El exviceministro Luis Ernesto Gómez, y los exministros del interior, Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, anunciaron que una vez termine la vacancia judicial interpondrán la demanda por razones de constitucionalidad.

Los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, y el exviceministro Luis Ernesto Gómez, afirman que el decreto expedido es inconstitucional.Archivo

Tan polémica ha sido la expedición del nuevo decreto sobre el porte de armas, que tres exfuncionarios del gobierno de Juan Manuel Santos advirtieron que, el 11 de enero de 2019, cuando termine la vacancia judicial, demandarán el decreto 2362, firmado por el presidente Iván Duque en la madrugada de este 26 de diciembre, y en el que se prorroga la suspensión de los permisos para el porte de armas, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

El anuncio fue lanzado por el exviceminstro del Interior, Luis Ernesto Gómez, quien en su cuenta en Twitter sostuvo que la demanda será interpuesta por él, junto a los exministros del Interior, Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo. Estos tres dirigentes liberales hicieron parte del equipo de gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y hacen parte del grupo de disidentes del Partido Liberal que hace algunos meses fundó un nuevo movimiento político.

Luis Ernesto Gómez:

“Finalizada la vacancia judicial presentaremos demanda contra el Decreto de Porte de Armas, junto con los exministros @riveraguillermo y @CristoBustosFacultad otorgada a @Mindefensa para dar permisos especiales reabre la puerta al rearme de civiles. En hilo argumentos jurídicos”.

El exviceministro Gómez acompañó el anuncio de la demanda con varios argumentos jurídicos que serán expuestos ante la justicia. “El decreto viola los artículos 189 numeral 4º y 22 A de la Constitución Política (incorporado por el AL 05 de 2017) porque se desprende genéricamente de la facultad presidencial para conservar el orden público en el Ministro de Defensa para dictar lineamientos y directrices”, explica.

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En segunda medida, Gómez asegura que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado contra el Estado colombiano por autorizar la expedición de permisos de porte de armas a particulares. Con este argumento, el exviceministro se refiere puntualmente al decreto que les dio vida a las llamadas Convivir (cooperativas de seguridad privada) que han sido vistas por historiadores y especialistas en el conflicto como el caldo de cultivo del paramilitarismo.

“La facultad genérica establecida en decreto 2362 de 2018 viola los artículos 10 y 11 de la Ley 1119 de 2006, en los cuales se establecen los criterios específicos para otorgar permisos al porte y tenencia de armas.Un decreto ordinario no puede derogar una ley”, añadió Gómez. En síntesis, el argumento del exviceministro es que el presidente no puede otorgar facultades genéricas al Ministerio de Defensa para definir los lineamientos sobre este tema, porque estos están fijados en leyes de la república.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR

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