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Concejal de Pereira por el Polo Democrático Alternativo, Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro.

A través de una carta, el concejal del Polo le manifestó su preocupación a la Personería y a la Secretaría de Gobierno de Pereira por la asonada que últimamente viene presentándose en la ciudad por parte de funcionarios de la Alcaldía, acompañados de la Fuerza Pública en los que maltratan a los ciudadanos que buscan su subsistencia a través de las ventas informales.

“Si bien entiendo, que la mayoría de los vendedores ambulantes obstaculizan el tránsito, la movilidad, hacen ruido, etc., también entiendo que es su única manera para sobrevivir en una sociedad que los ha excluido y marginado, obligándolos a un trabajo informal que en muchos casos no alcanza el salario mínimo. No se puede perder de vista que en Colombia la informalidad es del 70%.

Y años atrás, Pereira parecía una ciudad prospera, con fábricas, una industria interesante y en proporción significativa, pero que con las políticas neoliberales de los alcaldes de la época del expresidente Gaviria hacia acá, la ciudad perdió su norte industrial y productivo para transformarse en una ciudad dependiente, absolutamente jalonada por el sector terciario de la economía fruto del modelo de apertura económica, lo que significa que muchos de los trabajos en la industria simplemente desaparecieron y de un día para otro era más barato traer de China a través de Panamá o Estados Unidos que producir aquí.

Lo curioso es que el modelo neoliberal que parecía “perfecto” para esos “ESTADISTAS”, es decir, para esos comerciantes de la politiquería llegó a su crisis más aguda y hoy por hoy ni el comercio es sostenible. Hay sobreoferta y sobreproducción, a esto se le suma el fenómeno del comercio informal, que se da precisamente por esa apertura de mercados y créanme, los vendedores ambulantes son parte de lo que el modelo desea para masificarse y no es que afecte al modelo, es parte del mismo, porque en el modelo neoliberal sólo sobrevive el más fuerte, entiéndase esto como el gran capital, siendo el Municipio el más afectado y a su vez a quienes ejercen el trabajo por no tener garantías laborales, seguridad social, etc.

En ese sentido, grandes importadores se han aprovechado de la necesidad de una sociedad empobrecida y quizás allí está el problema, en los grandes importadores legales y no legales, no en aquellos que están en lo más bajo de la pirámide, ellos son personas que merecen atención, pues se encuentran en una condición vulnerable y se justifica que deba maltratárseles como se ha venido presentando en los últimos días. Ejemplos hay muchos: el señor de los aguacates al que le quitaron su carretilla días atrás, en presencia de su hija y que tuvo connotaciones nacionales, los carritos de Bon-ice que se han decomisado a personas incluso de la tercera edad.

Señores esto no es una lucha contra los pobres e indefensos. Acudo a ustedes porque creo firmemente que el problema es de raíz y atacando a los más indefensos no “llegamos a ningún Pereira”.

Más grave aún es que aquí hay un asunto de ley que no puede pasar desapercibido y se debe hacer cumplir, la sentencia T-772 del 2003 que establece con claridad criterios y demás asuntos a los que debe atenerse cualquier autoridad para adelantar acciones dirigida a recuperar el espacio público. Entre otras, la sentencia define la potestad de las autoridades en esta materia, pero siempre y cuando se siga el debido proceso y garantice un trato digno a las personas en esta condición, hechos que en nada se han atendido en la actual Administración que procede atropellando y con garrote en mano.

Aclara también la sentencia que cualquier medida en esta materia debe ir precedida de evaluaciones y atención a los eventuales efectos sobre desalojos. Y es clara en señalar en qué condiciones no se puede adelantar el desalojo, por ejemplo cuando este lesiona con desproporción el derecho al mínimo vital de los sectores en condición vulnerable y pobreza.

Tampoco se pueden pasar por alto los derechos vulnerados cuando las medidas de autoridad alguna para desalojar personas en informalidad, pueden privar de medios lícitos de subsistencia a una persona o grupo poblacional, más cuando estos no tienen oportunidades concretas de acceder a otros medios de subsistencia.

La Alcaldía entonces, en un hecho grave, desconoce –lo que no la exime- o se pasa por alto esta sentencia.

En síntesis, considero de vital importancia que su despacho acometa de manera urgente, con el fin de dar respuesta a la situación en mención, espero se generen cambios positivos que mejoren la vida de las personas, sus derechos y no les haga más difícil la subsistencia. Espero de su buena intención que se diseñen o adopten políticas y estrategias de bienestar y no de represión o persecución”.

Fuente: EQUIPO DE PRENSA DEL CONCEJAL CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE FERRO

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