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“Todavía No Es tiempo de Clases Presenciales”: Maestros

El día 29 de mayo de 2020, Ministerio de Educación Nacional expide la directiva ministerial 011i y anuncia “la ampliación del tiempo de la prestación del servicio educativo en casa hasta el 31 de julio de 2020” (Directiva 11, MEN 29 de mayo de 2020) proyectando el posible retorno a las clases presenciales en la modalidad de “Alternancia” para agosto de este año. Es justo en este mes en el que, según las proyecciones del mismo gobierno, se prevé el pico más alto de contagio en el país.

Con el objetivo de presuntamente “garantizar el derecho a la educación de los estudiantes” lo que se está generando es la vulneración del derecho a la vida y la salud de los niños, niñas y adolescentes y su núcleo familiar. El 1ro de junio el MEN expidió el documento LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE

BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA donde en sus doce anexos, establece los protocolos para el retorno progresivo a las aulas y en el que, descarga toda responsabilidad sobre las entidades territoriales y las Instituciones Educativas, aduciendo que se mantiene la disposición del Ministerio para responder las dudas y preguntas que puedan surgir.

Ante este anuncio, inmediatamente, en muchos medios de comunicación, redes sociales, portales de internet y, en el voz a voz, se puso de manifiesto la preocupación de los padres y madres de familia ante esta medida expresando, en nombre propio o a través de sus representantes, que no enviarían a sus hijos a clases presenciales en medio de la emergencia  causada por la pandemia de COVID-19, al menos en lo que queda de este año.

Tanto docentes como estudiantes, tenemos el deseo de retornar a nuestro lugar natural de ejercicio educativo que es la escuela, pero no en las condiciones actuales ni como lo quieren Duque y la ministra de educación, pues, además de no ofrecer las garantías para proteger la vida de la comunidad educativa, descargan toda la responsabilidad en los gobiernos locales y estos a su vez en los rectores y el gobierno escolar.

Por lo anterior, el Movimiento Nuevos Maestros por la Educación, Los Profes y el Colectivo Sindical Maestros, decidimos adelantar un estudio más profundo de las motivaciones y opiniones que tienen las y los acudientes frente a la medida de alternancia educativa propuesta por el MEN, a través de un instrumento tipo encuesta, dirigida a las familias que integran la comunidad educativa del sector público, en los niveles de preescolar, básica y media.

Después de recolectar más de 15.000 respuestas de madres, padres de familia y acudientes en diferentes departamentos del país, y tras analizar los resultados se pudieron establecer las siguientes conclusiones.

Posible deserción escolar ante un retorno a clases presenciales

Regresar a las clases presenciales, podría generar deserción escolar en las instituciones educativas, puesto que, el 82 % de los padres y madres de familia que respondieron el instrumento, no están dispuestos a enviar a sus hijos e hijas a la institución educativa. Además, expresan en el campo de observaciones de la encuesta que, prefieren que sus hijos pierdan el año escolar a arriesgar a sus familias al contagio. El gobierno ha anunciado que la decisión de enviar a los y las estudiantes a las I.E. es de sus respectivos acudientes y que, de ninguna manera se verá perjudicado su año escolar, pues las

I.E. deberán garantizar las actividades académicas tanto a los que asistan como a los que no lo hagan. Sin embargo, esta situación generará una sobrecarga mayor a la que ya tienen los docentes y directivos, puesto que tendrán que programar clases virtuales y presenciales, con todo lo que ello implica y, además, controlar la bioseguridad de los estudiantes que asistan a la institución.

Apreciaciones sobre la disponibilidad de medidas y elementos de bioseguridad

El instrumento muestra que un 80% de los padres y madres de familia consideran, que las I.E. no cuentan con los recursos para garantizar la bioseguridad de sus hijos e hijas, de acuerdo a las exigencias de la OMS, e informan no tener los medios para garantizarlos por su propia cuenta. También manifiestan en las observaciones de la encuesta que “si el gobierno no ha garantizado los elementos de bioseguridad al personal de salud que se encuentra atendiendo la emergencia, mucho menos va a poder hacerlo con los estudiantes, docentes y trabajadores de las I.E” Se evidencia entonces, la desconfianza e inseguridad manifiestas de las y los encuestados.

Situaciones asociadas a un retorno a clases presenciales: se presentan aquí dos situaciones neurálgicas evidenciadas en los resultados de la encuesta.

Temor de incrementar el riesgo de adquirir el COVID-19 a los miembros del hogar que ya poseen alguno de los factores enmarcados por la OMS como de alto riesgo, como ser mayor de 65, sufrir enfermedades respiratorias, hipertensión, diabetes, obesidad, entre otras. En más del 50% de los hogares encuestados, hay familiares con estas condiciones y en algunos casos son los mismos estudiantes los que tienen el factor de riesgo. También es importante manifestar, que un gran número de docentes cuenta con estos factores de riesgo, y, por tanto, no podrían asistir a las I.E. a realizar su trabajo de manera presencial, lo que implicaría una disminución en la planta docente que generaría sobrecarga laboral a los que sí pudiesen asistir.

Algunos de las y los docentes, que laboran en los municipios y zonas rurales tienen su lugar de residencia en las ciudades principales y cabeceras municipales, lo que significa el desplazamiento diario desde su hogar al lugar de trabajo, entonces, retornar a la presencialidad implicaría, el desplazamiento de muchas personas que se encuentran en municipios con tasa de infección alta a municipios donde aún no se registran casos. También se debe tener en cuenta que, según los resultados de la encuesta, en el 76% de los casos, los y las estudiantes y sus acompañantes también deben desplazarse en diferentes medios de transporte de la casa a las I.E. Aquí no se tiene en cuenta a las y los acudientes que tienen hijos en diferentes jornadas o instituciones educativas y que deben realizar más desplazamientos en el día.

En vista de lo anterior, el retorno a las clases presenciales ya sea de manera alternada como lo propone el MEN, además de poner en riesgo a las y los estudiantes y su núcleo familiar, implicaría convertir a las comunidades educativas en posibles focos de infección, incrementando el riesgo del número de contagios y muertes por COVID-19. En otros países como Francia y Corea del Sur debieron retroceder la medida de retorno a la escuela, para salvaguardar la vida, ante la aparición de nuevos brotes de la COVID 19. Este es un riesgo que ninguna comunidad educativa está dispuesta a correr, muy a pesar de las dificultades que implica la educación desde casa.

Presentamos los datos de este trabajo de indagación, en primera medida, como una herramienta que oriente a la comunidad educativa, a sus órganos del gobierno escolar como son los consejos académicos y directivos, consejos de estudiantes y de padres de familia, en la exigencia de todas las condiciones necesarias en la escuela para garantizar un retorno a clases en condiciones dignas. En segundo lugar, para instar a los Consejos Directivos de cada I.E del país, máximos órganos del gobierno escolar, a ponerse al servicio de la vida y no de las políticas gubernamentales que en estos cuatro meses han demostrado a quién le interesa salvar y proteger en esta pandemia. La defensa de la vida de las comunidades toca puntos centrales en el debate económico, pedagógico y en el campo de lo laboral por ello queremos dejar puestas las siguientes invitaciones y reflexiones.

No debe permitirse de manera alguna la sobrecarga laboral hoy causante de situaciones bastante graves como la ansiedad y el estrés laboral en docentes y directivos docentes. Deben ser las I.E, desde sus gobiernos escolares quienes definan sus ritmos, de acuerdo a sus necesidades, posibilidades y priorizaciones. No permitamos la presión indebida de las secretarías de educación u otros entes que nos llenen más de trabajo. Debemos privilegiar el debate y la acción pedagógica, más allá de seguimientos administrativos y diligenciamiento de formularios.

Asignación de menos actividades, garantizando la conexión interdisciplinar y trabajando temas que involucren a las familias y su cotidianidad. Se debe buscar que la presión sobre los hogares no se nos vuelva en contra de nosotras y nosotros y que las familias sean aliadas en este difícil periodo.

Planeación y adecuada distribución de los recursos que lleguen a la institución y exigencia formal a las administraciones municipal, departamental y nacional, de todos los apoyos materiales y humanos que se requiera.

A continuación, presentamos los resultados obtenidos en la encuesta realizad:

 

Fecha  de realización: 04 de junio de 2020
Medio digital Formulario de Google docs
Población

alcanzada:

15000 personas
Regiones: Eje Cafetero (Pereira, Armenia, Manizales), Antioquia, Costa Atlántica, Tolima, Huila, Nariño, Santanderes, Chocó, Cundinamarca, Valle, Meta.

 

 

ÍTEM RESPUESTA % ANÁLISIS
¿Usted enviaría a sus hijos, hijas o acudidos a la Institución educativa, si así lo decide la

Secretaría de Educación?

NO 82% Regresar a las clases presenciales, generaría deserción escolar en las instituciones educativas, puesto que la mayoría de padres y madres de familia no están dispuestas a enviar a sus hijos e hijas al

colegio.

 

SI

 

18%

¿Cuenta con los recursos para adquirir los elementos de bioseguridad necesarios para proteger a sus hijos e hijas del COVID-19?  

SI

 

 

43,3%

Padres y madres de familia no cuentan con los recursos para garantizar la bioseguridad de sus hijos e hijas, según las exigencias de la OMS, ante la emergencia muchos trabajadores y trabajadoras perdieron sus empleos, además muchas familias dependen del día a día.
 

NO

 

56,7%

¿Confía en que la IE tiene los medios para garantizar la seguridad ante el  COVID-19 ce sus hijos, hijas dentro de la IE?  

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

20%

“Si el gobierno no ha garantizado los elementos de bioseguridad al personal médico que se encuentra atendiendo la emergencia, mucho menos va a poder hacerlo con los estudiantes, docentes y trabajadores de las I.E.” Para retornar a las clases presenciales se debe garantizar en cada institución educativa elementos para toma de temperatura, desinfección de zapatos, lavado de manos, limpieza de superficies y pisos mínimo cada 3 horas, pruebas COVID- 19 al personal docente, administrativo y de servicios generales, así como a estudiantes que no cuenten con servicio de salud. De igual manera, proporcionar a los miembros de la comunidad que se encuentren dentro de las instalaciones,

elementos como tapabocas, guantes, gafas, etc.

 

 

 

NO

 

 

 

80%

¿Sus hijos e hijas o acudidos requieren acompañamiento para desplazarse hacia la IE?  

SI

 

76%

Retornar a clases presenciales implica la circulación de docentes, estudiantes y acompañantes. El riesgo no solo se corre dentro del plantel educativo, también durante el en el desplazamiento de la comunidad.
NO 24%
¿En su núcleo familiar hay presencia de personas en riesgo? (Mayores de 65 años, enfermedad pulmonar crónica, con asma moderada       a

crónica,

enfermedades            cardiacas,

diabetes, obesidad, enfermedad real o hepática)

 

SI

 

52.4%

Quizá el mayor temor de las familias es incrementar el riesgo de adquirir el COVID-19 a los miembros del hogar que ya poseen factores enmarcados por la OMS como de alto riesgo.
 

 

 

NO

 

 

47.6%

 

(Tabla 1. Presentación de resultados instrumento dirigido a madres, padres y acudientes. Elaboración propia)

En medio de este panorama, no todo es negativo y por ello saludamos que diferentes Entidades territoriales certificadas, a lo largo del país, entre las que se encuentran Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Bolívar, Atlántico, Pasto, Bogotá, Medellín, Quindío, Guajira y Huila, entre otras, hayan expresado de manera clara su decisión de aplazar un retorno a las aulas sin garantías. Esto sin duda marca una tendencia por la defensa de la vida que no puede ser ignorada por el gobierno nacional.

Diferentes estudios y documentos de recomendaciones, como los que la propia OMS ha publicado, sustentan la inviabilidad.

De abrir los centros educativos sin garantizar las condiciones para ello. Un reciente estudio un grupo de investigadores de la Universidad de Granada en España, liderado por el profesor Alberto Aragóniii, presenta una alerta del riesgo ante un retorno a clases en el mes de septiembre. Los investigadores muestran que, en un día de clases, en un aula de 10 estudiantes, se podría exponencialmente propagar el virus y que, en tan solo dos días, un solo grupo de niñas y niños, compuesto por familias de 3 o 4 personas, habría interactuado con más de 800 personas. Teniendo en cuenta que en los colegios públicos colombianos, la presencialidad se daría con grupos de entre 15 y 20 estudiantes en promedio, en aulas que no cumplen el requerimiento para garantizar el distanciamiento social durante las clases, sin contar con los espacios comunes y áreas deportivas que en muchas instituciones son bastante reducidas o no existen, y que además, casi 4 millones de hogares no cuentan con los recursos básicos para la subsistencia, el riesgo sobre de contagio de las niñas, niños y jóvenes de nuestros colegios sería aún mayor.

Por lo anterior como maestras y maestros, agrupados en FECODE, exigimos al gobierno nacional que garantice la vida, la salud, el trabajo, la renta básica, las condiciones de bioseguridad para toda la población y que, de ninguna manera se exponga a la comunidad educativa en general, a un riesgo innecesario frente a la decisión de volver o no a clases presenciales, porque como ya se mencionó, no solo son los estudiantes los que corren riesgo. Si se pretende que haya un retorno a clases, el gobierno nacional debe garantizar primero que todas las I.E del país tengan infraestructuras adecuadas, materiales de desinfección y personal de aseo, entre otras muchas condiciones. La exigencia ante este panorama es clara, requerimos de una Reforma Constitucional del Sistema General de Participaciones para garantizar mayores recursos para la salud y la educación pública. Además, es vital aprobar la Renta Básica que le permita a las familias colombianas garantizar su derecho a la vida.

Fuente: FECODE / SER

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