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Polémica empresa que apoyó a Cabal, sancionada por irregularidades

Una noticia muy importante está pasando de agache: la empresa Bananeras de Urabá, que financió la campaña de María Fernanda Cabal a la Cámara de Representantes, acaba de perder el certificado de Comercio Justo ‘Fair Trade’ ¿Qué es Bananeras de Urabá? Una empresa que lleva más de 50 años cultivando banano en esa región del país. Sus propietarios, Rosalba Zapata (madre) y Felipe Echeverri (hijo), han sido señalados varias veces de tener nexos con los paramilitares Raúl Hasbún, comandante del Bloque Bananero, le entregó a la Fiscalía en 2012 un listado de empresarios que habrían financiado a las AUC: entre los nombres figuraba el de Rosalba Zapata y Felipe Echeverri. Pero la historia no termina ahí.

Zapata y Echeverri figuran en cuatro actas como asociados de los Servicios Especiales de Seguridad Privada de Urabá ¿Qué carajos era eso? Para explicarlo de manera sencilla: una empresa que triangulaba los aportes de los empresarios bananeros a las AUC. Los bananeros consignaban y los paramilitares recibían, compraban armas, intendencia, masacraban y desplazaban. Eso no lo digo yo, está en varias sentencias judiciales contra ex directivos de los Servicios Especiales de Seguridad Privada del Urabá. Pero hay más, no se aburran

Un importante medio televisivo reveló hace unos años que Rosalba Zapata organizó una reunión para que los campesinos le pidieran perdón a Raúl Hasbún. Leyeron bien y yo escribí bien: las víctimas pidiéndole perdón al victimario ¿Y por qué les quitan el certificado? Bien, fallos de 2018 y  de 2020 dan cuenta de que Bananeras de Urabá tenía tierras que fueron despojadas. En la primera los testimonios indican que Echeverri hizo una  reunión acompañado de paramilitares en zona rural de Turbo

Yo entrevisté a un campesino de la zona y me dijo “llegaron diciendo ‘arreglamos por las buenas o arreglamos por las malas’”. Echeverri les exigió unos pagos a los labriegos que no pudieron hacer y por eso se quedó con la tierra, según la sentencia.

El falló de 2020 también tiene que ver con el despojo en el corregimiento Nueva Colonia de Turbo. Se lee que Bananeras de Urabá “expandió su objeto empresarial, aniquilando los intereses, expectativas y en general el proyecto de vida de los parceleros y sus familias” En la misma sentencia el Tribunal Superior de Antioquia compulsó copias para que se investigara a Rosalba Zapata y Felipe Echeverri por presuntamente crear “una trama de despojo” y por posible “concierto para delinquir, por financiación voluntaria a grupos paramilitares”.

Según dijo Jorge William Restrepo, gerente de Bananeras de Urabá, la empresa fue expulsada del sistema de comercio justo porque la organización que da los certificados consideró que la actividad de esa corporación “puede ser considerada un riesgo reputacional para el sistema”

La Fiscalía declaró la financiación de grupos paramilitares, por parte de las bananeras de Urabá, como un crimen de lesa humanidad, pero hasta la fecha no hay ni una condena. Opinión: no la va a haber. Somos paraíso de impunidad. Así mismo, debería estar investigando esos delitos, pero, por ahora, las organizaciones internacionales están tomando medidas. Por eso le quitaron la certificación de comercio justo a Bananeras de Urabá

Pero, hay que decirlo, más de 100 bananeros fueron asociados de los Servicios Especiales de Seguridad Privada de Urabá y hay varios que han tenido que devolver tierra despojada. No es claro cuántos tienen certificado de comercio justo.

Acá pueden leer la historia que escribí sobre la entrega de esos predios. Pero el hilo sigue ¿Yo qué culpa? Hay muchos elementos

Cecilia, la campesina que recuperó su tierra despojada por empresarios en Urabá

Cecilia Julio recibió de manos de un juez las escrituras de la finca Niña Luz en Turbo (Antioquia). La había abandonado en el 2003 por presiones de empresarios y paramilitares. A pesar de su alegría, no va a retornar por temor a represalias.

Cecilia Julio recuperó su parcela este 12 de marzo. A pesar de mostrarse feliz, dice que no retornará por miedo a represalias.

A un costado de la finca Niña Luz, ubicada en el corregimiento Nueva Colonia de Turbo (Antioquia), el juez leyó la providencia por medio de la cual ese predio era devuelto a su dueña: Cecilia Julio. Ella que, junto a su esposo, tuvo que abandonar su tierra en 2003, no ocultó la ambivalencia de sus emociones: “siento alegría y a la vez tristeza”, dijo en medio de lágrimas. Su estado de ánimo era una muestra tanto de la satisfacción por haber ganado una batalla contra personas poderosas como de la nostalgia de saber que ese día tan importante no podía estar acompañada de su esposo, Sabino Barón, quien murió sin volver a pisar la tierra que les fue despojada. Ellos llegaron a Nueva Colonia, en plena zona bananera de Urabá, en 1985. Allí empezaron a sembrar plátano. Lo hicieron tranquilamente hasta 2001, cuando se dio una reunión que turbó sus vidas. Ese día citaron a los campesinos de Nueva Colonia en la vereda La teca, a unos dos kilómetros. Cuando llegaron al lugar, consta en sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras Itinerante de Apartadó (Antioquia), estaba el empresario bananero Felipe Arcesio Echeverri Zapata en compañía de los paramilitares Antonio Arboleda y Antonio García, conocido como “El viejo”.

Según los testimonios, recogidos en el fallo, ese día algunos de los citantes portaban armas de fuego y el industrial les dijo a los labriegos que le debían pagar por la tierra que estaban habitando, según aseguró, porque “el patrón” lo estaba pidiendo así.

Se refería a Raúl Emilio Hasbún Mendoza, comandante del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia. “Llegaron diciendo ‘arreglamos por las buenas o arreglamos por las malas’”, contó un parcelero que prefirió no ser citado por temor a represalias.

Nueva Colonia es un corregimiento que se fundó porque en los 80 llegaron hasta allá campesinos en busca de tierras para trabajar, algunos recibieron las tierras de parte del Ejército Popular de Liberación (EPL) que incentivó la llegada de los colonos. Se instalaron ahí durante años sin que ninguna persona reclamara su propiedad. Sin embargo, en junio de 1999 el Estado declaró extinción de dominio sobre el predio La Niña, que pertenecía, a la familia de Raúl Hasbún, comandante del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia. “Los reclamantes fueron despojados de las parcelas que reclaman, movidos por el miedo que les generaba la situación de violencia que se vivía en el corregimiento Nueva Colonia (…) por parte de grupos armados al margen de la ley, y concretamente por la intimidación”, enfatizó el juez en su fallo, en el cual también señaló como responsables de esas intimidaciones a Raúl Hasbún y a Felipe Echeverry, quien fue asociado de la cooperativa convivir conocida como ‘Papagayo’, organización que fue creada y controlada por los paramilitares, como consta en varias sentencias judiciales.

Según los testimonios de varios campesinos citados en la sentencia, Echeverri les dijo cuánto debían pagar por cada hectárea de tierra. Los pagos se harían por medio de descuentos que realizaría la comercializadora Banacol, a la cual los labriegos vendían sus bananos. Los parceleros empezaron a atrasarse con los pagos impuestos por el empresario y les tocó empezar a vender. Cecilia Julio y su esposo estaban entre ellos. “Los solicitantes (de restitución) en medio de la preocupación por no poder pagar las altas cuotas vendieron sus parcelas, tras la constante intimidación de que fueron objeto por parte de los señores Antonio Arboleda y Aristóbulo Cabrales, quienes eran los encargados de presionar la venta de las parcelas”, puntualizó la sentencia.

Cecilia y su esposo le vendieron la finca Niña Luz, de menos de tres hectáreas, al empresario José Gentil Silva Holguín, quien también fue asociado de la Convivir Papagayo. Sobre esa organización, el Tribunal Superior de Antioquia estableció que “era de conocimiento general entre los máximos comandantes de las Autodefensas que el señor Raúl Hasbún, comandante del frente Arlex Hurtado, con influencia en el eje bananero, se encargó de la creación de varias Convivir en la zona de Urabá, entre ellas la denominada Papagayo, las cuales estarían al servicio del paramilitarismo con el fin de recibir de manera ‘legal’ los aportes que harían las empresas bananeras para el sostenimiento de la causa antisubversiva”. Silva fue elegido en 2017 como suplente de la junta directiva de la bananera Uniban SA.Cecilia llegó a su predio y este estaba lleno de banano. Todavía no sabe qué va a hacer en esa tierra, pero de lo que tiene certeza es que, por lo pronto, no va a retornar por temor a represalias

Una restitución sin garantías

Para llegar hasta Niña Luz, en zona rural de Turbo, fue necesario el acompañamiento de más de 12 policías que portaban armas largas. En la región nadie olvida que en abril de 2018 una caravana de restitución de tierras fue atacada con un explosivo en San Pedro de Urabá (Antioquia). En la acción murieron ocho policías.

Los temores de Cecilia no son infundados, entre 2007 y 2018 han sido asesinados 23 reclamantes de tierra según la fundación Forjando Futuros. “En la zona donde estamos es obvio que uno sienta miedo”, dijo la campesina. Incluso, los retos de la restitución de tierras en la región quedaron claros a pocos kilómetros de Niña Luz. El mismo día debían ser restituidos los predios ‘Aguardiente’ y ‘Ceniza’, sin embargo, la diligencia se frustró porque una persona que los tiene ocupados se opuso a que un juez materializara la orden. El juzgado deberá reprogramar la fecha y desalojar al campesino que ocupa las parcelas.

Según Forjando Futuros en Urabá se han hecho 6.385 solicitudes de restitución de tierras, de las cuales solo se han resuelto 318 casos. El 80% del municipio de Turbo fue despojado por paramilitares desde 1997.

“Muchos compañeros se han muerto en la lucha y no alcanzaron a ver lo que estamos viendo hoy

Eso es muy triste”, concluyó Cecilia entre la nostalgia y la alegría. Ahora tendrá que ponerse de acuerdo con sus hijos sobre qué hacer con la parcela que recuperó de las manos de los empresarios, pero a la cual siente que no tiene garantías para retornar.

Esta es la finca Niña Luz, que Cecilia y su esposo le vendieron a José Gentil Silva Holguín después de recibir presiones por parte de paramilitares y empresarios.  Según los testimonios de varios campesinos

La Fuerza Pública acompaña con armas largas las entregas de predios restituidos en Urabá.

Para terminar, María Fernanda Cabal no sólo recibió financiación de Bananeras de Urabá, sino que también se declaró “admiradora” de Rosalba Zapata.

Fuente: EL PREGONERO DEL URABÁ

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