Risaralda

Durante dos horas estuvieron ante la Sala Plena del Consejo de Estado los demandantes y la defensa del senador Carlos Enrique Soto, en la finalización de los alegatos del caso que tiene en aprietos al congresista.
Pablo Bustos, director nacional de Veedurías, y Daniel Silva, estudiante de derecho, estuvieron ante 24 de los 27 magistrados que conforman la sala.
Igualmente participó el Ministerio Público y el abogado defensor del parlamentario.
Tras concluirse la diligencia pública, hubo revuelo porque se hizo énfasis en el concepto que emitió la Procuraduría, puesto que solicitó que no se le decrete la pérdida de investidura.
Sin embargo, serán los magistrados los que decidan si el congresista incurrió en peculado por apropiación.
“La Procuraduría está en la obligación de rendir un concepto, el cual no es obligatorio para los magistrados, ellos son independientes al momento de tomar la decisión. Por ejemplo, de los 5 casos de pérdida de investidura de los concejales de Pereira ante los tribunales administrativos de Risaralda, en cuatro ocasiones la procuraduría ha solicitado que no se les decrete y la decisión final ha sido diferente”, explicó Silva.

La exposición
Bustos en los alegatos de conclusión solicitó que se declarara probada la causal de indebida destinación de dineros públicos y en consecuencia se prodigue la pérdida de investidura del mismo.
Igualmente, que se decrete y tenga como pruebas las fotografías que puso a disposición de las autoridades en la mañana de ayer, que dan cuenta cómo las oficinas del Senador accionado corresponden a la sede oficial del partido político del mismo en la ciudad de Pereira.
Pidió además disponer la compulsa de copias para investigar disciplinaria y penalmente a los miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, del accionado.
Los hechos
Los demandantes argumentan que el senador Soto permitió, autorizó y certificó de manera ilegal en más de 60 ocasiones, y por espacio de 5 años, el desempeño de dos miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo pese a que los mismos realizaban actividades completamente ajenas a sus funciones.
Según Bustos realizaron viajes al exterior y estudios universitarios de tiempo completo (diurnos en un caso) y en el otro labores de proselitismo político en la sede de un partido político.
“Eso está prohibido e impide el cumplimiento cabal de sus obligaciones como asesores y asistentes parlamentarios. Hacían imposible la materialización del deber esencial de dedicación exclusiva al servicio directo de las tareas exclusivamente congresionales”, afirmó.

Los viajes y el estudio
Entre las pruebas presentadas está la que señala a Juan David Giraldo Saldarriaga, cuya progenitora guarda una relación con el Senador, quien viajó en dos ocasiones al exterior y, además, adelantando estudios universitarios por varios años percibiendo los ingresos respectivos.

El joven adelantó Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y Ciencia Política, al parecer, luego que el parlamentario expidiera cerca de 48 certificaciones mensuales de cumplimiento de las funciones congresionales y ordenara el pago mediante el cual aceptó y permitió que realizara estos estudios.

Asimismo, autorizó el pago de la remuneración de Giraldo Saldarriaga como miembro de su UTL, pese a que se hallaba fuera del país en dos ocasiones (Toronto y Canadá) por cerca de 18 días. Y por último, Soto al parecer destinó cerca de 60 mensualidades consecutivas, con certificaciones de cumplimiento de labores legislativas, cuando dicha remuneración se destinó al pago de Álvaro Moreno Bermúdez, de la UTL, para prestación de sus servicios en una supuesta labor proselitista.

Es decir, el hombre trabajaba para el Senador pero en la sede política del partido de la U, el cual representa en época tanto preelectoral, como de campaña.