A pesar de los múltiples pedidos de organismos internacionales, la oposición uribista y sus aliados de la derecha se rehúsan incluso de forma violenta a las Reformas Sociales o a cualquier cambio impulsado desde el Gobierno Nacional, al punto de planear un atentado contra el Presidente.
En su reciente visita a Colombia, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU ha instado al país a avanzar en la reforma laboral que se debate en el Congreso. Este llamado se enmarca dentro de un análisis crítico sobre el modelo económico colombiano, centrado en la explotación de recursos naturales, que ha contribuido a la violación de derechos humanos y ha marginado a grupos indígenas, afrodescendientes y campesinos.
El informe de la ONU destaca cómo este modelo económico, sostenido durante décadas, ha exacerbado las desigualdades y ha permitido la exclusión de comunidades vulnerables. Las empresas, en su afán de maximizar la producción, han invisibilizado y estigmatizado a estas poblaciones, además de poner trabas a la protección de defensores de derechos humanos y dificultar la denuncia de abusos laborales. Esta situación, según el Grupo de Trabajo, facilita la persecución de líderes sociales y sindicales, creando un ambiente de impunidad que pone en riesgo la justicia transicional y la paz sostenible en el país.
En este contexto, el Grupo de Trabajo ha subrayado la importancia de una reforma laboral que regule adecuadamente los contratos y la tercerización, elementos considerados clave para mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos. Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo, enfatizó la necesidad de escuchar a los trabajadores, líderes sindicales y autoridades del Ministerio del Trabajo para que la reforma sea inclusiva y efectiva.
El pronunciamiento de la organización llega en un momento crítico, dado que en el primer debate de la reforma en la Cámara de Representantes fueron eliminados varios artículos fundamentales que buscaban regular los derechos colectivos de los trabajadores y fomentar la creación de sindicatos. Estas disposiciones eran consideradas por el Ministerio del Trabajo como el núcleo de la reforma.
La ONU ha hecho un llamado urgente al gobierno colombiano para que entable un diálogo social amplio que incluya a todas las partes interesadas. Este diálogo es visto como un paso esencial para fortalecer el tejido social y avanzar hacia una paz duradera, que no puede alcanzarse sin abordar los problemas estructurales que perpetúan la desigualdad y los abusos de derechos humanos en el país.
Además, la ONU ha expresado su preocupación por la persistencia de la violencia contra líderes sociales y comunitarios, especialmente en regiones como La Guajira y Antioquia, donde se han documentado altos niveles de estigmatización y amenazas contra aquellos que se oponen a proyectos empresariales en sus territorios.
El informe final del Grupo de Trabajo, que será presentado al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2025, se espera que contenga recomendaciones detalladas para que Colombia avance en la implementación de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar un modelo económico más justo y respetuoso de los derechos fundamentales.
Fuente: CUARTO DE HORA
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