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Diputados risaraldenses; ¿bajo investigación disciplinaria?

La Procuraduría General de la Nación a través de la Regional Risaralda inició una investigación disciplinaria en contra de los actuales diputados de la Asamblea departamental, por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, que conllevó a obstaculizar, al parecer, el normal desarrollo y funcionamiento de la administración seccional.

La Procuraduría General de la Nación a través de la Regional Risaralda inició una investigación disciplinaria en contra de los actuales diputados de la Asamblea departamental, por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, que conllevó a obstaculizar, al parecer, el normal desarrollo y funcionamiento de la administración seccional.

Con base en una queja formulada por un ciudadano el 30 de junio de 2017, el agente del Misterio Público tuvo en cuenta sus consideraciones y ordenó el 28 de agosto del mismo año, la apertura de indagación preliminar dirigida a los diputados: Julián Alonso Chica, Paola Andrea Nieto, Juan Carlos Valencia, Diomedes Toro, Alexánder García, Durguez Espinosa, Jhon Jairo Arias, Geovany Londoño, Vivian López, Hugo Armando Arango, Mario Marín y Fernan Caicedo.

La investigación

Los motivos por los cuales se produjo la queja, se refieren a hechos registrados en 30 de mayo de 2017, cuando el gobernador encargado, Diego Naranjo y la secretaria Jurídica del Departamento, remitieron exposición de motivos y proyecto de ordenanza “Por la cual se autoriza al Gobernador del Departamento de Risaralda para la Celebración de Contratos”.

En esa oportunidad el proyecto fue votado negativamente y no le concedieron las facultades al gobernador para celebrar contratos hasta el 31 de diciembre de 2017.

Consideró el quejoso que las normas fueron vulneradas por los diputados y en consecuencia solicitó la suspensión provisional de cada uno de ellos como medida preventiva a adoptar.

Vencida la etapa de indagación preliminar, la Procuraduría Regional evaluó cada uno de los puntos y procedió a ordenar la investigación disciplinaria en contra de los corporados antes mencionados.

Una vez agotados los recursos, el Ministerio Público resolvió notificar personalmente a los implicados la determinación tomada en la providencia, advirtiendo que contra la misma no procede recurso alguno, que tienen derecho a designar defensor, además de suministrar la dirección del correo electrónico o número de fax en caso que por escrito acepten ser notificados de esta manera.

Desde el pasado 7 de junio los diputados investigados empezaron a recibir las notificaciones del auto de apertura de investigación disciplinaria.

Fuente: EL DIARIO

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