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A raíz de los hechos de público conocimiento que tuvieron como epílogo la salida del general Rodolfo Palomino, del ex viceministro de defensa, senador Carlos Rodolfo Ferro Solanilla y de postre, de la periodista Vicky Dávila de La FM en torno al caso de la eventual red de prostitución dentro de las filas policiales, varios sectores de la política dieron a conocer sus distintas opiniones.

Algunos acérrimos santistas se mostraron indignados al sostener que el video revela aspectos particulares de la vida de Ferro, los cuáles pretendieron ser manipulados ante la opinión pública para construir una imagen desfavorable del gobierno.

La extrema derecha, el uribismo, enemigo declarados del Proceso de Paz, al que considera ilegítimo, dió rienda suelta a nuevas parafernalias verbales tendientes a deslegitimar la buena fe del actor fundamental del acuerdo.

Aún la izquierda, principal artífice de la victoria de Santos cuando todo indicaba que los partidarios del actual senador Uribe recuperarían la Presidencia, aprovechó la ocasión a fin de señalar las “desgracias” devenidas del modelo capitalista, del sistema de economía liberal de libre mercado y del gobierno Santos.

Sin embargo, si bien las posiciones en todo momento reflejaron distintos rótulos ideológicos e intereses a veces no tan contrapuestos, la suma de la clase política colombiana coincidió en un solo sentido: La clara intención política consiente e inconsciente de dar al traste con los diálogos de La Habana, Cuba.

El que esté libre de pecado

Una de las garantías primordiales de cualquier constitución republicana, democrática, respetuosa de las libertades y los derechos individuales, es establecer que los actos privados de naturaleza ético – moral, queden librados a la conciencia de cada ciudadano.

Por su parte, la mismísima Vicky Dávila admitió textualmente que “El video no se puede ver aisladamente sino como la prueba de las mentiras de uno de los involucrados denunciada por una víctima ya reconocida de la ‘Comunidad del Anillo’, la red de prostitución dentro de la Policía”. “El señor Ferro había negado, entre muchas cosas, que conocía al capitán con el que aparece grabado”, agregó la periodista en una difundida entrevista con Daniel Coronell.

De ello se deduce que la evidencia por sí sola significa poco. Pero a pesar de que en el contexto de las investigaciones constituya una pieza clave para llegar a la verdad de un caso desnudando graves irregularidades en materia institucional; ¿qué se pretende realmente? ¿Señalar al gobierno por hechos de corrupción o dañar su imagen con fines e intereses políticos, aprovechando el desprestigio de la cuestión de la homosexualidad en una gran parte de sociedad colombiana? ¿Sería que el homosexualismo es patrimonio exclusivo santista, sin haberlos en el uribismo o en la izquierda democrática?

No se pueden ignorar los hechos de corrupción, los cuáles deben ser condenados. Tampoco, la clara intencionalidad de algunos para enterrar viva la promesa del gobierno, de darle la paz a los colombianos después de sesenta y cinco años de guerra civil ininterrumpida, sea por dar mayores justificativos a los profetas de la reacción o bien, por los pingues ganancias obtenidas sobre la sangre de miles de compatriotas.

Vicky Dávila no es de ninguna manera una heroína, víctima de “manos extrañas impidiéndole llegar a la verdad”. Detrás de la excelencia profesional indiscutida, del prestigio obtenido a través de una sólida experiencia en los medios masivos de comunicación nacional, se encuentra una profesional comprometida con ciertos arquitectos del orden social, quien hablando mal y pronto, “no da puntada sin hilo”, al punto de acabar recogiendo la sencilla por causa de una intolerancia de la que no siempre fue tan detractora, sino aliada.

Como enunció también la comunicadora social, en caso de haber renunciado “debido a presiones del gobierno”, éste no podría haber cometido peor error. Lejos de contribuir al mejoramiento de la opinión pública, estaría “haciéndole el juego” a sus detractores frente la opinión pública, la cual podría hacerse a la idea equivocada de una especie de complicidad inexistente.

Finalmente, en el hipotético caso de haberse pretendido silenciar a tan intensos adversarios, además de posibilitarle a Dávila conservar el empleo; ¿no hubiera resultado más fácil realizar un gran juicio público, donde cada cuál recoja las culpas de su incumbencia, demostrando de paso que “en el gobierno del Presidente Santos nadie está más allá de la ley”? Dar muestras de transparencia, permitir informar y que las conclusiones vayan cayendo por su propio peso, para mantener la casa en orden, empezando por los chismes o comentarios malintencionados.

“Golpe a golpe, verso a verso”

La frase del poema del español Antonio Machado, llevado al disco por Joan Manuel Serrat, podría traducir perfectamente el accionar de Centro Democrático, cuya dialéctica pareciera encontrar perfecta sustentación en intento de arrasar cualquier medida del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, aunque durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez sea posible encontrar demasiadas similitudes, incluso perfeccionadas durante la actual gestión.

Quizás se encuentre en este uno de los principales motivos para explicar por qué, pese a mantener un alto índice de favorabilidad el actual senador, en cambio el partido político haya estado lejos de colmar las expectativas electorales de sus fundadores, porque si algo quedó suficientemente claro es que el nombre del ex presidente no alcanza por sí sólo para gobernar.

El discurso sobre el deterioro de la situación de orden público, también es insuficiente. A algunos les alcanzará para recordar “los buenos viejos tiempos de la mano firme con el corazón grande”, pero apartado de los sencillos y agotados versículos de detracción que pretenden acusar de “Castro – chavista”, a un gobierno que defiende la propiedad privada o el derecho de las multinacionales, carece de propuestas alternativas en materia de empleo, salud, educación.

Esto, sin contar el acompañamiento de muchas de las medidas que hoy critica, como la venta de ISAGEN, las negociaciones de soberanía con Nicaragua y hasta el inicio de diálogos con las FARC, los cuales el propio Uribe reconoció haber intentado durante no menos de media docena de veces.

Todo indicaría que al margen de la falta de propuestas, de fracasar la gestión de Santos, sería cuestión de tiempo para el inminente retorno del uribismo al poder, como ocurrió en los días del presidente Andrés Pastrana, cuando se hizo evidente en la sociedad colombiana una mayor demanda de control social u orden público, entre otras causas por el auge guerrillero y el hundimiento de las conversaciones en El Caguán.

No obstante, de continuar el progreso de las negociaciones, los tiempos de la teoría de la “solución armada” al conflicto interno, llegarían a su fin. Cambiaría el contexto real. Los tiempos, los intereses en juego serían otros y de allí, la necesidad permanente de los seguidores de Uribe por sabotear lo diálogos. En el caso de firmarse el acuerdo, realizar la nada sencilla tarea o hasta lo imposible, para que la población lo rechace.

El resto es deducible: Provocar la caída del gobierno e iniciar una “caza de brujas”, capaz de alcanzar desde reconocidos dirigentes de la política tradicional, a colombianos anónimos con distintos puntos de vista acerca de la organización política y socio económica del Estado.

De allí que se imponga una máxima no demasiado comprobable en la práctica: “A Ferro revuelto, ganancia de uribistas” comprobada y por ende, se trata de desacreditar al gobierno “golpe a golpe, verso a verso”. Es eso, sin aportar soluciones a nada. No mucho más.

Criticar sin mediar consecuencias

La izquierda, que hace algunos años superó sus divergencias internas, logrando advertir el golpe fatal propinado a las posibilidades de una salida negociada al conflicto armado de no salir reelecto Santos, flaco favor le haría a la causa de la paz si de alguna forma contribuyera a la salida del gobierno, de manera independiente a la veracidad o no de sus denuncias.

Denunciar los atropellos, las injusticias de un modelo, es válido en un sistema político, aunque presuma de carácter democrático. Sin embargo, no prever las consecuencias a futuro de una decisión, por más acertada que sea, podría propiciar un retroceso de consecuencias catastróficas para el país, de tenerse en cuenta las circunstancias irrepetibles en lo referente del tránsito de Colombia hacia la paz.

Es cierto. La verdadera paz, sostenible, no se obtiene firmando un documento de común acuerdo entre varias partes, sino al menos poniendo al país en posición de establecer las pertinentes vías de solución a los distintos focos de conflicto, de ser imposible arribar a los mismos inmediatamente.

El primer requisito para lograrlo, en el mejor de los casos, debería ser comenzando por la sincera intención, más que el mero ideal de promover el bienestar general por intermedio de la genuina consolidación de la paz interior.

El elevado presupuesto destinado a la guerra, que en tiempos de los gobiernos uribistas llegó a superar holgadamente más de la mitad del producto bruto interno, se lleva los recursos destinados a la construcción de fuentes de trabajo, hospitales, escuelas, viviendas dignas, planes de contingencia y demás prioridades por encima de seguir alimentando a las fuerzas armadas -con la pérdida a largo plazo que conlleva la adquisición de armamentos- en lugar de invertir en el porvenir de la nación entera.

Podría decirse que algunos sectores al interior de la izquierda, a causa de sus posturas radicales, adoptaron posiciones muy poco diferentes por no decir idénticas a las de su antítesis de la derecha, dándole la razón a aquella sabiduría popular advirtiendo que los extremos opuestos, llegado un punto determinado, se tocan.

La paz como bien común

No será imponiendo un determinado modelo, ni estableciendo controles sociales estrictos, el modo de devolverle la dignidad a los hombres y las mujeres en la tierra colombiana. Del mismo modo que la fuente de toda riqueza, prosperidad, bienestar, reside en el trabajo, la posibilidad de laborar tiene su origen en un escenario no beligerante, donde la paz genere la suma de las posibilidades para albergarlo.

La paz no se alcanza sometiendo al escarnio público a un grupo de personas, por más culpables que sean para hacer justicia y mucho menos, con el propósito de generar malestar, utilizando el subsistente desprestigio de la condición homosexual, a fin de obtener réditos políticos para destruir al contradictor. Es exactamente al revés: Se alcanza la justicia en todos los niveles de la vida humana, jurídica, social, interior, dejando de lado los ataques personales alevosos, como punto de partida para alcanzar el bienestar suficiente que permita hacer posible la paz.

Colombia florecerá cuando la paz sea la garante fundamental del primer derecho humano de todos, el de la vida, sin la cual nada de cuanto se haga podría tener sentido alguno. No, en cambio, cuando las acusaciones vengativas con ansia de revancha y resabios de chisme de feria, plagadas de intereses tan mezquinos para apelar a la discriminación solapada en forma de arma política, pretenda arrojar a un grupo de presuntos culpables a la pista del circo mediático, a fin de que una complacida minoría de oscuros personajes puedan alcanzar sus propósitos siniestros.

Escribe: CARLOS ALBERTO RICCHETTI

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