Buena parte de los millonarios recursos que pagaron la corrupción electoral en el departamento del Atlántico, salieron, de acuerdo con las pruebas recaudadas por los investigadores, de contratos con entidades públicas, pero la empresa privada también hizo un importante aporte.

En el capítulo público, la Fiscalía determinó que algunas alcaldías firmaron convenios con supuestas fundaciones para prestación de servicios y cuyos representantes resultaron ser quienes ahora están en el listado de indagados en la “nauseabunda” corrupción electoral.

El centro de operaciones, destinado a diseñar y ejecutar el plan para la compra de votos, era la llamada “Casa Blanca” de la capturada senadora Aída Merlano y allí entrenaba un ejército de colaboradores con roles bien definidos:

• Administradores: encargados del manejo de los recursos logísticos y financieros.

• Punteadores: encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados, así como los certificados electorales y contraseñas con códigos de barras.

• Pagadores: encargados de entregar contraseñas en la casa de los líderes.

• Coordinadores: entregaban contraseñas en casas de apoyo.

• Didactas: encargados de enseñar a votar en los tarjetones y se desempeñaban también como testigos electorales

En el espacio de lo privado, la Fiscalía investiga si reconocidos empresarios financiaron el operativo de compra de votos, entre ellos y citados a interrogatorio: Julio Gerlein y Mauricio Gerlein Echeverría.

Los investigadores tiene en su poder cheques girados a nombre de personas que no tiene como justificar los montos, pero que sí aparecen en el listado de implicados.

“Uno de ellos, Edwin Rafael Martínez Salas, ya capturado, quien durante el mes de febrero de 2018 cobró veintiún (21) cheques que superaron los mil millones de pesos ($1.000’000.000). Otro particular, por ejemplo, en un mismo día cobró en efectivo cheques por una cifra que superó los quinientos millones de pesos ($500’000.000)”.

Son al menos 9.000 millones de pesos los destinados para la compra de votos, de acuerdo con la Fiscalía, y hasta alcanzó para alquilar terrazas ubicadas cerca a los puestos de votación, usadas para vigilar que quienes vendieron su voto, cumplieran el compromiso.

Fuente: CARACOL RADIO

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