Risaralda

Jefe de la Oficina de Paz, Reconciliación y Postconflicto de la Alcaldía de Pereira, Fernando Arias Cardona.

Una profunda revisión del impacto del conflicto armado y de la implementación del proceso de paz en el Eje Cafetero se hará hoy en Pereira en desarrollo del primer Conversatorio Regional de Paz y Reconciliación que se realizará con la presencia de los Altos Comisionados de Paz, Rodrigo Rivera Salazar, y de los Derechos Humanos, Paula Gaviria. En aplicación del plan de desarrollo del Alcalde Juan Pablo Gallo, se creó en Pereira la Oficina de Paz, Reconciliación y Postconflicto, que hace parte de uno de los ejes de dicho plan y la cual tiene este objetivo. Sobre qué tanto se ha avanzado en esa dirección, hablamos con Fernando Arias Cardona, jefe de dicha oficina.

¿Cuáles son las responsabilidades de este despacho?

Las funciones se resumen en tres o cuatro líneas principales. La primera, es poner en funcionamiento y desplegar todo el escenario de participación social y de integración con las entidades públicas en el marco del Consejo Regional de Paz, Reconciliación y Convivencia, creado mediante el Acuerdo 34 del 2016 y ajustado por Acuerdo 11 de 2017. Este consejo se instaló en septiembre de ese año y ya tiene su reglamento interno y el comité directivo. Este 26 de abril se realizará una sesión del consejo donde se conformarán las comisiones de trabajo, en campos como comunicaciones, relaciones intersectoriales, pedagogía de paz, memoria histórica y cultura de paz, derechos humanos y política pública.

¿Cuál es la siguiente línea de trabajo?

Es la política pública de paz, reconciliación y derechos humanos, con la participación de la Secretaría de Gobierno. En este momento, toda la institucionalidad está girando entorno a proveer de escenarios, recursos, proyectos y programas para la consolidación de la paz en Colombia, la cual tiene por el momento su énfasis en el acuerdo entre las Farc y el Gobierno, pero que también espera que lleguen a buen puerto las negociaciones con el Eln. Y ojalá se dé pronto, porque de lo que sí estamos convencidos es que el uso de las armas en las relaciones políticas, sociales o como método para dirimir los conflictos no puede ser el camino, deben ser la negociación y la vía política.

Pero la violencia no es solo fruto del conflicto armado…

Así mismo estamos trabajando para generar una cultura de paz, porque no solo tenemos relaciones violentas por el conflicto armado, sino que también se dan al interior de las familias, en el ámbito laboral, en el entorno de la residencia, en las instituciones educativas.

¿En qué consiste la línea de trabajo de la pedagogía de paz?

Lo que hacemos es trabajar en la realización de conversatorios y talleres, en lo que ya le hemos dado la vuelta a la administración municipal, algunas entidades descentralizadas y ahora estamos articulados con la Dirección de Paz de Risaralda, trabajando muy de la mano. En apoyo de esta pedagogía, vamos a trabajar también la política pública de los organismos comunales y las asociaciones de juntas comunales. Esta es una tarea de todos los días, porque en el imaginario de la gente y en las prácticas cotidianas se ha acendrado el querer solucionar todo por la vía de la violencia.

¿Cómo golpeó a Pereira el conflicto armado?

Si bien Pereira no fue un territorio donde ocurrieron combates, como en Pueblo Rico o Mistrató, de todas maneras sufrimos sus secuelas y consecuencias. La Red de Información de la Unidad de Atención de las Víctimas, que se asemeja a un taxímetro, a marzo reportaba 8.650.000 personas registradas como víctimas, pero esa cifra está subiendo y además porque el conflicto no ha terminado totalmente. En esa Red aparecen en Risaralda 100.000 personas en condición de desplazados por causa del conflicto armado, de ellas 45.000 están en Pereira. Esa cantidad de personas, que no cabrían en el estadio Hernán Ramírez, nos da una idea de cómo el conflicto ha impactado a Pereira, en especial en lo que tiene que ver con la atención inmediata, de emergencia y humanitaria, en programas de vivienda, educación, salud y en infraestructura en zonas como Tokio, El Remanso, Málaga, Salamanca, en fin.

¿En tal sentido, qué está solicitando la administración municipal?

Pereira sí tiene motivos para pensar que el gobierno nacional debió haberla tenido en cuenta para incluirla entre las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado, ZOMAC, porque se necesitan recursos del nivel nacional para poder desarrollar las tareas, por ejemplo, las políticas públicas de paz y derechos humanos. Tengo que decir que estas acciones las estamos adelantando, en el momento, con las uñas, pero sin posibilidades de desarrollar un trabajo más extenso y más ambicioso.

¿Está garantizada una reivindicación total de las víctimas?

A propósito de esas 45.000 personas, dentro de las funciones de la oficina está también la reivindicación de la memoria histórica de las víctimas del conflicto. No se trata solo de darles una vivienda, sino de reinvidicar la memoria en cuanto a que se puedan compilar documentos, relatos y toda clase de fuentes para que la gente cuente cómo fue el hecho victimizante y que exista un sitio donde se pueda recrear esas situaciones, porque lo que necesitamos es verdad y garantías de no repetición.

Todo lo que ha pasado con Santrich, ¿qué tanto afecta la implementación de la paz?

Lo de Santrich es un hecho que genera disturbios en el proceso de implementación del acuerdo. Pero lo que puedo decir es, primero: que se desarrolle todo el proceso con observancia de las garantías constitucionales y el debido proceso; segundo: el acuerdo desmiente a quienes decían que era un manto de impunidad, porque el propio acuerdo estableció que las conductas cometidas hasta la firma del mismo quedaban dentro de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, y las otras quedan adscritas a la justicia ordinaria. Pero en el caso de Santrich la JEP debe pronunciarse para indicar si efectivamente los hechos de los que se acusan ocurrieron antes o después de la firma del acuerdo o de su refrendación en diciembre de 2016.

¿Pero la JEP ya está funcionado normalmente?

El otro inconveniente es que todavía de la Corte Constitucional no ha salido la ley estatutaria que reglamenta el funcionamiento de la JEP. Hoy estamos en una especie de limbo en donde no se puede actuar sino con base en los procedimientos que la ley establezca y esa es la que estamos esperando que salga de la Corte Constitucional. Esta ley apenas fue aprobada el 29 de noviembre de 2017 y como se trata de una ley estatutaria requiere del control previo de constitucionalidad.

¿A pesar de estos tropiezos, le seguimos apostando a la paz?

Lo que esperamos es que el acuerdo de paz, a pesar de estos tropiezos, continúe su implementación. Yo registro con esperanza el hecho que la dirigencia del nuevo partido Farc haya dicho que de todas maneras el proceso de paz sigue adelante, a pesar de ésto y de circunstancias como la no aprobación de las 16 curules para las víctimas, la falta de trámite de las reformas política y electoral y proyectos agrarios y productivos. A pesar de todo eso, los colombianos estamos transitando paulatinamente y de manera sostenida de un estado desatroso de confrontación y de despojo, de una cosa pavorosa que nos dejó el conflicto, a un estado dónde se elimine el uso de las armas para resolver los conflictos, lo cual requiere paciencia, tiempo, recursos y mucha conviccción de que estamos avanzando por el camino correcto.

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