El 5 de octubre de 2018 se llevó a cabo en la Vereda DOKABU, Resguardo indígena Gitó Dokabú (Pueblo Rico – Risaralda) audiencia judicial de seguimiento a la medida cautelar decretada en favor del Resguardo Gito DOKABU en el proceso de restitución de tierras decretada por el juzgado primero especializado en restitución de tierras.

Durante la audiencia se realizó la revisión de las condiciones de dignidad y seguridad en las que se adelantó el Retorno de la comunidad Embera de Bogotá, que regresó a su territorio el pasado 25 de septiembre.

El Juez indagó a las instituciones por la garantía y el goce efectivo de derechos de las comunidades retornadas, en especial la comunidad embera perteneciente al Resguardo Gitó Dokabú.

El total de la población 101 familias (438 personas) y para el Resguardo en mención, retornaron 47 familias.

En el marco de la audiencia se pudo verificar que la jornada de identificación fue realizada en Bogotá antes del retorno, es decir, todas las personas cuentan con documento de identificación. Así como también los avances en la atención de las diferentes entidades corresponsables.

La Defensoría del Pueblo en su intervención dejó en evidencia que los compromisos de los retornos de 2012 y 2015 no se han terminado de cumplir, haciendo énfasis en que esta situación genera ruptura de confianza entre la comunidad y la institucionalidad.

También se evidenció, por los informes del acompañamiento permanente en territorio, que no hay condiciones de infraestructura en educativa en el Resguardo.

La Defensoría Regional realizó varias recomendaciones:

Acompañamiento del Ministerio del Interior para que se fortalezca la legitimidad de los liderazgos y el Gobierno Propio de quienes estuvieron al frente del desplazamiento y retorno y las Autoridades locales .

Garantizar la sostenibilidad de la soberanía alimentaria por parte del estado. Apoyo para la recuperación de la vocación agrícola de nuestras comunidades; adicional explorar la posibilidad de contar con la asesoría y capacitación del Sena y de Artesanias de Colombia con presencia en terreno.

Acompañamiento y Fortalecimiento en la Formación en salud sexual y reproductiva, así
como en la atención sicoafectiva.
La intervención técnica de la secretaría de salud Departametal y de la Carder para medir la calidad de agua que consumen en el resguardo como posible Causa de varias enfermedades ; la visita en terreno y acompañamiento del Ica y Secretaria de agricultura para verificar la calidad de semillas que se les dotará a los resguardos que estén certificadas como nativas y sostenibles para los cultivos locales acorde con la calidad de suelo que se tiene en el territorio.se deberá
Vincular a la Agencia Nacional de Tierras para apoyar en dirimir los conflictos actuales de esta comunidad.
Se deberá desarrollar una atención inmediata en salud mental y recuperación psicoafectiva entre las familias retornadas y las receptoras .
Se actualice el Plan de Retorno y que sea aprobado en el marco del Comité de Justicia Transicional de Pueblo Rico.

Garantizar la atención en salud, educación, vivienda y generación de ingresos de todos los retornados.

Se recomienda vincular a la Consejería Presidencial para la equidad de género.En un plazo máximo de dos Semanas saldrá el pronunciamiento del Juzgado especializado en restitución de tierras requiriendo a las Autoridades competentes de nivel nacional y local a atender las pretensiones preventivas y concretas para que cese la vulneración de los derechos y riesgos de la población retornada y la prevención de posibles nuevos desplazamientos . Algunos representantes de la comunidad indígena se ratificaron en las amenazas de parte de desconocidos hacia algunos miembros de sus miembros y las malas e insalubres condiciones del agua que consumen, de los centros educativos ; y de ausencia de vivienda digna para varias familias retornadas y el incumplimiento de casi todos los compromisos de los retornos anteriores sumando a la vulnerabilidad de la salud en la que se encuentran y el grado de consumo y adicciones en las que se encuentran varios indígenas .

Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu (Defensora del Pueblo Regional Risaralda).
Ingrid Scarlett Valencia Barreto (Defensora Comunitaria).
José Humberto Victorino (Asesor de Asuntos Étnicos)

Fuente: SECRETARÍA DE PRENSA DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA

10/11/2018

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