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Pese a promesas del Gobierno, continúa el asesinato de ex insurgentes

El asesinato del exguerrillero de las Farc Alexánder Parra en la noche del jueves 24 de octubre en Mesetas, Meta, volvió a prender las alarmas sobre la situación de seguridad de los reinsertados.

Parra, conocido como Rodolfo Fierro, fue asesinado delante de su esposa en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez. Es el primer homicidio ocurrido en estos lugares.

Con la muerte de Parra, según cifras de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, van 63 exguerrilleros asesinados este año y 158 desde la firma del acuerdo de paz, con corte al 25 de octubre.

A los asesinatos se suman otras problemáticas de seguridad. Desde la firma van 21 tentativas de homicidio y 12 desapariciones, siendo Cauca, Nariño y Antioquia los de mayores casos.

Esta es una de las principales preocupaciones de la ONU, pues el 10 de octubre el jefe de la Misión, Carlos Ruiz Massieu, advirtió de la problemática al Consejo de Seguridad de la entidad durante la entrega de su informe trimestral. Ese día, cuando iban 52 asesinatos, afirmó que si los homicidios continuaban con el mismo ritmo, superarían los del 2018, cuando se registraron 64. El Consejo pidió que “los responsables de estos asesinatos sean llevados ante la justicia”.

Tras el homicidio de Parra, Pastor Alape, delegado de Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), afirmó que hay incertidumbre por la vida y “frente a esta matanza que nos está acosando todos los días (…) responsabilizamos al Gobierno Nacional por la falta de garantías de seguridad y garantías políticas”.

“Lo que tiene que ver con la protección de los excombatientes, este gobierno le da una importancia enorme”, ha dicho el consejero Emilio Archila en varias oportunidades.

¿Por qué los están matando?

Con el informe ‘Las trayectorias de la reincorporación y la seguridad de los excombatientes de las Farc’, publicado en agosto, la fundación Ideas para la Paz hizo una radiografía de los homicidios contra ex-Farc.

En este se identificaron cinco de las principales causas por las cuales son asesinados. Si bien dicen que las economías ilegales son un factor, hay otros aspectos que poco se mencionan.

El riesgo varía según el lugar donde se lleve a cabo el proceso de reincorporación. Por ejemplo, crece cuando salen de los espacios territoriales.

Los registros de la ONU indican que de los 13.057 exguerrilleros acreditados por la oficina del Alto Comisionado para la Paz, 3.038 viven en los antiguos ETCR, mientras que 9.138 están en centros urbanos.

“El hecho de que muchos de los excombatientes decidieran adelantar trayectorias individuales en el proceso de reincorporación (…) aumenta los niveles de riesgo”, afirma Ideas para la Paz.

Otro factor que pone en riesgo la vida de los ex-Farc son los liderazgos negativos en la organización. “Esto ha generado luchas por el control de organizaciones sociales que sirven como plataforma política del partido de las Farc”, se lee en el informe.

Las disidencias y otras organizaciones criminales –señala Ideas para la Paz– presionan a los exguerrilleros para que retomen las armas, lo que “se traduce en represalias cuando no aceptan”.

Pero esta no es la única división que hace daño. Hace unos días se conoció que un grupo de exguerrilleros liderados por Andrés París no quieren seguir bajo la dirección de Timochenko. Claro que París, quien fue negociador en La Habana, dijo que no consideran volver a las armas. A esto se suman los “asuntos no resueltos entre las Farc y otros actores ilegales y legales que continúan vigentes”.

Por último, indica el informe, está la “falta de presencia real y permanente de las instituciones estatales”. Esto, explican, no solo afecta a los reincorporados, sino a muchos municipios del país “donde el Estado no ha logrado garantizar derechos básicos”.

“La experiencia de procesos anteriores, y lo ocurrido tras el desarme de las Farc, muestra que los asesinatos deben ser leídos en un contexto más amplio: vacíos de regulación, presencia de actores armados ilegales, tensiones y fracturas internas, así como la falta de capacidad del Estado para proveer seguridad y justicia en amplias zonas del país”, concluye Ideas para la Paz.

Medidas para garantizar la seguridad

A finales de junio, el mismo presidente Iván Duque anunció un paquete de 23 medidas que tienen como propósito garantizar la seguridad de los ex-Farc.

“Este gobierno tiene una prioridad en que el proceso de reincorporación sea un proceso exitoso, un proceso que permita que las personas que han dejado el camino de la violencia puedan entrar por la vía de la legalidad a una metodología de vida, a un esquema de vida donde puedan tener sostenibilidad con sus ingresos y consolidarse como núcleo familiar”, aseguró en su momento el jefe de Estado.

Entre las medidas se contempla intensificar el monitoreo, análisis y advertencia del riesgo de los excombatientes por parte de la Defensoría del Pueblo, reducir los tiempos de atención de solicitudes de protección en la Unidad Nacional de Protección (UNP) y realizar jornadas de autoprotección y autoseguridad para excombatientes que cuentan con esquema de protección.

De igual forma, se ordenó mayor presencia de la Fuerza Pública en las zonas donde residen los exguerrilleros. Por ejemplo, hay un cuerpo élite de la Policía dedicado exclusivamente a la investigación de amenazas a excombatientes y se destinarán 25 investigadores de la Dijín para que indaguen toda acción en contra de exguerrilleros.

En el informe de la Misión de Verificación en Colombia de Naciones Unidas destacaron estas medidas del Gobierno y afirmaron que “se han observado algunos avances iniciales”.

“Sin embargo, aún queda mucho por hacer, entre otras cosas, subsanar las continuas deficiencias presupuestarias a las que se enfrenta la entidad encargada de proporcionar protección a los excombatientes”, aseveró Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU.

Y tras el asesinato de Alexánder Parra se acordó reforzar la seguridad en los antiguos espacios territoriales, y en el caso de Mesetas la Fiscalía envió un grupo de investigadores para que resuelvan el caso, con el apoyo de policía judicial.

De igual forma, la UNP se encargará de coordinar una mesa técnica para evaluar los esquemas de seguridad y los antiguos espacios para evaluar qué se está haciendo bien y qué debe mejorar. La idea es que antes del 31 de enero del 2020 se formulen conclusiones y sugerencias al Gobierno.

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