La semana pasada, los cimientos del Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) se sacudieron como nunca en su historia. La razón tuvo que ver con las consecuencias de las investigaciones que causaron un sismo de repercusiones nacionales e internacionales.

En la edición anterior, esta revista reveló cómo miles de millones de pesos de operaciones legítimas terminaron desviados y en los bolsillos de algunos militares y, en otros casos, utilizados para comprar equipos electrónicos empleados con fines poco claros. Los contundentes testimonios y confesiones de más de una docena de militares que participaron en estos hechos no dejaron duda de lo que venía ocurriendo. Ya en diciembre de 2016, en una primera entrega, SEMANA había mostrado cómo mediante hackers se crearon operaciones y fuentes ficticias para apropiarse de los dineros.

Las primeras reacciones vinieron del exterior. El domingo 15 de abril el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, publicó el siguiente trino sobre las revelaciones de SEMANA.

“.@RevistaSemana publica evidencias sobre que oficiales colombianos habrían intentado realizar un ataque cibernético contra mí en 2017. Le exijo al Ministro de Defensa (@mindefensa) una aclaración inmediata al respecto. Pido a @FiscaliaCol una investigación exhaustiva”, este fue uno de varios trinos que publicó.

Por su parte, el relator especial para la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, escribió: “Recibimos con preocupación esta denuncia: @JMVivancoHRW, defensores y políticos habrían sido espiados al margen de legalidad en Colombia por algunos militares con tecnología sin control legal. Instamos a @FiscaliaCol investigar episodio que amenaza libertad de opinión y expresión”.

“Las actividades de inteligencia son legítimas y necesarias siempre y cuando se dirijan a objetivos legítimos como la lucha contra la criminalidad. Nunca será admisible cuando se utilicen para neutralizar a contradictores y especialmente defensores de derechos humanos”, afirmó la Defensoría del Pueblo de Colombia sobre el escándalo.

En la mañana del lunes 16 de abril, el procurador general, Fernando Carrillo, anunció en una rueda de prensa las primeras consecuencias de las investigaciones que el Ministerio Público adelantó después de la primera publicación de SEMANA en diciembre pasado. Contó que el 5 de abril de 2018 la Procuraduría adelantó una inspección especial al CGFM en desarrollo de la indagación abierta el 11 de diciembre de 2017, por presunto desvío de recursos de los gastos reservados, seguimientos ilegales, uso de información secreta y otras actividades no ajustadas a la ley.

“En atención a la gravedad de los hallazgos por parte del equipo de investigación, se adoptaron las siguientes determinaciones: solicitar al ministro de Defensa que suspenda hasta por 30 días la ejecución, disposición, uso o entrega de los recursos de la cuenta de gastos reservados asignados a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (Rimec), adscrita a la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares (Cconi), para que en ese tiempo se adopten medidas de control adicionales, previas y suficientes, que garanticen el manejo de dichos recursos conforme al ordenamiento jurídico vigente”. Por primera vez, la Procuraduría solicitaba suspender los giros de recursos a las dos unidades más importantes de las Fuerzas Militares colombianas.

El jefe del Ministerio Público también anunció que “La Procuraduría ha recaudado elementos probatorios que llevarían a establecer la posible participación de doce (12) miembros de las Fuerzas Armadas, 7 oficiales y 5 suboficiales”. Finalizó su intervención con otro anuncio de igual calibre. “Como parte de esta indagación, la Procuraduría dispondrá un equipo especial que examine lo relacionado con la presunta adquisición de equipos para la interceptación de comunicaciones, el uso que se le habría dado a los mismos y si se afectó con ello a personalidades de la vida nacional”.

Dos días después, el gobierno nacional tomó nuevas decisiones. A las 7:30 de la mañana del miércoles 18 de abril, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, acompañado del comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, y el secretario para la Transparencia de la Presidencia de la República, Gabriel Cifuentes, convocó a una rueda de prensa para referirse a las denuncias de SEMANA. “En relación con el contenido del artículo de la revista SEMANA publicado el pasado sábado 14 de abril de 2018, el Ministerio de Defensa Nacional se permite señalar… Frente a la seriedad de los hallazgos, de conformidad con las instrucciones del ministro, la Oficina de Control Interno Sectorial (Ocis) solicitó las investigaciones pertinentes y entregó el informe a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General”.

Villegas afirmó que en las reuniones con los entes de control e investigación entregó “documentación sobre posibles responsables, procedimientos para cometer el ilícito y la ubicación de la documentación de soporte, la cual es objeto de reserva”. El ministro también dijo que habían acatado la solicitud del procurador para suspender el envío de recursos a las unidades de inteligencia cuestionadas. Contó que el personal de inteligencia recibiría un reentrenamiento y sería sometido a estrictas y más frecuentes pruebas de confiabilidad. Sin embargo, la medida de fondo y de mayor contundencia no apareció en el comunicado oficial.

El ministro afirmó que “dentro del organigrama de las Fuerzas Militares dejan de existir el Comando Conjunto de Inteligencia (Cconi) y la Regional de Inteligencia (Rimec)”. No se trata de una medida cualquiera. Aunque a muchos de los colombianos no les dice mayor cosa, la realidad es que se trataba nada menos que de las dos columnas principales de la inteligencia de las Fuerzas Armadas. El hecho de decidir acabarlas buscaba tratar de cortar de raíz el árbol de la corrupción, enviar un mensaje de cero tolerancia con esas prácticas y ponerles punto final a los escándalos. No obstante, por encima de estas consideraciones, es claro que tanto el ministro Villegas como el alto gobierno tenían suficientes elementos para suponer que había cosas aún más graves de las que ahora se conocen y que es muy posible que las investigaciones las encuentren.

El anterior comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, actual embajador de Colombia en Corea del Sur, dijo en su momento a SEMANA que rechazaba las denuncias sobre malos manejos y mencionó, entre otras cosas, los informes de la Contraloría General en los cuales, según él, no habían encontrado ninguna irregularidad. Sin embargo, a mediados de la semana pasada el propio contralor Edgardo Maya afirmó lo contrario e, incluso, reveló que efectivamente sí habían encontrado irregularidades en los controles a los gastos reservados de inteligencia. Afirmó que trasladó los respectivos hallazgos a la Procuraduría General. Y paralelo a ello, el miércoles pasado solicitó una reunión de carácter urgente con el equipo del Ministerio Público que adelanta la investigación con el fin de cruzar los datos existentes y disponibles que evidencien manejo inadecuado de los recursos públicos.

Lo que falta

Si bien el caso se ha enfocado principalmente en el tema del desvío de recursos, la realidad es que esta investigación tiene un aspecto mucho más complejo. Los responsables usaron parte de esa plata para comprar equipos, entre ellos uno conocido como Wifi Pineapple. Llamado por los militares “la piña”, este aparato tiene varias capacidades y alcance. Quien la opera puede engañar a los usuarios de una red wifi y hacerles creer que se conectan a las redes de sus casas u oficinas, cuando en verdad lo hacen con otro dispositivo del mismo nombre de las redes suplantadas que supervisa, intercepta e incluso modifica el tráfico entrante y saliente. Eso incluye sistemas de mensajería como WhatsApp, entre otros.

Varias de estas famosas piñas quedaron en manos de los organismos de investigación. Un análisis forense realizado por expertos permitirá recuperar todo lo que hicieron con ella. Se podrá determinar a cuáles redes wifi se ‘colgaron’, qué información obtuvieron y de quiénes dentro y fuera de Colombia. Esto permitirá determinar quiénes pudieron haber sido objeto de ese espionaje ilegal. Oficialmente, algunos de los involucrados negaron esas actividades, pero a nivel informal ya varios han reconocido que en efecto utilizaron esas capacidades técnicas para espiar a personalidades e incluso para suministrar esa información y otra de carácter reservado a miembros de campañas políticas.

No menos complejo resulta que varios de los militares envueltos en esta trama también han reconocido que acudieron a otras acciones non sanctas. “Usted no sabe lo fácil que es chuzar un teléfono. Es muy sencillo y acá en Colombia se consiguen esos equipos. La gente dice que oye un eco, etcétera, pero le aseguro que lo puedo interceptar y nunca se va a dar cuenta”. Este revelador testimonio en poder de SEMANA proviene de uno de estos militares, que terminaron contando cómo usaron estos aparatos para realizar lo que en Colombia se conoce popularmente como chuzadas (ver video).

Algunas de estas declaraciones se encuentran en poder de los organismos de investigación. No es un asunto menor, ya que se trataría de actividades ilegales que se creían superadas dentro de los organismos de inteligencia. Por temor, muchos de los responsables de estos actos aún no han revelado oficialmente a quiénes iban dirigidas esas actividades. No obstante, llegar al fondo no será fácil. El hecho de haber cerrado las unidades de inteligencia involucradas, así como las suspensión y destitución de varios de los uniformados involucrados dificultará conocer toda la verdad de esta caja de Pandora abierta en el CGFM.

CIFRAS Y CAPTURAS

Luego de que el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunciara una serie de irregularidades al interior de las Fuerzas Militares, se conoció que los actos indebidos también se registraron en la Agencia de Logística de las FF.MM, la cual se dedica a suministrar la alimentación a los soldados en el territorio nacional.

Este viernes, en medio de una rueda de prensa presidida por el comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía, el viceministro de Defensa para el Grupo Social y Empresarial del Estado, Javier Pérez, y el coronel Óscar Jaramillo, director de la Agencia Logística, anunciaron que desde el año pasado reportaron anomalías en el dinero que estaba destinado para la alimentación de los uniformados.

Según Pérez, en este caso se hallaron “actos de corrupción de algunos funcionarios de la Agencia de Logística”, y añadió que por estos hechos ya varias personas están detenidas, mientras otras fueron llevadas a estrados judiciales.

“Ellos tienen que pagar por lo que han hecho, nosotros hemos sido parte de las investigaciones y hemos sido los acusadores de estas personas inescrupulosas que han querido hacer mal uso de la Agencia Logística (…) y no vamos a permitir que cualquier acto de corrupción quede impune”, afirmó Pérez.

Los capturados

El director de la Agencia, general Jaramillo, anunció que han sido 29 procesos de investigación los que se han adelantando por estos hechos, y que han dejado 19 personas vinculadas a la indagación. También precisó que cuatro personas fueron capturadas tras ser sorprendidas cometiendo actos ilícitos.

“Se trata de Luisa Parafor Pájaro, tesorera de la entidad; Luis Martínez, contratista y quien además llegó a un acuerdo con las autoridades para denunciar el ilícito.

Otro de los capturados fue Víctor Orozco quien fungió como auxiliar contable, y una cuarta persona que está por establecer”, agregó Jaramillo y señaló que los procesos de investigación donde se evidencie autoría o participación de uniformados se remiten a la Procuraduría General de la Nación para que inicien las acciones disciplinarias correspondientes.

Por otro lado, señaló que hasta el momento tienen 30 procesos internos.

Así fue el desfalco

“En lo que tiene que ver con la regional Atlántico, el faltante de dinero asciende a los 4.872 millones de pesos. De los demás 28 procesos se han establecido faltantes por 4.736 millones de pesos, esto en el modus operandi de faltante de material por robo, faltante de material por no entrega a las unidades llámense unidades ranchos de tropa o centros de almacenamiento, y la última establecida por un valor de 1.708 millones de pesos que son contratos elaborados sin los requisitos plenos”, afirmó Jaramillo.

Según el oficial, la Fiscalía logró establecer que en el 90% de los contratos, los miembros de la Agencia Logística (algunos de ellos ya detenidos) le pedían al proveedor coimas entre el 7 % y 10%.

Fuente: REVISTA SEMANA / VANGUARDIA

04/24/2018

Se agudiza el escándalo de corrupción en las Fuerzas Militares

  La semana pasada, los cimientos del Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) se sacudieron como nunca en su historia. La razón tuvo que ver con las […]
04/18/2018

Fernando Muñoz entrega biblioteca en sector de Frailes del “Municipio Industrial”

Con una inversión cercana a los 70 millones de pesos, el Alcalde Fernando Muñoz a través de la Secretaría de Obras Públicas, realizó obras de rehabilitación […]
04/18/2018

Nuevo y grave escándalo de corrupción al interior de las Fuerzas Militares

La esperanza de que avancen las denuncias por corrupción en el Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) está en manos de la Procuraduría. Este domingo, […]
04/12/2018

En el Concejo de Pereira, se habló sobre devolver dinero de la valorización

El secretario de Hacienda de Pereira, Carlos Alberto Maya, estuvo en el Concejo Municipal rindiendo informe de gestión del 2017. Allí señaló a los concejales que […]