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A través de una carta, el concejal del Polo Democrático manifestó su preocupación a la Personería y a la Secretaría de Gobierno de Pereira por lo que definió como una asonada que últimamente viene presentándose en la ciudad por parte de funcionarios de la Alcaldía, que acompañados de la Fuerza Pública, maltratan a los ciudadanos que buscan su subsistencia a través de las ventas informales.

“Si bien entiendo, que la mayoría de los vendedores ambulantes obstaculizan el tránsito, la movilidad, hacen ruido, etc., también entiendo que es su única manera para sobrevivir en una sociedad que los ha excluido y marginado, obligándolos a un trabajo informal que en muchos casos no alcanza el salario mínimo. No se puede perder de vista que en Colombia la informalidad es del 70 %”, dijo.

Rechazó lo que llamó “ políticas neoliberales de los alcaldes, contando desde expresidente César Gaviria hacia hoy, porque la ciudad perdió su norte industrial y productivo para transformarse en una ciudad dependiente por el sector terciario de la economía”.
“En ese sentido, grandes importadores se han aprovechado de la necesidad de una sociedad empobrecida y quizás allí está el problema, en los grandes importadores legales y no legales, no en aquellos que están en lo más bajo de la pirámide, ellos son personas que merecen atención, pues se encuentran en una condición vulnerable y se justifica que deba maltratárseles como se ha venido presentando en los últimos días. Ejemplos hay muchos: el señor de los aguacates al que le quitaron su carretilla días atrás, en presencia de su hija y que tuvo connotaciones nacionales, los carritos de Bon-ice que se han decomisado a personas incluso de la tercera edad”, contó.
Señaló igualmente esta situación no es una lucha contra los pobres e indefensos y por ello acudió a la administración municipal  porque cree que el problema es de raíz, más no atacando a los más indefensos.
Hace referencia a un asunto de ley que considera no puede pasar desapercibido. Se trata de la sentencia T-772 del 2003 que establece criterios y demás asuntos a los que debe atenerse cualquier autoridad para adelantar acciones dirigida a recuperar el espacio público.
Entre otras, la sentencia define la potestad de las autoridades en esta materia, pero siempre y cuando se siga el debido proceso y garantice un trato digno a las personas en esta condición, los cual, Crosthwaite consideraque en nada se han atendido en la actual administración que procede atropellando y con garrote en mano.
Aclara también la sentencia que cualquier medida en esta materia debe ir precedida de evaluaciones y atención a los eventuales efectos sobre desalojos.
Es clara en señalar en qué condiciones no se puede adelantar el desalojo, por ejemplo cuando este lesiona con desproporción el derecho al mínimo vital de los sectores en condición vulnerable y pobreza.
Tampoco se pueden pasar por alto los derechos vulnerados cuando las medidas de autoridad alguna para desalojar personas en informalidad, pueden privar de medios lícitos de subsistencia a una persona o grupo poblacional, más cuando estos no tienen oportunidades concretas de acceder a otros medios de subsistencia.
“La Alcaldía entonces, en un hecho grave, desconoce –lo que no la exime- o se pasa por alto esta sentencia. En síntesis, considero de vital importancia que su despacho acometa de manera urgente, con el fin de dar respuesta a la situación en mención, espero se generen cambios positivos que mejoren la vida de las personas, sus derechos y no les haga más difícil la subsistencia. Espero de su buena intención que se diseñen o adopten políticas y estrategias de bienestar y no de represión o persecución”, sostuvo el concejal.
Fuente: DIARIO DEL OTÚN
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