La propuesta del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, de derribar por lo menos dos Espacios Territoriales de Capacitación, ETCR, donde los excombatientes de Farc se preparan para la reincorporación, no fue bien recibida y dejó un sinsabor entre los exguerrilleros.

“Se han convertido en una especie de invasión en la que están llegando todo tipo de personas, amigos y familiares y se está perdiendo el origen y la esencia de lo que era la zona de desmovilización o normalización”, expresó Luis Pérez.

El mandatario antioqueño indicó que la próxima semana viajará a demoler Vidrí, en Vigía del Fuerte, “y devolver esos terrenos limpios a las comunidades afrodescendientes. Ese es un avance preciso sobre lo que debe irse solucionando en lugares en los que cada vez es más complejo el manejo del orden público”.

Con las declaraciones de Pérez sobre la mesa, Pastor Alape, excomandante de Farc y dirigente político de ese partido, aseveró que “amenazar con derribar, es decir violentar la infraestructura de los ETCR en Antioquia sin proponer soluciones genera incertidumbre y desesperanza en la construcción de paz”.

¿Conviene derribarlos?

En la construcción de 28 campamentos en 26 ETCR para la reincorporación de excombatientes se invirtieron 176.000 millones de pesos según datos de Mauro Rodrigo Palta, director del Fondo de Programas Especiales para la Paz. Desde esta entidad confirmaron a EL COLOMBIANO que el valor ejecutado en la construcción de estos sitios en Antioquia fue de $23.087.176.996.

Así mismo, desde la Agencia de Reincorporación Nacional informaron que el 16 de agosto de 2017 ingresaron a las zonas veredales 6.804 personas para su reintegración, y al 9 de mayo pasado hay 4.050 en los ETCR. Evelyn Suárez expresó que de esta agencia gubernamental no se pronunciarían sobre el asunto de la eliminación de los espacios.

Por el valor invertido, derribarlos es para los exguerrilleros un despropósito y ayuda a torpedear, de alguna manera, la implementación de un Acuerdo atrasado.

No obstante, el gerente de los ETCR, Jefferson Mena Sánchez, explicó que estos espacios son transitorios y el Gobierno tiene la facultad de disponer de ellos como quedó explícito en el decreto de su creación (ver paréntesis).

“Es facultad del Gobierno, previa evaluación, determinar si un espacio territorial continúa, se levanta o se transforma; en ese orden de ideas la responsabilidad de estos es del Presidente de la República y el Gobierno nacional”, dijo.

Aplicando esa facultad presidencial, desde el Alto gobierno se decidió, mediante el decreto 982, eliminar los ETCR de Vidrí, Vigía del Fuerte, Antioquia; y el Gallo, en Córdoba.

Las razones expuestas son que desde Vigía del Fuerte, los exguerrilleros enviaron una carta solicitando el cambio para desarrollar proyectos productivos en un terreno en Quibdó que es evaluado por al Agencia Nacional de Tierras para su compra.

En el caso del ETCR El Gallo, la solicitud llegó desde el Ministerio de Defensa argumentando que la vigilancia de un espacio en el que hay muy pocos desmovilizados es muy costoso sostener la tropa.

Consulta a las comunidades

La infraestructura de los ETCR, algunos dotados con servicios públicos, debería ser aprovechada para darle otros usos que beneficien a las comunidades aledañas.

El profesor de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Medellín, Luis Fernando Agudelo Henao, consideró que para estos espacios se debe consultar a los habitantes de estas regiones y que ellos decidan su uso.

“Se deben tener en cuenta los esquemas de ordenamiento territorial y planes básicos. Son las comunidades de cada uno de los municipios, en los que se hizo la intervención, las que deben decidir qué hacer con esos territorios”, indicó el docente universitario.

En palabras de Mena Sánchez, gerente de los ETCR, el cierre de una zona de estas no debería tomarse como un fracaso, por el contrario, “denota que vamos bien por el camino de la reincorporación”, y en esa vía, un proceso normal que deben cumplir los que alguna vez empuñaron las armas para el retorno al camino de la legalidad.

“200 policías vigilan Vidrí, un espacio con 12 guerrilleros”, expresó Luis Pérez.
Una fuerte polémica desató el anuncio de dos cierres de ETCR donde adelantan su proceso de reincorporación los desmovilizados de las Farc. El Gobierno dice que es un asunto legal.

Contexto de la Noticia

El decreto 2026 del 4 de diciembre de 2017 consignó: “Los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) podrán tener una

duración de dos años contados a partir de la fecha establecida en los artículos 1 y 2 del Decreto 1274 de 2017. Lo

anterior, sin prejuicio de la evaluación que permita al Gobierno Nacional modificarlos, suprimirlos o prorrogarlos según las necesidades del caso, por razones de seguridad, de índole administrativo y cualquier otra que pueda presentarse”.

Fuente: DIARIO EL COLOMBIANO

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