El fallo del Consejo de Estado, emitido el pasado jueves, declara la caducidad de la acción de pérdida de investidura interpuesta por el abogado Daniel Silva, tras considerar que pasaron 9 años de la elección del Contralor de Pereira (y no cinco como dice la ley), acción que el entonces concejal Juan Pablo Gallo votó a favor en enero de 2008 y no se declaró impedido pese a que el ente de control adelantaba un proceso en su contra.

Para que sea admitida la demanda debe presentarse la misma dentro del término de cinco años contados a partir del hecho según el articulo 6 de la Ley 1881 de 2018. Para los magistrados en la acción de pérdida de investidura se configuró la figura jurídica de caducidad sobreviniente por el fenómeno de aplicación forzosa del principio de favorabilidad.

Fuente: EL DIARIO

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