En algunos municipios, hay más inscritos para votar que habitantes

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En algunos municipios, hay más inscritos para votar que habitantes

Con tan solo 15 kilómetros cuadrados, Sabaneta, en Antioquia, es el municipio más pequeño de Colombia. Está ubicado a 25 minutos de la zona urbana de Medellín.

Según las proyecciones del Dane, su población es de 54.573 habitantes. Si por el censo electoral fuera, todos, el 100% de ellos, son mayores de 18 años y están inscritos para votar. Pero no solo eso. Hay, además, otras 16.155 personas que, según las autoridades electorales, también votan en ese pequeño municipio.

Sabaneta es solo uno de los casos, el más fuerte de todos, en los que las personas aptas para votar superan la cantidad de habitantes que, oficialmente, reporta el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Es uno de los focos de alerta por trashumancia electoral y posibles votaciones irregulares que ha lanzado la Misión de observación Electoral (MOE).

Pero además, en ese pequeño municipio confluyen otros datos que deberían alertar a las autoridades: No solo tiene más ‘votantes’ que ‘habitantes’, sino que la tasa de inscripción para estos comicios fue de 224 por cada mil habitantes. Es decir, cuatro desviaciones estándar por encima del promedio nacional.
Si a eso se suma que en los comicios de 2015 fueron anuladas el 68% de las inscripciones de cédulas, se podría estar ante un municipio en alto riesgo de fraude electoral.

Esos dos indicadores: censo electoral y atípico número de inscripciones para las elecciones regionales de 2019, podrían, según la MOE, mostrar un posible caso de ‘trasteo de votos’.

Votantes de un lado al otro

¿Y qué es el trasteo o trashumancia? Es cuando un político, por alterar el resultado de las elecciones, mueve a un grueso número de personas de una región a otra con el fin de que inscriban su cédula y voten a su favor o al de su ‘apadrinado’.

Este delito está penalizado, tal como lo explica el artículo 389 del Código Penal, con cárcel:  “El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquél donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses”, señala la norma.

De ahí la alarma cuando las cifras muestran crecimientos inusitados de la población apta para votar en alguna región del país.

Se tuvo acceso a la base de datos con la que la MOE revisó la inscripción de cédulas en todos los municipios del país y que fue el insumo para la elaboración de los nueve informes de alerta de esta ONG sobre posibles irregularidades en la inscripción de cédulas.

La cifra clave de esta base de datos es la ‘tasa de inscripción de cédulas en el país’, que según la MOE “se calcula dividiendo la cantidad de inscritos de cada municipio del país dividida sobre su población (según la proyección del DANE) y multiplicada por mil. Esto permite entender cuántos ciudadanos se han cambiado a los puestos de votación del municipio por cada mil habitantes, lo que hace comparables los datos de todo el país, a pesar de las grandes diferencias demográficas entre municipios”.

Al hacer ese ejercicio se revela que, en promedio, para estos comicios locales, la tasa promedio de inscripción en el país es de 85 por cada mil habitantes. Sin embargo, hay municipios que superan hasta cuatro veces ese promedio.

Para determinarlos, la MOE aplicó la ‘desviación estándar’, una medida estadística que permite detectar casos que se comportan de manera atípica, como lo muestra el mapa.

Fuente: DIARIO EL TIEMPO

 

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