Risaralda

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En el primer informe de observación preelectoral al plebiscito de refrendación de los acuerdos de paz, la Misión de Observación Electoral (MOE) dejó constancia de cuáles son los factores de riesgo que se deben tener en cuenta en este proceso electoral.
Tienen que ver sobre la presencia actual o histórica, de una parte, de las Farc y el Eln entre el 2014 y el presente, de las bandas de crimen organizado durante el mismo lapso y los grupos paramilitares que hicieron presencia en los municipios entre 1996 y 2011.
Igualmente, temas asociados con la violencia política y social, minería ilegal, violencia contra líderes políticos, sociales y periodistas, desplazamiento masivo y zonas de restitución de tierras; además de las zonas de concentración.
Risaralda aparece en estas variables con cuatro municipios, los que ya se han informado anteriormente, pero que esta vez aparecen relacionados con presencia de crimen organizado en Dosquebradas y Pereira, con riesgo alto.
Igualmente, se evidencia con riesgo medio a Dosquebradas y Quinchía con arraigo histórico de paramilitarismo; Pereira está en riesgo alto por este mismo factor.
Mistrató y Pueblo Rico están en riesgo por presencia de las Farc y por densidad de minería ilegal (riesgo medio); el último municipio, sumado a Dosquebradas y Pereira están asociados con asuntos de violencia política y social.
Polarización
Estas situaciones afectan principalmente, por mayor intensidad de riesgo, a regiones como Montes de María, Sierra Nevada de Santa Marta y el norte del Cesar, el Catatumbo, el Magdalena Medio, el sur de Bolívar, norte de Antioquia, Costa Pacífica, sur del Tolima, la Amazonía y Arauca.
Pero además, esto va acompañado del alto índice de polarización que trasciende a la violencia política en el país.
La MOE destacó el grave aumento de hechos de violencia política durante esta campaña, tanto así que en lo que va corrido del año se han registrado 223 víctimas de hechos de violencia política y social. La mayoría de los hechos fueron amenazas (150 víctimas), seguido por asesinatos a funcionarios de elección popular, líderes políticos y sociales (43 víctimas).
Con el asesinato de Cecilia Coicue en Corinto (Cauca), ya son 15 las víctimas de violencia política y social (el 6,73 % de los hechos) registrados durante este año en los municipios donde se ubicarán las denominadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización y Puntos Campamentarios para la desmovilización de las Farc.
En el informe se incluyeron los 29 municipios nombrados en el comunicado de prensa del viernes 24 de junio de 2016 del Ministerio de Defensa Nacional. Adicionalmente está el municipio de Calamar (Guaviare), dado que hizo parte de las visitas realizadas por el mecanismo tripartito para inspeccionar los requerimientos técnicos de los espacios donde se desmovilizará la guerrilla.
Los hechos registrados por la MOE se han presentado en 10 de los 30 municipios donde se establecerán las zonas de desmovilización de las Farc (el 33,33% de los municipios).
El más afectado por la violencia hasta el momento ha sido San Andrés de Tumaco (Nariño)con el asesinato de tres líderes sociales pertenecientes a la Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa).
Frente a la filiación partidista de las víctimas de violencia política, se sigue con la tendencia observada a nivel nacional desde los Mapas de Riesgo Electoral de la MOE, donde se encontró que la violencia política y social en Colombia no se ejerce contra una filiación política en particular, sino que es un recurso de acción política empleado contra líderes de todas las vertientes políticas.
Los más afectados por la violencia política en las zonas veredales y puntos campamentarios han sido los líderes sociales.  Preocupa que en la mayoría de ocasiones terminaron asesinados presuntamente por razones vinculadas a la promoción de la opción del Sí en el próximo plebiscito.
Así sucedió con los indígenas Awá de San Andrés de Tumaco o el asesinato de la líder Cecilia Coicue, que era propietaria de uno de los predios donde se ubicará un punto campamentario en Corinto (Cauca).
Finalmente, la MOE resaltó con preocupación que el 83,7 % de los asesinatos ocurridos a lo largo del año se han cometido contra líderes sociales y miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC), lo que refleja serios obstáculos para la participación política a nivel local.
Cuentas no tan claras
Hace más de 15 días empezaron las campañas por el SI y el NO, pero al cierre de esta edición no había reporte alguno de los comités promotores a través de la herramienta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cuentas Claras.
La MOE indagó al 13 de Septiembre de 2016 la herramienta Cuentas Claras y no encontró la posibilidad de consultar los ingresos y gastos realizados por los comités de campaña ya inscritos.
Es decir, no se estaría cumpliendo con los principios de publicidad y transparencia en temas de financiación que han sido desarrollados constitucional y legalmente.
Aún sin Comisión Especial de Vigilancia
Para la Misión de Observación Electoral, la reglamentación del CNE responde en gran medida y de manera satisfactoria a las inquietudes planteadas por las organizaciones sociales, políticas y de ciudadanos que asistieron a la audiencia.
Por lo anterior, la MOE reiteró el llamado urgente de convocar cuanto antes la primera Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento donde los comités de promotores ya inscritos, las autoridades e invitados resuelvan las dudas sobre las reglas que gobiernan el actual proceso plebiscitario.
Fuente: DIARIO DEL OTÚN
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