Escribe: CARLOS MARIO MARÍN OSSA*
Colombia, desde su perspectiva socio económica y socio política, entró en un nuevo momento a partir del 19 de junio de 2022 con la elección en la Presidencia de la República, de Gustavo Petro y en la Vicepresidencia, de Francia Márquez.
El hoy presidente Petro, ha planteado desde hace varios años atrás, la necesidad de fortalecer e impulsar la capacidad económica cooperativa de la población colombiana, para favorecer la inclusión y el desarrollo de la misma, soportado el mismo en la capacidad de acceder a fuentes de trabajo digno y de generar riqueza que pueda ser mejor distribuida.
Con la adopción y puesta en marcha de la Ley 2294, del 19 de mayo de 2023, o PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”, se le da curso legal tanto a las bases, el articulado, como a la financiación de esas ideas, propuestas y promesas de campaña, que recogen el devenir y los anhelos de los sectores medios y populares del pueblo colombiano; utopía harto trasegada por el movimiento social a través de varias décadas. Uno de los pilares transversales de esas posibilidades contenidas en el PND, es el económico, soportado en la capacidad cooperativa de la Nación.
En los albores del movimiento cooperativo, por allá en Inglaterra, con los pioneros de Rochdale, o basado en la cultura comunitaria de los pueblos precolombinos en América, fueron principios como los de igualdad, equidad y solidaridad, las guías del proceso unitario de fuerza y trabajo popular, para crear riqueza y posibilidades dignas para la clase obrera y la población por fuera de las élites financieras, mercantiles e industriales.
La capacidad creadora de riqueza de los sectores “subordinados”, puesta a su propio servicio, logró entonces, y posteriormente en diversas experiencias de países casi feudales a mediados del siglo XX, el alcanzar niveles de bienestar comunitario y personal que de otra forma no se hubieran podido lograr. Incluso, en experiencias como las de países del sudeste asiático, se logró el desarrollo de las fuerzas productivas en conjunto, y la industrialización de varios de ellos. Ello ha requerido por supuesto de organización, formación, disciplina, planeación y visión.
Colombia cuenta con cerca de 3104 cooperativas a nivel nacional, según datos de la Confederación de Cooperativas de Colombia – CONFECOOP, que entre el 24 y el 25 de agosto de este año realizó el 22 Congreso Nacional Cooperativo, con la presencia del Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, así como de otras figuras del gobierno nacional y de la bancada del PACTO HISTÓRICO en Congreso de la República.
De acuerdo a la información que recogí de fuentes del sector cooperativo en Risaralda, y según palabras de las mismas, “el ministro de hacienda a través de su presentación en el Congreso Cooperativo, le entregó el futuro y desarrollo económico del país al sector solidario, en términos de la propuesta social y popular en todos los frentes sociales”, en congruencia con lo planteado en el PND.
Surgen entonces preguntas obligadas respecto a este panorama:
¿Tiene el sector cooperativo colombiano la preparación para el momento actual y sus retos, en lo referente a enfocarse en la mirada comunitaria y popular para el impulso y crecimiento de una economía asociativa que cree riqueza, sin quedarse en esfuerzos populares individuales que no generan desarrollo y bienestar real?
¿Los gobiernos cooperativos y sus directivas siguen creyendo y trabajando en términos de sus principios fundantes, o como se conoce en muchos casos, han sucumbido a la lógica del mercado capitalista, al ánimo de lucro per se y a la constitución de élites dentro del sector solidario, apartadas de las bases asociadas que con sus aportes crecen y sostienen al sector?
¿Las directivas del sector solidario colombiano están en poder de los trabajadores y las trabajadoras, conservan la visión y el ánimo popular, o ahora trabajan económica y políticamente con las élites económicas y políticas del establecimiento nacional?
¿El sector cooperativo colombiano, comulga y apoya con decisión al gobierno de Petro y Francia, como exponentes políticos y administrativos de las luchas populares de todos los tiempos; y se comprometen con decisión en impulsar, desarrollar y ejecutar los componentes comunitarios, cooperativos, plasmados en el PND?
Tanto el sector campesino, como los sectores de economía informal y popular, tienen en las ALIANZAS PÚBLICO POPULARES de este Plan de Desarrollo, así como en la mayoría del contenido del mismo, la ruta para fortalecer la capacidad productiva popular, pero ello debe hacerse en términos de lo asociativo, que genera además de la fuerza económica y la redistribución equitativa de la riqueza, el tejido social y la formación política de las comunidades, para construir sus propios caminos de bienestar con el concurso del gobierno y del Estado, como debe ser.
Papel fundamental deben jugar las cooperativas de todas las formas de gestión, así como CONFECOOP, FENSECOOP Y ASCOOP; como también los gremios del campo popular como FECODE y la CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES – CUT, como otras agremiaciones sindicales clasistas. Ese papel tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia real, efectiva; con la pluralidad de sus gobiernos, con el desarrollo ideológico de clase, con la creación de capacidad económica social en su interior y con el trabajo mancomunado de todo el Bloque Popular y Alternativo (el verdadero Bloque, sin la participación de infiltrados ni esquiroles del establecimiento). Esto también reclama el retomar la senda de lo ético y lo moral en el movimiento popular, para construir un camino propio sin entregarse de forma coyuntural o permanente al establecimiento.
Finalmente, este 29 de octubre, se elegirán en el país (bajo la figura de la democracia liberal, que no es más que un placebo, pero que es una posibilidad tangencial) las autoridades locales, que terminan siendo la fuerza que elige el Congreso de la República (más que la Presidencia), quienes a su vez eligen a los representantes de las Cortes y de los Entes de Control. Estos funcionarios (ellos y ellas) representan los intereses del Establecimiento mientras las mayorías en el Parlamento sigan siendo de esas élites. Ya vemos lo recién ocurrido con la declaratoria de inexequibilidad sobre el decreto presidencial para atender las necesidades de la Guajira. Tenemos gobierno, pero no la mayoría de los Factores Reales de Poder.
De quienes se elija en estas elecciones regionales y locales, depende el futuro del proyecto por el que votamos la mayoría de los colombianos en 2022. Estamos plagados de infiltrados y traidores de la causa popular, y compramos la imagen que en redes sociales nos venden estos personajes; pero si se hace bien el ejercicio para tamizar la semilla transgénica de la semilla ancestral de nuestro proyecto popular y medio, tal vez se logre avanzar un poco en la defensa de esa promesa Colombia Potencia de la Vida.
Nuestros hijos e hijas estudiarán la historia que les construimos hoy. Ustedes verán que historia conocerán ellos y ellas.
*Periodista. Dirigente cívico, político y activista del departamento de Risaralda.
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