Indígenas exigen plebiscito para rechazar fumigaciones con glifosato

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11/26/2020
“Pereira económica”, de Luis Miguel Cárdenas Villada
11/27/2020

Indígenas exigen plebiscito para rechazar fumigaciones con glifosato

Un informe presentado por la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas señala que más de 1.133.000 hectáreas del programa de fumigaciones aéreas con glifosato se traslapan con resguardos en los que habitan 40 pueblos, en 54 municipios.

La polémica por la fumigación aérea con glifosato parece no tener fin. A finales de octubre de este año un fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Pasto (Nariño) volvió a encender la controversia frente al retorno del uso de esta técnica en el país como estrategia del Gobierno para la erradicación de cultivos ilícitos.

La decisión judicial frente al incidente de desacato que las comunidades afro, indígenas, y campesinas habían interpuesto contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Dirección Antinarcóticos de la Policía y la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, no solo permitió que se reiniciara nuevamente el proceso de socialización sobre la aspersión con este pesticida, también señaló que no era necesario adelantar una consulta previa, al sostener que las autoridades colombianas ya cumplieron con este proceso, contrario a lo indicado previamente por Tribunal Administrativo de Nariño en segunda instancia.

“En ese sentido, mal haría el Despacho en disponer la realización de consulta previa, pues considera que, dentro de la esfera de su competencia, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior cumplió con lo pertinente, además no se han acreditado circunstancias nuevas que ameriten la realización de un nuevo análisis para determinar la procedencia de consulta previa”, indicó el juzgado en el fallo.

Sobre el particular, Jenifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), aseguró que el Ministerio del Interior, la Anla y la Policía Nacional indujeron al error al juez de tutela para esquivar el deber de hacer consulta previa en los pueblos indígenas y afros que hacen presencia en los territorios donde se pretenden desarrollar las fumigaciones.

“La decisión frente a la consulta previa se tomó con base en lo que le dijeron al juez las entidades gubernamentales, en especial la Anla y la Dirección Antinarcóticos de la Policía, que a su vez tomaron como base un concepto emitido por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, en donde certifica que allí no debería proceder la consulta previa con pueblos indígenas ni afros”, explicó.

Para la abogada eso es totalmente falso y – según ella – se ha generado un fraude a la sentencia judicial, en la medida en que “se ha distorsionado la realidad y se ha inducido al juez a caer un error al tomar la decisión de no obligar a proteger el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas.

“Logramos corroborar que en el reajuste que se hizo al Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG) solamente se excluyeron territorios de resguardos indígenas y títulos colectivos de comunidades afro ya titulados formalmente por el Estado, aunque se afirma que también se dejaron por fuera  territorios ancestrales no titulados como sitios sagrados, lugares de paso y sitios de pagamento, pero en realidad estos no están siendo excluidos de las zonas de influencia del programa y, por ende, habrá comunidades indígenas y afro que se van a ver afectadas de manera directa por los efectos nocivos en la vida e integridad de la salud, el ambiente y en las fuentes hídricas con el glifosato”, sostiene.

La Comisión Nacional de Territorios Indígenas, a partir del sistema de información geográfica, determinó que existían 1.133.080 hectáreas del programa de fumigaciones con glifosato que se traslapan con solicitudes de territorios indígenas, los cuales están haciendo trámite ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desde hace varios años.

Desde esa organización aseguran que, al menos en cuatro de los seis núcleos de fumigaciones, hay solicitudes territoriales indígenas ante la ANT respecto a territorios ancestrales, que no han sido formalizados como resguardo y no por ello dejan de serlo.

Camilo Niño Izquierdo, secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), afirmó que a la fecha hay más de 1.000 solicitudes de resguardos indígenas que la ANT no ha tramitado y que se trataban de solicitudes históricas con las que el Estado colombiano tenía una deuda.

“Del total de municipios que serán objeto de aspersión, existen 54 donde hay certeza de la existencia pueblos indígenas, los cuales el Gobierno no los está reconociendo en los seis núcleos de fumigación. Allí se van a ver afectados 40 comunidades indígenas que hacen presencia en esas localidades y en las más de 1.300.000 hectáreas que están pendientes de formalización”, manifestó.

Niño aseguró que sobre esas tierras que están por legalizar las mismas entidades del Estado ya han hecho estudios. Afirmó que el Gobierno nacional no solamente tiene que tener en cuenta la información que está curso o que maneja el Ministerio del Interior, sino también las cifras y datos de las demás instituciones, entre las que se encuentra la Agencia Nacional de Tierras.

Para el secretario de la CNTI, el Ministerio del Interior está basando su análisis en los territorios constituidos, pero no está teniendo en cuenta las áreas en donde este momento hay presencia, uso y manejo por parte de las comunidades étnicas que no están formalizadas.

“Sí va a haber una a haber una afectación directa a los territorios y espacios sagrados, por lo tanto, se debe garantizar la participación real y efectiva de las comunidades, a través de la consulta previa frente al impacto que tiene la fumigación aérea con glifosato”, recalcó.

Resaltó que existe un vacío de información en torno al número de solicitudes realizadas, así como al número de hectáreas que se pretenden proteger. “De las más de 1.000 solicitudes solo se tiene información de 400 sobre el área pretendida, las cuales asciende a 3.500.000 hectáreas, aproximadamente”, comentó.

Niño sostiene que es necesario que se comprenda que el concepto de territorio para los indígenas va más allá de los terrenos que han sido legalizados y reconocidos formalmente por el Estado.

Para la Comisión Nacional de Territorios Indígenas el Estado el no reconocimiento de las territorialidades de los pueblos étnicos se constituye una violación de sus derechos, situación que pone en grave riesgo de extinción física y cultural a estas comunidades que gozan de una protección constitucional reforzada.

La Secretaría Técnica Indígena de la CNTI también hace un llamado al asegurar que el área de influencia del programa de fumigaciones colinda con los territorios titulados indígenas, razón por la cual podría darse una afectación por escorrentía de aguas y por el aire.

Como un héroe fue catalogado en redes sociales un hombre que logró salvar a pequeño perro de ser devorado por un caimán.

El momento fue captado por una cámara de seguridad de un parque en Florida (Estados Unidos). En el video se observa al hombre lanzándose a un estanque para poder rescatar al cachorro.

Luego de sumergirse, sale a flote sosteniendo entre sus manos al caimán y al perro, que era sujetado por el pequeño reptil entre su hocico. Lentamente, el sujeto se acerca a la orilla. Allí usa todas sus fuerzas para abrir las mandíbulas del caimán. Luego de varios segundos logra su cometido: el reptil soltó al cachorro que, pese a las heridas, salió corriendo entre el pasto.

Entre tanto, el hombre continuó sujetando las fauces del animal y buscando la manera menos riesgosa de quitar sus manos sin resultar herido.

El video que fue el pasado 25 de octubre y publicado hace un par de días en TikTok, se convirtió en tendencia en redes sociales. Muchos felicitaron la acción del hombre, mientras que otros simplemente describieron el hecho como un acto natural propio de la cadena alimenticia.

Algunos, entre tanto, señalaron que esta era una muestra de que, por la transformación de su hábitat debido a la intervención del hombre, las presas naturales de los caimanes estaban desapareciendo y, por esa razón, ahora estos reptiles se veían abocados a cazar otro tipo de animales para alimentarse y poder sobrevivir. regiones subtropicales y tropicales de América, desde Florida hasta el sur de Sudamérica. Hasta ahora han sido identificadas seis especies, varias de las cuales se encuentran en territorio colombiano.

Frenar la deforestación se convirtió en la convicción de los abuelos mayores de las veredas de El Naranjal, Las Pilas y Santa Clara en el municipio de Argelia (Cauca). Desde mediados de la década de los 80 vieron que la frontera agrícola parecía no tener control, las fuentes hídricas estaban en riesgo y las diferentes especies de animales y plantas comenzaron a desaparecer.
Los mayores promovieron el desarrollo de una serie de acuerdos veredales y de forma autónoma comenzaron a proteger diferentes áreas estratégicas de la Serranía El Pinche, esa cadena montañosa rica en bosques andinos y alto andinos con las áreas de robledales más extensas en la cordillera occidental, zonas de páramos aislados y el donde están los nacimiento del río San Juan del Micay y sus tributarios.

“Los abuelos se dieron cuenta que  los recursos naturales se estaban perdiendo a pasos agigantados, la tala de árboles era mucha y las aguas iban mermando. Así que ellos empezaron ese proceso en tres veredas”, contó Martha Hoyos, una joven de 24 años que vive en la vereda Las Pilas, que queda en el corregimiento El Naranjal.

El trabajo de diferentes académicos e investigadores le dieron fuerza a la iniciativa comunitaria. Es el caso, de la labor realizada por el ecólogo Marnix Becking, que desde 1992, comenzó a estudiar las relaciones ambientales y socioculturales presentes en la cuenca alta del río San Juan del Micay para plantear un modelo de conservación que contemplaba elementos de desarrollo rural. Sus trabajos llevaron además a demostrar la singularidad de los páramos en la Serranía El Pinche y su importancia, así como a la posterior identificación de diferentes especies endémicas en la zona.

Los habitantes de las tres veredas conocedoras de las riquezas y amenazas presentes en su territorio después de varias reuniones y asambleas decidieron en 1997 solicitar la declaración de una zona de reserva. De forma independiente delimitaron el área de conservación definiendo el límite de la frontera agropecuaria y a través del diálogo convencieron a cada uno de los vecinos de la importancia de preservar este corredor biológico que une las regiones Pacífico y Andina.

“Siempre existen algunas dificultades a la hora de hacer estos acuerdos. Hay personas tercas o que no conocen los beneficios que puede traer la conservación, pero cuando empiezan a ver la transformación se involucran en esos procesos. Lo más difícil fue convencer a las personas que no era bueno talar cerca del agua de los ríos, de no hacer quemas, pero con procesos de educación y sensibilización todo cambió y ahora hay personas que dan parte de sus terrenos para conservación”, dijo Lucy Esperanza Mamian, miembro de la Vereda Nuevo Horizonte y que trabaja en la Asociación Agroambiental Santa Clara.

Un pacto por la Serranía El Pinche

El compromiso ambiental que inició en estas tres veredas de Argelia fue tan fuerte que, a pesar de estar históricamente en una zona de conflicto, los diferentes grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio respetan los acuerdos de la comunidad. La expansión de los cultivos de coca, la minería, la deforestación o la pesca sin control son actividades que en lo alto de la Serranía El Pinche nadie puede realizar.

“La neutralidad es la que nos ha permitido realizar esta labor, no somos parte del conflicto. Cada definición sobre esta área es comunitaria, las sanciones son comunitarias. Las personas que son sorprendidas talando, pescando, quemando o realizando labores indebidas se les multa y se les exponen los acuerdos, pero hasta las sanciones son concertadas. La neutralidad en el proceso ha sido la clave del éxito”, aseguró Jesús Alveiro Bolaños, director de la Asociación Agroambiental Santa Clara Serranía El Pinche.

Esa titánica labor se ha mantenido firme incluso en los momentos más cruentos del conflicto armado. Las comunidades de las veredas conformaron la Asociación Agroambiental Santa Clara Serranía El Pinche y promovieron de forma conjunta con la Fundación Ecohabitats la declaración de una reserva forestal protectora.

El trabajo articulado contó con el apoyo de organizaciones como Conservación Internacional Colombia, esto permitió que las comunidades en 2008, después de muchos años de esfuerzo, pudieran declarar 7.256 hectáreas como Reserva Forestal Protectora Regional Serranía del Pinche.

Una declaración que no solo fue celebrada por la comunidad por la conservación de los bosques, sino porque es el reconocimiento de su autonomía y conocimiento de la serranía.

A diferencia de los Parques Nacionales, las Reservas Protectoras Regionales tienen su administración en las misma comunidad que trabaja de forma conjunta con la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Los habitantes de estas veredas se comprometen con la conservación a largo plazo del área protegida y delimitan en cuáles zonas se puede hacer uso sostenible de los recursos naturales.

“Cuando hay un principio de autonomía, un sentido de pertenencia por el territorio, cuando las comunidades sienten que los proyectos son de ellos y para ellos, la gente misma hace que las normas se cumplan. Por eso es importante el reconocimiento de la autonomía. Este proceso lo impulsaron mis padres y yo lo he seguido y entre todos hemos evitado la deforestación de la reserva y evitamos su colonización”, manifestó Bolaños.

El trabajo de conservación fue tan exitoso que con el paso del tiempo más personas se unieron a estos procesos de protección. Ahora son 20 veredas las que hacen parte de los acuerdos. “Prácticamente más de la mitad de lo que corresponde a nuestro territorio (vereda Nuevo Horizonte) fue destinado a la reserva ambiental son 2.282 hectáreas que se donaron para que sumen a ese cordón de la Serranía El Pinche”, agregó Mamian.

Los tesoros de la Serranía El Pinche

La Serranía El Pinche tiene una extensión aproximada de 48.900 hectáreas, se encuentra en un rango altitudinal que varía entre los 2.200 y los 3.800 metros sobre el nivel del mar. En la parte del oriente y al sur limita con el río San Juan del Micay, lugar de conservación de las comunidades.

La serranía es considerada estratégica por su gran biodiversidad, muchas de sus áreas aún no son exploradas completamente y es el hogar de 350 especies de aves, que representan el 18 por ciento del total de las que se encuentran en el país. Alberga bosques andinos y subandinos de robledales y las zonas de pino colombiano más extensas en la cordillera occidental.

19.132 hectáreas de la Serranía El Pinche se conserven intactas gracias a los acuerdos veredales. Foto: Luis Alfonso Ortega

Su variedad ambiental se completa con la singularidad de sus páramos, únicos en la cordillera, con el nacimiento del río San Juan del Micay, tributario del Océano Pacífico. Tiene ocho aves endémicas de las cuales destacan el zamarrito del Pinche (Eriocnemis isabellae) y el cucarachero de Munchique (Henicorhina negreti) que se encuentran en estado crítico de conservación.

El listado de especies endémicas de las Serranía El Pinche es más amplio ya que cuenta con 25 especies de plantas únicas, de ellas la Ronnbergia campanulata se encuentra en peligro de extinción. Nueve especies de anfibios habitan la serranía, cinco de ellas endémicas y 42 mariposas diurnas también viven allí.

El trabajo realizado por las comunidades por la conservación del ambiente ha dejado grandes resultados.  Un análisis espaciotemporal realizado entre 2002 y 2017 determinó que los esfuerzos de conservación de la comunidad, han permitido que el 90,4 por ciento de las 19.132 hectáreas se conserven intactas por las presiones de la deforestación.

Los nuevos retos de los defensores del a Serranía El Pinche

Las 20 veredas que ahora hacen parte de los acuerdos cada vez suman más territorios a esa reserva protectora y buscan su reconocimiento. Entre 2017 y 2018 las familias identificaron otras 11.930 hectáreas que esperan sean reconocidas y ampliar la zona de conservación a 19.186 hectáreas. En este proceso cuentan con el apoyo del Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos (CEPF), que a través de una alianza con Patrimonio Natural y Ecohabitats, ayudaron a la reactivación de los pactos comunitarios y procesos de protección luego de la firma de los Acuerdos de Paz.

Aunque su trabajo de conservación, protección y defensa por estos espacios ya se está dando en territorio, el reconocimiento de las nuevas áreas como parte de la Reserva Forestal Protectora Regional Serranía del Pinche no se ha logrado. “En Argelia hay una desactualización cartográfica que viene desde los tiempos del Incoder y esto ha frenado el proceso. Entonces cuando se quiso ampliar formalmente el área no se pudo. Desde el Ministerio del Interior certificaron que eran zonas donde había comunidades étnicas y debían hacerse consultas previas, pero no hay comunidades étnicas, todo surge por la desactualización cartográfica”, manifestó Liliana Paz, directora de la Fundación Ecohabitats.

Paz también agregó que: “Esto implica que si hoy hay solicitudes mineras y se conceden títulos mineros puede estar en riesgo todo el esfuerzo de conservación de las comunidades. Por ahora estamos a la espera de que la Agencia Nacional de Tierras le dé prioridad al municipio de Argelia para la actualización del catastro, ya que este es un problema nacional”.

“Como asociación nuestro desafío es unir el corredor de la Serranía El Pinche con otras comunidades como El Tambo o Guapí, además de continuar con los procesos de conservación del Zamarrito del Pinche y otras especies”, complementó Martha Hoyos.

Pero esa no es la única meta de estas comunidades, ya que uno de sus grandes desafíos es que esa labor de conservación pueda articularse con sus proyectos económicos y formas de vida sostenibles y que permitan mejorar su calidad de vida.

“El objetivo principal es que la Serranía se conserve, que nuestros hijos y nietos dentro de un tiempo puedan decir que esto valió la pena. Tenemos agua limpia, bosques, fauna y buscamos vincularlas a procesos de producción agropecuaria sostenible, al turismo, el comercio, la producción. Que podamos tener profesionales en la región y gestionar muchas alianzas, teniendo claro que lo primordial es conservar la Serranía El Pinche”. concluyó Bolaños.

Fuente: REVISTA SEMANA

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