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Un nuevo aplazamiento de la votación y los impedimentos aprobados de gran parte de la Comisión Primera de la Cámara le dieron la estocada al proyecto que implementaría el primer punto que se votó en la consulta anticorrupción del 26 de agosto.

Con más de una decena de impedimentos, recusaciones contra varios representantes y una discusión que giró alrededor de si la propuesta generaba algún conflicto de intereses entre los congresistas que la votarían, este martes se aplazó nuevamente en la Comisión Primera de la Cámara la votación del proyecto que busca ponerles un tope máximo a los salarios de congresistas y altos funcionarios del Estado, lo que significa, en plata blanca, que la iniciativa se queda sin oxígeno, los tiempos ya no dan para su aprobación y tendría que ser radicada otra vez en marzo próximo, en el segundo período de la Legislatura 2018-2019.

Ante esa discusión jurídica fue, precisamente, que la sesión se inició con la petición de Germán Navas Talero, del Polo Democrático, y Ángela María Robledo, de Colombia Humana, para que el Gobierno Nacional retirara el proyecto y se hicieran las correcciones necesarias para que los congresistas no adujeran que había conflicto de intereses. “¿Por qué lo presentaron si iba a haber una recusación masiva? ¿Por qué se trae acá y estalla como una bomba? ¿Por qué no se retira el proyecto y se generan las condiciones para su votación? (…) Nunca me había dolido tanto un impedimento como el de hoy”, señaló Robledo.

En ese mismo sentido, el representante Navas Talero criticó que la iniciativa no hubiese tenido la rigurosidad jurídica requerida para evitar esa situación y aseguró que lo más precedente era fijar un tope, mas no una reducción de los salarios. “El patrono está obligado a mantener salario, no a subirlos, salvo el salario mínimo. Lo que he sostenido es que en vez de que les bajen se les ponga un tope a todos, que no pueda subir de donde está. De esa manera se congela a todos durante los cuatro años siguientes”, explicó.

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Una línea similar a la de Edward Rodríguez, del Centro Democrático, quien expuso los argumentos de un estudio jurídico en el que se consigna que sí existe un interés directo, particular y actual sobre la reducción de los salarios y que, por tanto, el Consejo de Estado podía, posteriormente, quitarle la investidura a cualquier congresista que participara en los debates. “Si ese acto legislativo contemplara que la decisión afecta a los funcionarios a partir de 2022, no habría problema. Pero hoy afecta a los que están en el Congreso y cualquiera podría demandar”, dijo Rodríguez.

“Es evidente que, por sustracción de materia, no hay con quién votar. El proyecto ya no tiene tiempos. Seguramente volverá a estar en el orden del día, pero no se aprobará (…) el Congreso queda muy mal. Tenemos una imagen desfavorable del 76 % y lo mínimo que debemos hacer es responder a las demandas ciudadanas, cuando la mitad de la población gana menos de un salario mínimo. Es una mala noticia para la legitimidad del Congreso”, enfatizó, por su parte, Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, una de las pocas que no se declaró impedida, lo que le iba a traer problemas con las recusaciones que, finalmente, fueron retiradas.

A pesar del evidente naufragio de uno de los proyectos que fue concertado en la Mesa Técnica Anticorrupción, que además implementaba el primer punto de la consulta anticorrupción que se realizó el pasado 26 de agosto, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, insistió en el interés del gobierno del presidente Iván Duque en apoyar el paquete legislativo y aseguró que esta semana espera traer el mensaje de urgencia para que estas iniciativas tengan prioridad en el orden del día. La funcionaria reiteró que no se podía retirar este ni otros proyectos, como se había pedido, toda vez que la autoría no era exclusiva del Ejecutivo, sino que tenía participación de una gran mayoría de los partidos con asiento en el Capitolio.

Además, negó que el proyecto se hundiera por falta de tiempos, pues, según los cálculos, si se hubiese aprobado este martes, se hubiese discutido en plenaria de Cámara el 15 de noviembre y llegaría el 1° de diciembre a debate en Comisión Primera del Senado, en donde tendría uno o dos días de discusión y aprobación, y lograría llegar antes del 16 de diciembre a la plenaria de esa corporación.

En todo caso, la jefa de la cartera política reveló que desde su despacho se contrató al constitucionalista Juan Manuel Charry para que enviara un concepto jurídico sobre si la discusión y votación de esta iniciativa generaban algún tipo de conflicto de interés. La conclusión principal, se leyó en la sesión, fue que este debate sí generaba dicho motivo de impedimento al tratarse del salario propio de estos funcionarios y que los congresistas tenían la obligación constitucional de declararse impedidos “cuando existe interés directo en la decisión que los afecte de alguna manera, bien sea en beneficio o en perjuicio”.

Ya sin oxígeno, el debate sigue alrededor de los impedimentos, pues otras voces dentro del Legislativo no entendían los motivos si iniciativas parecidas se habían votado anteriormente en el Senado por lo menos tres veces.

BÚSQUEDA

Esa fue una de las conclusiones de una reunión entre la bancada del Centro Democrático y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. A pesar de la decisión de no apoyar el IVA a la canasta familiar, el uribismo manifestó su apoyo al gobierno de Duque.

El IVA a gran parte de la canasta familiar, que contempla la reforma fiscal que debe empezar a discutirse esta semana en el Congreso, ha sido uno de los puntos más polémicos de la propuesta, que, además, ha encontrado bastante resistencia entre los partidos políticos en el Legislativo.

Precisamente, ese fue uno de los asuntos que fueron objeto de discusión en una reunión que sostuvo la bancada del Centro Democrático con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la que, de boca del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, se conoció que el gobierno habría aceptado buscar alternativas para evitar gravar la canasta familiar básica. No obstante, no hay un pronunciamiento del Gobierno al respecto.

Lea: Ni el Gobierno se baja de su propuesta de IVA a la canasta familiar, ni el Congreso se sube en ella

“Le hemos pedido al presidente Duque, a su equipo de Gobierno, busca opciones que eviten el IVA a los bienes básicos de la canasta. El ministro Carrasquilla va a buscar unas opciones con los ponentes de los diferentes partidos políticos, porque el país necesita corregir esa reforma, pero sacarla adelante”, señaló Uribe al término de la reunión, que duró casi tres horas en la oficina del presidente del Senado, Ernesto Macías.

A pesar de a esta petición, que ya se había hecho desde la semana pasada por el mismo expresidente, se reiteró el apoyo de la bancada uribista al Gobierno y a su proyecto de reforma llamada Ley de financiamiento.

Lea: IVA a la canasta familiar: ¿se enfrentarán los partidos con el Gobierno?

Para Uribe, uno de los puntos más importantes que contiene la iniciativa es el tratamiento que se le dará a la pequeña y mediana empresa, en donde se buscará que las que facturen hasta 2.600 millones al año paguen un impuesto de entre el 2 y el 13 %, en donde quedará incluido el IVA y el ICA. “Es un gran estímulo a la pequeña empresa, a la creatividad”, dijo Uribe.

En conclusión, el Gobierno buscaría, junto a los ponentes de los partidos políticos, opciones diferentes al IVA a la canasta familiar para evitar afectar a los más pobres y a la clase media colombiana.

Una propuesta muy similar lanzó el senador David Barguil, del partido Conservador, quien invitó a las colectividades a instalar una mesa de diálogos alrededor de la Ley de Financiamiento. “”Entre todos podemos sacar las mejores decisiones para el país, impidiendo que se grave con IVA los bienes básicos de la canasta familiar y se golpee a la clase media y los más vulnerables de Colombia. Tenemos que ser propositivos, sentarnos y plantear soluciones que reemplacen esos ingresos que se pretenden recaudar con el IVA”, dijo Barguil.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR

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