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Procurador Carrillo, con el “ojo puesto” en el medio ambiente

En el documento se solicita la declaratoria del estado de alerta ambiental y la designación de una comisión investigadora, para el caso particular de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Cárder.

Aseguran los firmantes de la carta que los otorgamientos de permisos, así como la interinidad en la dirección de la Cárder, han causado daños considerables a los derechos colectivos a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras.

En la denuncia se habla de casos puntuales en los que supuestamente la corporación expidió diferentes resoluciones administrativas que han impactado negativamente amplios sectores del departamento.

Entre los casos concretos están los permisos de vertimientos en el corregimiento La Florida de Pereira y zonas aledañas, igualmente el otorgamiento de permisos y licencias para construcciones en la vereda Canceles de la capital risaraldense, permiso para la construcción de un edificio sobre la canalización de la quebrada La Dulcera, monocultivos en Santa Rosa de Cabal y otros municipios del departamento, entre otros.

Omar Buitrago, veedor de la Cárder y uno de los firmantes de la carta abierta le manifestó a este medio de comunicación que recurrieron directamente al Procurador General de la Nación ante la falta de resultados por parte de las autoridades en el departamento.

Además recalcó que las situaciones denunciadas no benefician al grueso de la ciudadanía en Risaralda, sino a unas cuantas personas, empresas o líderes políticos.

Detalles

En lo que respecta a los daños ambientales en el corregimiento La Florida, el documento menciona que “se han autorizado permisos de vertimiento que incumplen el acuerdo 036 de 1987, el compilado normativo 1076 de 2015 y la Ley 999 de 1993. Además está la problemática del establecimiento de plantas de tratamiento sin permisos de tratamiento de aguas, en la zona de La Bananera. Igualmente  el incumplimiento en planes de manejo en avícolas, porcícolas, piscícolas y agropecuarias al depositar desechos a las cauces del río Otún”.

Para el caso de la vereda Canceles donde en los últimos días se ha generado una polémica por la tala de guadua, la carta señala “violación al régimen de suelos de protección, otorgando permisos y licencias a megaproyectos de construcción de viviendas, hoteles, edificios, sin respetar los parámetros legales. Así mismo la autorización de tala de especies nativas, bosques naturales, en el que habitan 43 especies arbóreas, fauna y flora silvestre, guadua, caña brava y bambú en área decretada y reconocida como reserva ambiental, según el acuerdo Cárder 031 del 17 de junio de 2011”.

Otro de los sectores de los que habla la denuncia es el de la microcuenca hidrográfica La Dulcera donde, según los firmantes, se registró una problemática por la expedición del acuerdo 020 de 2013 sobre rondas hídricas, incumpliendo las normas nacionales que establecen 30 metros de distancia a cada lado de los cauces de aguas, al permitir construcciones incluso sobre las áreas de protección como el caso del edificio Élite sobre la quebrada La Dulcera.

También se habla de los monocultivos en Santa Rosa de Cabal los cuales corresponden a especies foráneas como pinos y eucaliptos.

Fuera de esto denuncian que en distintos municipios se establecieron grandes monocultivos de aguacate hass, sin control de los tóxicos usados para su producción y sin respeto al uso del suelo y a la afectación directa al recurso hídrico.

Los firmantes afirman sobre el caso de la Cárder que “vemos con preocupación la interinidad en la dirección de la corporación, dadas las irregularidades del Consejo Directivo en el lleno de los requisitos para la ocupación del cargo, lo que ha ocasionado traumatismos en el desarrollo de su plan de acción, inseguridad técnica y jurídica en los otorgamientos ambientales, dada lo acéfalo de la institución”.

Fuente: EL DIARIO

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