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Ante un juzgado de Pereira fueron presentados los dos ex funcionarios públicos a quienes se les dio medida de aseguramiento domiciliaria.

El ex funcionario público Diego Augusto Gómez Gómez, fue sentenciado por el Juzgado 2° Penal del Circuito de Pereira, a la pena domiciliaria de 24 meses, por el delito de uso de documento público falso.

Gómez Gómez se posesionó como Director Técnico de la Secretaría de Deportes de la Gobernación de Risaralda el 10 de enero de 2012. Para lograr el cargo aportó un diploma falso como especialista en gerencia estratégica de la Universidad Nacional y a Distancia (UNAD) con fecha del 14 de diciembre de 2010.

Dicha situación fue denunciada ante las autoridades por la Dirección de Recursos Humanos, durante la gobernación de Carlos Alberto Botero.

En otro caso similar, fue condenado Iván Idárraga Isáza a 11 meses de detencion domiciliaria por uso de documento privado falso, al presentar un título de administrador de empresas de la Universidad Cooperativa de Medellín al igual que el acta de grado, para posesionarse como Director Operativo de Construcciones y Reparaciones del Equipamiento Urbano y Vial de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Pereira. Su posesión se realizó bajo la administración del alcalde Enrique Vásquez, y tuvo lugar el día 11 de febrero de 2012.

Condenado por falsedad en documento público agravado

Hombre de 49 años fue condenado por el delito de falsedad en documento público agravado, luego que intentara vender una propiedad ajena utilizando un documento alterado.

José Fabio García Carmona, quien se encontraba prófugo de la justicia, fue capturado por investigadores del CTI Pereira en vía pública del barrio Villa Laura de Dosquebradas (Risaralda), para cumplir con la orden emitida por el Juzgado 3° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad.

Los hechos fueron denunciados el 30 de marzo de 2006 cuando una mujer quiso comprarle una casa a García Carmona, quien argumentó ser el propietario del inmueble y le entregó un certificado de tradición en donde aparecía como tal. La compradora verificó en la Oficina de Instrumentos Públicos el documento que resultó ser falso, mientras que la verdadera propietaria de la vivienda manifestó no tener intención de vender su casa.

Por los anteriores hechos García Carmona deberá cumplir una condena de 4 años y 2 meses en establecimiento carcelario.

Fuente: DIARIO LA TARDE

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