Proceso de Paz entre Gobierno y ELN, podría “ir a parar al traste”

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Proceso de Paz entre Gobierno y ELN, podría “ir a parar al traste”

Los avances alcanzados en Quito están a punto de ser tirados por la borda.

Todo aquello que el gobierno y el ELN habían alcanzado -la definición de la agenda, el cese al fuego, las audiencias realizadas con diversos sectores sociales y lo acordado en materia humanitaria- está a punto de quedar en el olvido.

Ya no son suficientes las declaraciones de buena voluntad. Se necesitan acciones que permitan restablecer el proceso de paz, pero las partes ya no cuentan con la legitimidad ni con la capacidad para lograrlo.

La posibilidad de avanzar en lo que algunos han llamado la “Paz Completa”, que debe integrar al ELN – y algunos opinan que también a los reductos del EPL –, depende en gran medida de cómo se vayan cumpliendo los acuerdos de paz firmados con las FARC.

Pese a los amplios poderes del Ejecutivo en nuestro régimen político, y aunque en los  procesos de paz el Gobierno actúa en representación del Estado, el presidente Santos ha tenido grandes dificultades para comprometer al conjunto de las instituciones estatales en el cabal cumplimiento de los acuerdos con las FARC. Parecería que el Acuerdo de La Habana solo fuera vinculante para el Ejecutivo.

Tras la declaración parcial de inconstitucionalidad del Acto Legislativo sobre el llamado “fast track”, que le impedía al Congreso hacer cambios a los proyectos de ley propuestos por el Gobierno, se demostró que el presidente no contaba con el respaldo en el Legislativo para cumplir lo pactado con las FARC.

Lo anterior sin mencionar que muchos de los proyectos aprobados por el Congreso aún no han sido declarados exequibles por la Corte y que el trámite legislativo avanza con bastantes traumatismos.

Pero con eso y todo, la mayor preocupación sobre la capacidad y el compromiso del Gobierno con el proceso de paz del ELN resulta de su pasividad frente al asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las FARC, aun cuando había advertencias en la mayoría de estos casos. Más todavía cuando hay denuncias de alianzas entre sectores de la Fuerza pública, políticos y paramilitares para llevar a cabo estos asesinatos.

Lo más grave del asunto es no haber puesto en marcha el Sistema Integral de Garantías de Seguridad. Tampoco han empezado a trabajar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, ni el cuerpo élite contra el paramilitarismo. Solo contamos con los “esquemas”  de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que son insuficientes y no logran responder a la emergencia que plantea la presencia de grupos armados en los territorios antes controlados por las FARC.

Al gobierno de Santos le quedan solo seis meses para sacar adelante el proceso de Quito. A a estas alturas le queda muy poca gasolina y, como es natural en el ocaso de un gobierno, ha perdido casi por completo los respaldos económicos, políticos e institucionales para llevar a buenos términos la negociación con el ELN.

La esquizofrenia del ELN

Y por su parte, a diferencia de las FARC, que en su momento decidieron dejar las armas y transitar hacia la lucha política legal, el ELN en su quinto congreso en 2015 afirmó que asistiría al diálogo para “examinar la voluntad real del Gobierno y el Estado colombiano para poner fin al conflicto armado” y no para buscar un acuerdo de paz definitivo.

La ambigüedad del ELN se debe a su dificultad para mantener la unidad interna. Por esta razón, en 2015 resultaba conveniente una decisión que tranquilizara tanto a quienes venían insistiendo en una salida política negociada, como a quienes consideran que la lucha armada mantiene su vigencia y garantiza el éxito en su proyecto político.

Dado el avance que para entonces registraba el proceso con las FARC, habría sido de esperar una decisión mucho más asertiva por parte del ELN. Y en todo caso el método político-militar de esta guerrilla se ha vuelto más y más contradictorio y despierta cada vez mayores dudas sobre su compromiso con la paz.

Para ilustrar lo anterior vale mencionar el anuncio del retiro del ELN del mecanismo de veeduría y verificación, justificándose en los bombardeos y otras violaciones del cese por parte del Gobierno, aun cuando la guerrilla reconoció que por lo menos en dos ocasiones también habían incumplido.

La dificultad del Comando Central (COCE), la Dirección Nacional y los órganos de dirección para tomar decisiones definitivas y a tono con el momento político, deriva en una incapacidad general del ELN para firmar un acuerdo de paz a través de sus representantes.  Además el mandato de cualquier delegación de paz está condicionado por las decisiones de su quinto congreso.

Aun si la mayoría de los órganos de decisión estuvieran de acuerdo con la salida política, algunos comandantes guerrilleros que cuentan con capacidad de veto debido a su poder militar y económico, impedirían que el ELN haga -por fin- el tránsito a la legalidad.

¿Para dónde vamos?

Se suponía que el cese bilateral al fuego conduciría a des-escalar el conflicto y permitiría buenas condiciones para que la sociedad civil participara en el proceso. Así constaba en el primer punto de la agenda concertada entre el Gobierno y el ELN.

Sin embargo el movimiento de tropas y los bombardeos por parte del Ejército, y la escalada terrorista del ELN, revelan que ya no se trata de negociar en medio del conflicto, sino que  las partes están más dispuestas para la guerra que para la paz, y si se mantuvieran en el proceso es más por presiones externas que por voluntad propia. Podríamos afirmar que en este momento las partes intentan forzar mutuamente su retiro de la mesa.

Aun cuando la mesa de Quito no se levante definitivamente, es muy poco probable que el gobierno Santos logre firmar un acuerdo con el ELN. Tampoco se ven con claridad las posibilidades de construir puentes que le den continuidad al proceso bajo la próxima administración.

Como si fuera poco, los sectores políticos que no estuvieron de acuerdo con el proceso con las FARC tratarán de seguir presionando para que el proceso con el ELN fracase definitivamente y sacar ventaja de ello en la actual coyuntura electoral, lo cual supondría un duro golpe para el anhelo de paz completa de muchos sectores.

Paradójicamente la actitud del ELN es sumamente complaciente con estas posturas. El ELN cree que el actual gobierno ya no está en capacidad de negociar y ofrecerle mejores garantías. Por eso buscará dilatar el proceso, incluso forzar su levantamiento de la mesa. Está claro que esta guerrilla no tiene incentivos para seguir jugándosela con esta administración, y poco espera de la siguiente.

En declaraciones a un medio alternativo Antonio García, miembro del COCE, aseguró que “El proceso electoral no puede dar lo que nunca ha dado. Es más, un mecanismo de reproducción de la exclusión, del clientelismo y de la compraventa de votos. Por eso la abstención es el mejor índice del poco interés de la gente por este tipo de ejercicio político viciado.”

El ELN seguirá intentando copar con rapidez los territorios dejados por las FARC. Esto seguramente le permitirá aumentar su poder económico y militar, pero no crecerá más allá de los límites que le convengan al establecimiento y a las Fuerzas Militares. Además, aunque sueñen con ello, nunca llegarán a tener la capacidad que tuvieron las FARC.

Está claro que para el Gobierno el ELN no representa una verdadera amenaza para la seguridad del Estado. Por el contrario, es la excusa perfecta para sostener el desmedido gasto en seguridad y defensa, y por tanto el discurso contrainsurgente que tanto daño le ha hecho a las fuerzas alternativas del país.

El ELN deberá entender, tarde o temprano -y ojalá antes de una ruptura interna-, que si el proceso electoral despierta poco interés entre la ciudadanía, hay todavía menos interés en el levantamiento armado y en acciones como las de Barranquilla.

Pese al negro panorama que se avecina y aun cuando la mesa de Quito sea definitivamente levantada, los colombianos tendremos una oportunidad en las presidenciales que se avecinan. La tabla de salvación de la paz está en el triunfo de un candidato o una coalición comprometida con el cumplimiento de los acuerdos con las FARC, con la JEP, la paz completa y con justicia social.

Fuente: RAZÓN PUBLICA

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