El presidente Gustavo Petro, durante su visita el centro de salud Once de Noviembre en Los Patios, Norte de Santander, llevada a cabo el 20 de marzo de 2025, criticó las gestiones que han hecho las entidades promotoras de salud (EPS) en materia de prestación de servicios de salud. De acuerdo con el primer mandatario, no solo ha habido malos manejos de los recursos públicos, sino que han estado incumpliendo la normativa colombiana en cuanto el acceso que deben tener los pacientes a las citas médicas, exámenes y procedimientos.
Según detalló, uno de los problemas radica en la obligación que se le está poniendo a los ciudadanos de solicitar autorizaciones para poder agendar las citas que requieren. En consecuencia, pidió al superintendente Nacional de Salud, Helver Giovanni Rubiano García, estar atento a las entidades promotoras que exijan esos documentos a los pacientes.
“Ese jueguito, que parece que hacen todas las personas, de esperar una autorización, eso no lo permite la ley. Entonces, EPS que lo haga, superintendente, está quebrando la ley”, precisó.
Pues, de conformidad con su explicación, las autorizaciones no deberían necesitarse, teniendo en cuenta que el Gobierno nacional hace un pago anticipado a las EPS para que garanticen la correcta prestación de los servicios a todos sus afiliados, incluyendo a sus beneficiarios. En ese sentido, los usuarios del sistema no deberían verse perjudicados con largas esperas y trámites engorrosos para poder agendar sus citas médicas.
Puso como ejemplo una paciente con cáncer que debe enfrentarse a demoras administrativas para continuar con sus tratamientos.
“Lo que está sucediendo ahí es una trampa, porque si nosotros ya pagamos, no hay que ir a pedir autorización, hay que irse a verse con el especialista que tradicionalmente está viendo a la señora. La cita la pondrá él, por teléfono, si es que está muy cotizado, si no, casi de inmediato”, indicó.
A juicio del presidente, la razón por la que las EPS están exigiendo a los ciudadanos que se tramite con ellas las respectivas autorizaciones es el enriquecimiento propio. Pues, entre más tarden los procesos para acceder a los servicios de salud, más dinero estarían ganando quienes dirigen las entidades. Los recursos públicos que son entregados por el Gobierno, entonces, se quedan sin ejecutar, o son utilizados para otros fines, que no están relacionados en absoluto con la salud.
“Se van y se compran una clínica, o peor aún, un jet particular para llevar a la novia a Miami (Estados Unidos), o peor aún, un campo de golf en Miami, y allá se va quedando la platica del Estado, que es la plata del pueblo, y se la roban. Y esto lo hemos detectado por billones de pesos”, aseveró Gustavo Petro.
Como ejemplo puso el caso de la EPS Coosalud, cuyo gerente habría utilizado los recursos públicos como fianza para un préstamo del Banco GNB Sudamérica S.A. En su momento, la Superintendencia Nacional de Salud reveló que en diciembre de 2022, la entidad promotora firmó un contrato de crédito con el banco en cuestión, asumiendo un rol de fiador para la empresa Coosalud Inversa S. A. S.
El dinero comprometido asciende a $221.000 millones, que se perdió casi en su totalidad porque la EPS no cumplió con la obligación de pago. Entonces, $206.000 millones fueron transferidos al banco para saldar la deuda.
“Aquí estamos hablando de recursos públicos de la salud usados para cubrir deudas de un privado”, indicó el superintendente al hacer la denuncia.
El presidente explicó que el dinero no podía ser utilizado para ese tipo de obligaciones, porque su única destinación debía ser la prestación de servicios de salud.
GOBIERNO LES PAGÓ: ¡NO SEAN MENTIROSOS Y CORRUPTOS
El Ministerio de Salud y Protección Social aclaró por medio de un comunicado que el Gobierno habría cumplido con los pagos correspondientes para garantizar el suministro de medicamentos en el país, pero señaló que “persisten fallas en la distribución debido a sobrecostos y problemas derivados de la intermediación en el sistema”.
Esta respuesta se dio frente a la fuerte crisis de medicamentos que están viviendo miles de colombianos en distintas ciudades del país, que han reportado tener que madrugar y hacer extensas y demoradas filas para que las farmacias les den sus medicamentos, y, en el peor de los casos, les den la repuesta de que no están provistos de algunos.
No obstante, según la carta de la cartera de Salud y Protección Social, en los últimos cinco meses, el Gobierno habría girado más de 1,6 billones de pesos a las principales empresas encargadas de la distribución de medicamentos, entre ellas Cruz Verde, Audifarma, Disfarma y Helpharma.
Incluso, comunicaron que en el mes marzo, estas compañías han recibido más de 238.000 millones de pesos, lo que se encuentra dentro del promedio mensual de asignaciones. “El argumento de que la falta de pago es la causa del desabastecimiento es falso”, señaló el Ministerio en la misiva.
“El Gobierno ha cumplido con los pagos para garantizar la entrega de medicamentos, pero la intermediación y los sobrecostos están afectando a los pacientes. Llamamos a los entes de control a actuar con firmeza para proteger el derecho a la salud de los colombianos”, enfatizó, a su vez, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Causas de la crisis en la salud
Según el Gobierno, los problemas que afectan el abastecimiento de medicamentos en el país responden a tres factores principales:
Concentración del mercado en pocas empresas: cinco gestores farmacéuticos controlan el 80% del abastecimiento de medicamentos en Colombia: Audifarma, Cruz Verde, Éticos Serrano, Colsubsidio y Cafam. Esta situación genera una alta dependencia del sistema con un reducido número de proveedores.
Precios inflados en la compra de medicamentos: se han detectado casos de sobrecostos alarmantes en la comercialización de fármacos. Por ejemplo, el factor de crecimiento, utilizado en pacientes con enfermedades graves, tiene un precio real de 1,5 millones de pesos, pero ha sido facturado a 4,3 millones, un incremento del 183%. “No podemos permitir que medicamentos esenciales se vendan con precios inflados y que los recursos no se usen de manera correcta”, declaró el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Deudas con los laboratorios: a pesar de recibir los pagos del Gobierno, algunos gestores farmacéuticos no han cumplido con los pagos a los laboratorios, lo que ha impactado la producción y entrega de medicamentos.
El drama abarca todo el departamento del Valle del Cauca, y en vista de la situación, pacientes de esta Super Salud realizaron una velatón en las instalaciones del dispensario.
Propuestas positivas
Ante esta problemática, el Ministerio de Salud afirmó que ha “intensificado” sus acciones para evitar que estas irregularidades perjudiquen a los pacientes. Entre las medidas adoptadas destacan:
Monitoreo permanente: gracias a un seguimiento continuo, cuatro de los nueve medicamentos en riesgo ya han sido reabastecidos.
Nueva herramienta de control: se ha ampliado el alcance de la plataforma Mipres, permitiendo capturar en tiempo real la información sobre prescripción y dispensación de medicamentos.
Regulación de gestores farmacéuticos: se trabaja en una norma para establecer requisitos financieros y operativos que garanticen mayor transparencia en la gestión de medicamentos.
Producción nacional de medicamentos: se avanza en la fabricación local de fármacos estratégicos, reduciendo la dependencia de importaciones.
El Ministerio de Salud también hizo un llamado a los entes de control, como la Contraloría General de la República y la Superintendencia Nacional de Salud, para que actúen con firmeza ante estas irregularidades.
Además, instó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de especulación, acaparamiento o incumplimiento en la entrega de medicamentos. Aunque las EPS cuestionaron al Gobierno, el Ministerio reafirmó su compromiso con la transparencia y el acceso oportuno a los medicamentos, con el fin de garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos.
Fuente: INFOBAE
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