GOBERNACION DE RISARALDA
 
La oficina jurídica de la Gobernación de Risaralda apeló el fallo del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, mediante el cual declara patrimonialmente responsable al departamento por los perjuicios causados por el cobro indebido de la estampilla Pro-Desarrollo.
 
De acuerdo con la demanda interpuesta por el abogado Efrén de Jesús Henao, apoderado de Sandra Liliana Aguirre Sánchez, quien lideró y propuso una acción de grupo para reclamar los valores que les fueron descontados en los contratos realizados en cada uno de los 14 municipios risaraldenses, las pretensiones del grupo buscaron que se declarara responsable al departamento por el daño material ocasionado a los contratistas y a la vez lograr que se ordenara por la vía jurídica, reintegrarles el dinero que les fue descontado por concepto de la mencionada estampilla, además de los intereses moratorios.
 
Según el fallo, el monto total de las indemnizaciones con sus intereses deben ser entregado al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, entidad que a su vez pagará individualmente de acuerdo con el monto aportado por cada uno en sus respectivos contratos.
 
Para devolver
 
El departamento de Risaralda recibió por transferencia desde los 14 municipios la suma de 24.299 millones 489 mil 611 pesos, monto sobre el cual le aplican la indexación correspondiente para un total de 26.816 millones 073 mil 378 de pesos.
 
Teniendo en cuenta la apelación del fallo por parte del departamento, lo que sigue es esperar una nueva decisión de la autoridad judicial, para saber si queda en firme o de lo contrario sea negado.   
 
Lo ilegal
 
El Diario del Otún habló con el concejal de Pereira Juan Carlos Reinales Agudelo, quien afirmó que siempre advirtió sobre la ilegalidad en el cobro de la estampilla Pro-Desarrollo, recordó que celebró cuando el 11 de noviembre de 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo, en primera instancia, anuló dicho impuesto, añadió que siempre se manifestó en contra de los cobros extemporáneos de la estampilla Pro Desarrollo que hizo el municipio a los contratistas, aún después de ejecutoriada la notificación del último recurso interpuesto por la Gobernación, y que esta misma entidad le comunicó a los municipios que no hicieran más descuentos por este concepto a partir del 16 de diciembre de 2013.
 
El corporado  explicó que cualquier persona natural o jurídica cuyos pagos de contratos hayan sido objeto de dicho impuesto desde el 16 de diciembre de 2013, podía  reclamar ante la Gobernación de Risaralda, según la Secretaría de Hacienda municipal, la devolución inmediata de los dineros.
 
Reinales enfatizó que a pesar de la circular del expedida por la Gobernación de Risaralda mediante la cual se informó a todos los municipios del Departamento que “a partir de la fecha cesa la obligación de recaudar y cancelar la estampilla pro desarrollo”, la administración municipal de Pereira continuó realizando la  mencionada deducción de manera  ilegal e injusta.
 
Confirmado
 
Posteriormente en noviembre de 2013, el  Consejo de Estado confirmó el fallo del Tribunal Administrativo de Risaralda que anula parcialmente el cobro de estampilla Pro Desarrollo para contratos celebrados entre municipios del departamento y sus entidades descentralizadas o personas naturales, no obstante, los contratos entre el departamento y sus municipios sí tendrán que cancelar dicho tributo, el cual se reinvierte en programas para adultos mayores, salud y educación.
 
La Sala concluyó que establecer el tributo en mención en sus jurisdicciones es privativa de los concejos de dichos municipios y se considera una extralimitación en las funciones de las administraciones municipales.
 
De esa manera se ratificó la declaratoria de nulidad del literal b) del Artículo 3° de la Ordenanza 012 del 7 de mayo del 2009,  por la cual la Asamblea de Risaralda modificó la Ordenanza 002 de 2006 que, a su vez, creó la estampilla Pro Desarrollo departamental.
 
Fuente: DIARIO DEL OTÚN
 
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