Frente al escándalo de la vicepresidenta; ¿tampoco la justicia hará nada?

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Frente al escándalo de la vicepresidenta; ¿tampoco la justicia hará nada?

En los últimos días trascendió una versión periodística que indicaba que la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez Blanco renunciaría a su cargo, en virtud de los hechos ético-políticos en los que está involucrada, que tienen que ver con un hermano suyo condenado en EE.UU. por robo y narcotráfico, y por sus relaciones con el Memo Fantasma. Todo lo anterior resultado de investigaciones de periodistas independientes y no incorporados. Al no producirse su esperada dimisión, es pertinente mirar los efectos que deja lo acontecido.

Del escándalo político-mediático en el que estuvo envuelta por varios días, quedan dos conclusiones. La primera, quizás la más dolorosa desde la perspectiva ético-política, es lo irrelevante e insulso que resulta para la involucrada lo que se conoce como la institucionalidad.

Es tal el desprecio hacia este conjunto de valores y prácticas que caracterizan a varias instituciones estatales, que Ramírez Blanco prefirió atornillarse a su cargo antes que preocuparse por los daños que ella misma le produjo a la imagen del Estado, de la Vicepresidencia, a la Política y a ella misma como funcionaria y como Mujer. Así, la decisión de la vicepresidenta está anclada a la lealtad que ella le debe al Régimen de poder y a sus máximos líderes, que para el caso específico son Álvaro Uribe Vélez y todos los que respaldan a este último: militares, empresarios, banqueros e industriales que de tiempo atrás usan a este tóxico líder como su “avanzada ético-política” para consolidar una democracia, un Estado y un mercado ajustado a sus intereses corporativos y al carácter feudal con el que asumen las relaciones patronos-trabajadores.

Traspasados los límites éticos y morales, los miembros del Establecimiento están obligados a respaldarse. En la foto, Marta Lucía Ramírez y Memo Fantasma.

El respeto por las instituciones y por la institucionalidad derivada de la operación de aquellas, es la semilla de donde brota la legitimidad de un Estado e incluso, del propio Régimen que está detrás de aquel. Y es claro que el Régimen colombiano deviene asociado a un ethos mafioso y criminal, resultado del maridaje entre política y crimen, entre operadores políticos y narcotraficantes, sicarios y toda suerte de malandrines que sirven a los propósitos de la élite económica y política.

La segunda conclusión, con estrecha relación con la primera, señala que el apoyo dado a la vice, tanto por Uribe como por otros miembros del Establecimiento, está fundado en lealtades parecidas a las que solían guardarse entre los capos de los carteles de la droga de Cali y Medellín, para nombrar a los más populares.  El respaldo político que recibió Ramírez del expresidente antioqueño expone la perniciosa lealtad que los une como operadores políticos, derivada de una vieja relación política.

Traspasados los límites éticos y morales, los miembros del Establecimiento están obligados a respaldarse porque de por medio hay un compromiso mayúsculo: mantener el control sobre el Estado. Pero, sobre todo, hacer que la escala de valores impuesta de tiempo atrás y en particular desde el 2002 se consolide, se entronice y logre el cometido de guiar la vida privada y pública de todos aquellos que simpatizan con las maneras de operar del Régimen, así este, para la Oposición y para millones de colombianos, devenga oprobioso, sucio y criminal.

Así las cosas, lo acaecido con Ramírez Blanco deja nocivas sensaciones alrededor de la responsabilidad ética de los funcionarios del Estado frente al actuar de sus familiares y de sus conductas individuales. El argumento, pueril por demás, de que “no hay delitos de sangre” en Colombia, solo sirve para fortalecer la imagen de país corrupto que tiene Colombia en varios países del mundo. Ser reconocidos como mafiosos y corruptos ante la llamada “comunidad internacional” coadyuva a que muchas de las relaciones políticas y comerciales establecidas a través de la cooperación internacional, funcionen, giren y operen sobre el débil valor que en Colombia le damos a la transparencia, al actuar ético y a la responsabilidad social y política que se asume cuando se llega al Estado.

Gracias a que Ramírez Blanco no vio en su silencio un conflicto ético-político, la Colombia mafiosa, corrupta y complaciente con todo tipo de prácticas dolosas salió airosa. Esto de inmediato nos confirma como una sociedad propicia para la trampa y la consolidación de mafias, estatales y privadas.

Al final, la vice ni se cayó, pero tampoco se calló ante los medios. En las últimas horas dejó aflorar su desfachatez, no solo al validar la desastrosa-exitosa jornada sin IVA, sino su lejanía de la causa feminista.

Escribe: GERMÁN AYALA OSORIO

 

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