Escribe: CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE FERRO
En conversación sostenida con un empleado de una empresa de servicios públicos de la ciudad, me relató la difícil situación interna que se vive en esta desde hace algunos años, exteriorizada en los graves problemas administrativos, operativos y corrupción. Platicamos sobre las denuncias expuestas en pasados días por miembros del sindicato, señalando con documentos a funcionarios que ejercen labores de responsabilidad y manejo, que aparecen, uno contratando con la alcaldía mediante una empresa en la cual funge como representante legal, y el segundo ordenando el arrendamiento de equipos en una sociedad de la cual al menos fue representante legal hace poco tiempo, sin que el gerente exprese opinión alguna, la misma condición de los anteriores.
La corrupción en la contratación, multas millonarias a cargo de la empresa por errores en presentación de declaraciones de renta, cartel de demandas por contratos realidad, nombramiento de personas sin experiencia e idoneidad en cargos de alta y mediana importancia, son algunos de los males que carga a cuestas esta importante empresa, desde años atrás, sin que autoridad alguna tome medidas oportunas para castigar y desterrar estas prácticas dolosas y evitar su insolvencia. Personalmente creo que se procede de esta manera para inducir su privatización. Ya en el pasado empresas similares fueron operadas de esta forma y hoy están en manos de agentes privados.
Las personas en Colombia que hoy ejercen funciones públicas actúan en desafío permanente de la legalidad. Hay apropiación de rentas públicas mediante la manipulación de la contratación mediante procesos con pliegos sastre, firmando convenios interadministrativos para ejecutar inversión pública con entidades que contratan con regímenes especiales, los denominados contrataderos, o utilizando la figura de urgencia manifiesta previa la declaratoria de calamidad pública, mecanismos estos que le permiten contratar a dedo con contratistas corruptos escogidos y negociados previamente.
Para lograr los fines perseguidos con estas actuaciones corruptas se constituyen carteles de la contratación. Para el caso de esta entidad se asegura que no son más de cuatro o cinco profesionales y un maestro de obra los que operan mediante trampas la contratación de la empresa. Aparecen muchos contratistas ejecutando las obras, pero ellos no pasan de ser testaferros de esta estructura criminal. Estas actuaciones conllevan a la destrucción de modos y comportamientos colectivos respetuosos de la ley y la ética profesional. Se ha creado una cultura de enriquecimiento rápido. Para logar este cometido a nuestros profesionales se les excluye de cualquier oportunidad laboral o profesional obligándolos a someterse a procedimientos criminales. Esta práctica se repite en la casi totalidad de instituciones públicas.
No existe por parte de nuestros gobernantes reconocimiento a los méritos, responsabilidad, y cumplimiento de personas y firmas que en pasado reciente lo demostraron cuando se les asignó importantes ejecutorias, de estudios, obras e interventorías. Mucho menos el más mínimo apoyo y defensa del trabajo honrado. Se vive y exige el encubrimiento y tolerancia con los que actúan en la criminalidad. Se requiere una justicia que actúe en defensa nuestra institucionalidad, las actuales instituciones de control e investigación se han dedicado a encubrir la corrupción y la politiquería, todos la vemos, pero ellos no funcionan.
*Ingeniero. Dirigente político y cívico. Ex concejal de Pereira por el Polo Democrático Alternativo.
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