Steven-Cardenas

Lo que ocurrió en el Concejo de Pereira en la sesión del 11 de octubre nos recuerda la historia de Antenor que, siendo consejero de Príamo, el rey troyano, inspiró a los rivales griegos la idea de construir el caballo de madera que les permitió saquear a Troya, la ciudad a la que servía. Los griegos saquearon por tres días y tres noches, quemaron las casas, pero respetaron la de Antenor y luego dividieron el botín.

Dante, en su “Divina Comedia”, llama “Antenora” la segunda zona del noveno círculo, el más profundo de su infierno helado, donde los traidores a la patria están congelados de los pies a la cabeza.

En nuestra ciudad, cuando finalizaba la sesión en la que se aprobó el P.O.T, el concejal Steven Cárdenas presentó una proposición, de 4 líneas, con la que lanzó al viento, en un alarde de prodigalidad perversa, una suma que se ha calculado en $82.000 millones, que por participación en la plusvalía que genera el cambio de uso del suelo, de 275.712 M2 que ahora se podrán urbanizar, debería pagar el Ministerio de Defensa al municipio de Pereira.

Pero, además, en la práctica, derogó la posibilidad de que el municipio vuelva a participar de la plusvalía, derivada de la aprobación y desarrollo de planes parciales de urbanización. Un tesoro para esta ciudad, donde las necesidades son abundantes y el dinero escaso.

La responsabilidad de este despilfarro no es exclusiva de Cárdenas. Tienen idéntica proporción los demás concejales, que, todos a una, sin manifestar escrúpulo moral y con la velocidad de quien no quiere perder una oportunidad, le secundaron con su voto, salvo Carolina Giraldo, que voto en contra, Fernando Pineda y Carlos Crosthwaite, que ya estaban fuera del recinto.

Por esta indigna actitud, esos concejales, que elegimos para que colaboraran en la administración de Pereira, nunca más deben merecer la confianza de los ciudadanos, pues la han defraudado, de una manera descarada. Su actitud desvergonzada deberá ser recordada cuando pretendan, de nuevo, hacerse elegir en un cargo político.

Además, los ciudadanos podemos presumir que la conducta del concejal Cárdenas y la de sus colegas que aprobaron su proposición, obedece a un concierto o es fruto de alguna instrucción, no de otra manera se explica la casi unanimidad y la ausencia de discusión dentro de un grupo con miembros tan proclives a hacerse oír, en cualquier asunto.
Por fortuna para la ciudad la aprobación de esta exención es ilegal, por violar normas que regulan la materia. En consecuencia, desde esta Corporación buscaremos el amparo judicial para los intereses de la ciudad, a través de una demanda de nulidad, si fuere necesario

Aunque confiamos en no llegar a ese punto, puesto que aún queda la posibilidad de que el Alcalde de Pereira, haciendo uso de la facultad que le otorga la ley, objete la decisión del Concejo, por su evidente inconveniencia para los intereses de la ciudad que prometió defender. Los ciudadanos no entenderíamos la omisión de este deber.

De los oídos sordos que pusieron los concejales, en la misma sesión, a la petición de los ciudadanos, de destinar el 50% del lote del San Mateo para un parque, nos ocuparemos en una ocasión próxima.

 

Nulidad

El Juzgado Sexto Administrativo declaró en primera instancia la nulidad del Acuerdo 028 de 2015 del Concejo Municipal, mediante el cual fue aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial hace un año y que en el pasado mes de abril fue suspendido como medida cautelar.

Dicho acuerdo fue demandado por dos presuntas irregularidades surtidas durante el proceso de votación y aprobación final dado en la corporación, que consistieron según el demandante Daniel Silva, en no dar cumplimiento al régimen de votación por bancadas en donde los partidos liberal y conservador no acataron a cabalidad las normas establecidas y además el primer debate se realizó en una comisión que no era la competente para tal fin.
Este  actual fallo en primera instancia podría ser apelado por el municipio de Pereira en un tiempo de 10 días hábiles y pese a que ya fue aprobado el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial   para los próximos 12 años, el demandante asegura que la incidencia de esta última decisión del Juzgado Sexto Administrativo podría continuar en el Tribunal Administrativo de Risaralda, que podría emitir un fallo en segunda instancia.

En caso tal que  el municipio no apele este fallo, Daniel Silva sustenta que quedaría en firme la sentencia y de esta manera acudiría a la Procuraduría Regional de Risaralda para continuar este caso que ha generado según expertos en materia urbanistica, un periodo de inseguridad juridica en materia de planeación urbana y rural en Pereira, generando retrocesos en el dinamismo del sector de la construcción y en materia económica.

Según el demandante de este proceso,  al final los concejales de Pereira que incurrieron en procesos de votación calificado como irregular, podrían resultar siendo implicados en sanciones disciplinarias por el no cumplimiento de sus deberes constitucionales.

Fuente: DIARIO DEL OTÚN

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