El presidente de la República mediante decreto 227 de 2023 había decidido asumir las funciones de las comisiones de regulación de agua, de energía y gas con el fin de controlar los precios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, energía y gas.
Esas comisiones se hallaban acéfalas por lo que el ejecutivo decidió reasumir las funciones que de acuerdo al decreto 1524 de 1994 en su artículo 3 le corresponde al primer mandatario de los colombianos.
El propósito como se dijo, era, es, el de mantener unas tarifas asequibles a la mayoría de los colombianos y reducir las ganancias de importantes pulpos económicos que hacen sus riquezas expoliando a los colombianos.
El consejo de estado, atendiendo los intereses de esos gremios poderosos, decidió mediante auto AUTO 0045 DE 2023 (Marzo 02) suspender la vigencia de tal norma, que a todas luces beneficiaba a los más desfavorecidos.
Hoy, en Armenia y el departamento del Quindío, estamos viviendo las consecuencias de la decisión judicial mencionada. Las elevadas tarifas de los servicios públicos, en especial las de energía y acueducto se están volviendo insostenibles para los habitantes pobres de la región. Entidades corrompidas, que no cumplen lealmente con sus funciones y se hallan al servicio del mandamás del Quindío saquean los bolsillos populares y llenan sus arcas de forma inescrupulosa.
Es tarea de todos los afectados asumir una postura digna y rechazar con todas nuestras fuerzas los desafueros del Consejo de Estado y de los empresarios que se lucran de manera inmisericorde con las necesidades populares.
Fuente: REDEPAZ (RED DE INICIATIVAS CIUDADANAS POR LA PAZ Y CONTRA LA GUERRA, REDEPAZ, EJE CAFETERO)
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