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Presentan ante la JEP, casos de 140 estudiantes asesinados

Era 22 de septiembre de 2005. Jhonny Silva Arangurén, de 21 años, protestaba por la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos en el campus de la Universidad del Valle. Para disipar la protesta, efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios hicieron presencia “lanzando gases lacrimógenos y disparando sus armas indiscriminadamente”, según cuentan algunos testigos. Durante esos hechos, Arangurén apareció muerto por una lesión ocasionada con arma de fuego. Era estudiante de quinto semestre de Ingeniería Química.

“Se nos informa del requerimiento de nuestra presencia, ya que los actos delictivos se salen de control a la fuerza pública y demás entes del Estado, por lo tanto es indispensable una limpieza total (…) No se responderá por personas que se encuentren en la calle, viciosos, jíbaros, gente del común y maricas”. Esto decía en un panfleto que circuló en Ciudad Bolívar y Soacha (Bogotá) en enero del 2014, aparentemente escrito por las ‘Bacrim-Opción al Paramilitarismo’. A los dos días de esta advertencia, Carlos Enrique Ruiz, estudiante de la Universidad Pedagógica y activista cultural, fue hallado muerto con varios impactos de bala. Tenía 24 años y alternaba sus estudios con actividades de periodismo comunitario.

Estas dos historias aparecen en el informe ‘Universidades Bajo SOSPecha: Represión Estatal a los Estudiantes, Profesorado y Sindicalistas en Colombia’, que fue entregado la semana pasada a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, para que se ayude a esclarecer más de 140 casos de asesinatos o desapariciones forzadas en la comunidad académica de las universidades públicas del país durante los últimos 20 años.

La investigación la realizaron María Ruiz Aranguren, profesora de periodismo de la Universidad del País Vasco, Jorge Freytter-Florían, politólogo e hijo del profesor Jorge Enrique Freytter Florián, quien fue secuestrado, torturado y asesinado entre el 28 y 29 de agosto del 2001; y Miguel Ángel Beltrán, docente de la Universidad Nacional y quien en el 2016 fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia en un proceso que lo relacionaban por supuestas alianzas con la hoy desmovilizada guerrilla de las Farc.

Fue posible hablar con Beltrán y explicó que el informe busca darle rostro a la “represión” y para que las autoridades competentes puedan adelantar las investigaciones necesarias de los crímenes que “han estado totalmente en la impunidad”.

“El estudio, que parte de una investigación independiente, se centró en instituciones públicas de educación superior de Bogotá como la Universidad Nacional, la Universidad Distrital y la Universidad Pedagógica. También estudiamos la represión paramilitar en las instituciones del Caribe, como la Universidad de Córdoba y del Atlántico”, explica el docente.

El estudio, que parte de una investigación independiente, se centró en instituciones públicas de educación superior de Bogotá y del Caribe

El documento deja en evidencia, entre otras cosas, la existencia de distintas modalidades de represión contra la comunidad universitaria, como por ejemplo la infiltración paramilitar.

“A mediados de 1996, las Autodefensas celebraron su III Cumbre Nacional. En ella plantearon la necesidad de reconquistar zonas arrebatas por la guerrilla y la intensificación de las tareas de inteligencia en las zonas urbanas. Como parte de esta estrategia militar surge la necesidad de tomarse las universidades públicas, especialmente las del Caribe Colombiano, convirtiéndolas en botín de disputa”.

Entre 1996 y 2003, la infiltración paramilitar en distintas instituciones de la Costa dejó, según el informe, 17 profesores y 20 estudiantes muertos. “Para el 2000, las universidades públicas tenían un presupuesto mayor que las propias gobernaciones (…). Los paramilitares dicen: vamos a tomarnos las instituciones para tener plata ahí. Pero también porque las universidades públicas, sobre todo de las regiones, tiene influencia en todo el departamento (…) entonces deciden tomársela para adoctrinar y dirigir”, se lee en el documento.

Otra forma de represión, según los autores de la investigación, son los denominados montajes judiciales, una “práctica generalizada de los servicios de inteligencia que permite el acercamiento de estos al contexto universitario, donde actúan como un estudiante más, asumiendo un doble rol y que se camuflan para desarrollar una misión específica a partir de un cambio de apariencia física”.

El ‘caso Lebrija’ es una de las investigaciones más sonadas bajo esta modalidad, del cual se vieron implicadas siete personas, en su mayoría jóvenes estudiantes. El informe recoge el testimonio de una de las víctimas.

“Fuimos capturadas siete personas: Erika, Xiomara, Cristian y un egresado de la Universidad Pedagógica de Ciencias Sociales, que es Carlos Carillo. Así como Alexis Bueno, que estudiaba ingeniería informática (…). Además, un estudiante de Ingeniería Química de la Universidad del Valle, Diego Ortega; y un menor de edad, Santiago Valencia (…). La captura se dio con la participación de un infiltrado de la Policía que se hacía pasar por estudiante, en una finca ubicada en el municipio de Lebrija (Santander) (…). Fuimos capturados alrededor de las seis de la mañana por un comando especial de la Policía. El mencionado personaje -que se hacía llamar Cooper Diomedes Díaz- abandonó la finca quince minutos antes y en el proceso de allanamiento nos enteramos de que la zona era controlada por paramilitares. Esto nos causó mucho impacto porque tenían dos objetivos: o nos asesinaban o nos capturaban junto con algunos paramilitares (…). Los chicos son llevados a la cárcel modelo y las chicas a la cárcel de mujeres”.

Los expertos también plantean la desaparición forzada como otra acción violenta contra la comunidad universitaria. En este punto, el libro evidencia el caso de Carlos Pedraza Salcedo, un estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad Distrital, quien fue desaparecido y asesinado.

“Fue una acción criminal que se ejecutó a principios de enero del 2015, en medio de los diálogos de paz que adelantaba el gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las Farc. Su liderazgo político, su lucha por la dignidad y memoria de las víctimas, su activa participación en la movilización social, así como su entrega en la defensa de los derechos humanos y la construcción de procesos de educación popular, lo convirtieron en blando del terrorismo estatal (…)”.

Salcedo quería ser docente por lo que decidió abandonar la Ingeniería Ambiental e ingresar a la Licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica. Su tesis de grado consistía en la reconstrucción de la memoria de los crímenes de lesa humanidad, explica el informe.

“Esta intensa actividad política y social se vio truncada el 19 de enero de 2015, cuando Carlos salió en horas de la tarde de su casa ubicada en el barrio Molinos II de Bogotá, y le informó a su hermano que iría a Teusaquillo a una reunión relacionada con su trabajo en la comercializadora agropecuaria El Zipa. Sus familiares solo volvieron a tener noticias dos días después cuando, a través de varias llamadas al parecer de la Sijín, se pudo establecer que el cuerpo del joven había sido encontrado a 60 kilómetros de Bogotá, en el municipio de Gachancipá”.

Hasta el momento, de acuerdo con los investigadores, no se ha podido determinar los autores del crimen.

Para el profesor Miguel estas acciones violentas se presentan “porque uno de los objetivos fundamentales es eliminar de las universidades públicas el pensamiento crítico, que cuestiona el statu quo y generar un pensamiento hegemónico. Entonces, de manera sistemática se ha venido golpeando a la comunidad universitaria, buscando que aquellos que tienen un pensamiento o una actitud crítica contra el sistema, sean eliminados”.

Por el momento, los autores del libro están realizando una gira en Colombia para dar a conocer la investigación.

Fuente: DIARIO EL TIEMPO

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