportunidades para el país”.
Por su parte, la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia) mostró una posición más mesurada frente a la propuesta del gobierno electo y planteó que aunque la renegociación de Petro es viable, lo más importante sería centrarse en resolver los problemas que tienen las empresas colombianas para poder competir en el mercado de Estados Unidos.
“Abrir esa puerta puede ser muy arriesgado. El TLC con Estados Unidos es hoy en día uno de los más generosos en oportunidades para las empresas colombianas (...) Sin embargo, se pueden buscar acciones encaminadas a mejorar las cláusulas dinámicas del acuerdo como la reducción de aranceles, cambiar las reglas de origen, cambiar el anexo de contratación pública, entre otras”, señaló María Claudia Lacouture, directora de Amcham Colombia.
Extradición de colombianos se reevaluaría El segundo de los asuntos neurálgicos que el nuevo gobierno analizará y pondrá sobre la mesa de diálogo con EE. UU. será la posibilidad de reducir la flexibilización para enviar extraditados a los colombianos que sean solicitados por la justicia estadounidense, y particularmente a los relacionados con narcotráfico. En otras palabras, reevaluar la extradición de narcos colombianos para hacer que paguen sus crímenes en Colombia.
Así lo dejó claro Petro en la campaña y después de las elecciones. El presidente electo planteó que propondrá que los narcotraficantes se acojan a un proceso de “desmantelamiento pacífico” para “supeditar la extradición al incumplimiento”. Este cambio tomó fuerza tras la extradición del jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, a la que Petro se opuso.
El mandatario señaló que ofrecerá esta opción de desarme para los traficantes de drogas y supeditaría la opción de extradición a quienes reincidan en sus crímenes o no le entreguen a las autoridades sus armas, droga, rutas, dinero e información clave.
Esta iniciativa tomó fuerza en las toldas petristas después de que el gobierno saliente aprobó la extradición de Úsuga David, más conocido con el alias de Otoniel, quien fue el máximo jefe del Clan del Golfo y fue enviado a un calabozo en suelo estadounidense mientras reconocía delitos que salpicarían a militares y colaboraba con la Jurisdicción Especial para la Paz. “Las víctimas tienen el derecho de conocer la verdad. Las diligencias de extradición deberían priorizar las confesiones que las víctimas necesitan. No hay ningún interés que pueda estar por encima de las víctimas de la violencia en Colombia”, dijo Petro en su momento. Por su parte, las autoridades defendieron esta extradición argumentando que Úsuga David era un riesgo y señalaron que el Clan del Golfo cocinaba un plan para lograr su fuga del búnker de la Fiscalía en Bogotá.
Lucha antidrogas tendría otro enfoque De la mano del cambio en la lucha contra los narcotraficantes, Petro ha propuesto una reconfiguración del modelo de lucha contra las drogas, que en las últimas décadas ha tenido un foco militarista y cuenta con una robusta financiación por el país norteamericano, pues solo en 2022 Washington ha liberado 38 millones de dólares para luchar contra esta problemática.
Petro ha esbozado en los últimos meses cuál sería la propuesta en esta materia que le haría al gobierno de Biden y en ella se destaca su enfoque por enmarcar la política antidrogas en el cuidado y protección del medio ambiente. Esto se traduce en impedir las fumigaciones aéreas y sustituir los cultivos de coca por cultivos de marihuana legal.
Hace dos semanas el mandatario se refirió a la problemática de la producción de cocaína y mencionó una “solución” relacionada con un asunto comercial, la disminución en la importación de maíz, para impulsar el cultivo de este alimento en Colombia.
“Si Estados Unidos quiere que menos cocaína llegue a su territorio, hay que cultivar más maíz en Colombia, hay que hacer una ‘balanza”, expuso el presidente electo.
El nuevo mandatario dejó en evidencia que está estudiando otras aristas para enfrentar este problema. Este podría ser uno de los temas más espinosos de la nueva relación bilateral con Estados Unidos, pues es difícil que Joe Biden dé el brazo a torcer en el tradicional enfoque militarista.
En todo caso, Colombia sigue inundado de coca con 234.000 hectáreas sembradas. Ya hay una diferencia clara, Petro descarta cualquier posibilidad de hacer aspersión con glifosato, mientras que en EE.UU. se ha planteado que se considere ese método.
Implementación de la paz se potenciaría En medio del proceso de empalme, los delegados del gobierno electo dejaron claro que buscarán cambios en la implementación del Acuerdo de paz con las Farc y señalaron que Estados Unidos sería un actor estratégico. “Vamos a trazar una ruta conjunta y unir esfuerzos en torno a la implementación del Acuerdo de Paz”, señaló Velasco.
Este incluso fue uno de los temas estratégicos que abordaron Petro y Biden el 21 de junio en su primer contacto telefónico. Tras la comunicación, desde la Casa Blanca se resaltó que tienen interés en fortalecer la cooperación entre ambas naciones en materia de cambio climático, seguridad sanitaria y la implementación del Acuerdo de Paz. El presidente electo ha insistido en darle un cambio al tema de paz y de cumplir sin reparos lo firmado en La Habana. Por ello, ha sido crítico con el papel del gobierno de Iván Duque. No obstante, el pasado jueves la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, defendió lo hecho en la implementación del Acuerdo y pidió “construir sobre lo construido”, así como más financiación internacional.
“Invito a la comunidad internacional para que siga acompañando a Colombia en la búsqueda de la paz, brindando al gobierno que comienza el mismo respaldo y solidaridad que le han dado al gobierno que represento. Sigamos construyendo sobre lo construido”, señaló Ramírez.
Petro quiere agenda de cambio climático En el discurso tras su victoria en las urnas, Petro dejó claro –en un tono crítico– que se debería hacer un diálogo entre las diferentes naciones de América Latina y el Caribe para implementar acciones conjuntas que permitan hacer frente al cambio climático, con Joe Biden a la cabeza. En ese sentido, Petro expuso que es necesario sentar las bases de una “transición energética” ante los estragos causados por el cambio climático. “Le propongo al Gobierno de los Estados Unidos y a todos los gobiernos de América sentarnos a dialogar para sentar los pasos de la transición energética, los pasos de la construcción de una economía descarbonizada, los pasos de la construcción de una economía de la vida”, apuntó el mandatario electo.
Tras hacer esta invitación, Petro lanzó algunas críticas al país norteamericano. Según él, Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del continente americano y expuso que Colombia es una especie de “esponja” de absorción de estos, por ejemplo con el Amazonas.
En todo caso, este es uno de los temas que el presidente electo ya le expuso a Washington como una especie de inquietud. Lo cierto es que este jueves se empezará a trazar la hoja de ruta que tendrán ambos países para continuar con su relación bilateral de 200 años, ahora con un interés de lado colombiano de implementar cinco reformas.
Fuente: EL PAÍS / DIARIO EL COLOMBIANO
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