Escribe: CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE FERRO*
El pasado lunes un terremoto de magnitud 6.4 en la escala de Ritcher volvió a afectar el sur de Turquía y el norte de Siria, al que le siguió una réplica de magnitud 5.8, apenas pasadas dos semanas del sismo que afectó la misma región que dejó ciudades enteras colapsadas y más de 45.000 muertos. En Turquía el presidente de la Unión de Cámaras de Arquitectos e Ingeniero expresó que «La razón principal de esta enorme tragedia es el permiso concedido a edificios construidos sin respetar la normativa de construcción». Se afirma que en cumplimiento de promesas en pasadas campañas políticas se legalizaron decenas de miles de edificios sin licencias.
Esta situación debe servirnos de reflexión, podemos afirmar que en Colombia y en particular en Pereira hay tolerancia y complicidad de las autoridades municipales, al permitir que más del 60% de las construcciones y remodelaciones de vivienda se ejecuten sin la licencia urbanística respectiva, y sin la presencia de un profesional responsable. Toda esta ilegalidad pasa desapercibida ante los ojos de todos, comenzando por el alcalde y la oficina de Control Físico.
Pero lo más grave de esta ilegalidad permanente es el hecho de que las autoridades locales incumplen la Ley 400 de 1997, que adoptó normas sobre Construcciones Sismo Resistentes, y en su artículo 54 dispuso que las construcciones existentes, al momento de ser expedida la ley, y cuyo uso clasifique como edificaciones indispensables y de atención a la comunidad, localizadas en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, se les debe evaluar su vulnerabilidad sísmica, de acuerdo
con los procedimientos establecidos en esta misma disposición, y dispuso que guarderías, escuelas, colegios, universidades y otros centros de enseñanza, pertenecen a este grupo. Conocemos de sobra que Pereira es zona de Amenaza Sísmica ALTA.
El Decreto 092 de 2011 dispuso que en el año 2013 estas edificaciones debieron tener efectuados hecho la evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica, y en el 2016 debieron haber quedado reforzadas las edificaciones definidas en los estudios de evaluación. Norma que se ha incumplido por parte de las autoridades que tiene a cargo estas edificaciones. En Pereira muchas edificaciones amenazan colapso, y los alcaldes han dispuesto como solución a este gravísimo hecho ordenando la evacuación o cierre parcial de estas edificaciones. Para unos pocos ejemplos están los casos de las centros educativos Carlota Sánchez, Gimnasio Risaralda, Pablo Emilio Cardona, La Victoria, Gabriel Trujillo.
A regañadientes la administración de Juan Pablo Gallo contrató con la firma TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S. en el 2018 los estudios respectivos de los centros educativos Ernesto Zuluaga, Gabriel Trujillo, Hernando Vélez Marulanda sede Mosquera, Jesús María Ormaza, Luis Carlos González, Pablo Emilio Cardona, y Rafael Uribe Uribe sede La Victoria. Pero no ha procedido a contratar la intervención estructural, pues aduce carecer de los recursos económicos para cumplir este mandato legal y garantizar la vida de niños, niñas, docentes y personal administrativo que ocupan estas vetustas edificaciones. Los ingresos del municipio no se priorizan en atender las necesidades básicas de nuestra población, se derrochan en proyectos innecesarios como el cable aéreo y en obras que debería ser financiadas por plusvalía, como la famosa vía Los Colibríes.
Ninguna autoridad de control toma la iniciativa de velar por el estricto cumplimiento de la ley, y más cuando se violentan de manera tan descarada el derecho a la vida de niños y niñas que asisten a instituciones de educación pública. Estamos notificados, la mediocridad de quienes nos gobiernan afirma carecer de posibilidades técnicas, administrativas, de personal y financieras. Están en la inmunda, solo sirven para hacer politiquería.
*Ingeniero. Dirigente político y cívico. Ex concejal de Pereira por el Polo Democrático Alternativo.
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