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El Centro Democrático, a través del diputado Durguez Espinosa, plantea que el censo electoral a la fecha, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, es de 32.975.158 personas habilitadas para votar.
Teniendo en cuenta este dato se tiene que el 13 % -al que hace alusión el artículo 2, número 3 del texto conciliado del proyecto de ley- equivaldría a 4.286.771. Para la refrendación del plebiscito, el Gobierno requerirá votación favorable de por lo menos 4.286.772 personas y que dicha votación supere los votos por el no.
Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que acorde a la normatividad vigente existen tres tipos de umbrales: primero, de participación, que es el mínimo de votos requeridos (indiferentemente de la intención del votante) para que la decisión vencedora tenga legitimidad, el cual está fijado en la ley 134 de 1994 en el 50% del censo electoral, pero fue suprimido en el proyecto de Ley.
Segundo, el decisorio de aprobación, que corresponde al porcentaje mínimo de sufragantes con voto favorable que se requieren para que el “sí” adquiera validez jurídica, claro está, siempre y cuando supere la votación por el “no”.
Tercero, el decisorio de improbación, que es el porcentaje del censo electoral que vota en sentido negativo requerido para que el “no” esté revestido de fuerza vinculante, es decir, que el umbral para ambos casos (sí o no) está fijado en la Ley 134 de 1994 en el 25 % del censo electoral.
 
No alcanza
Así las cosas, tal y como está redactado el hasta ahora vigente artículo 80 de la ley 134 de 1994, para que un plebiscito esté revestido de legitimidad requeriría de la participación de al menos 16.487.579 personas y su aprobación está sujeta a una votación superior a 8.243.780 votos favorables.
Como dato adicional a tener en cuenta, la mayor votación registrada en las pasadas elecciones presidenciales se obtuvo en la segunda vuelta con un total de 14.721.987 votos válidos, siendo la votación favorable para Juan Manuel Santos equivalente a 7.816.986.
En consecuencia, si el índice de intención electoral se mantuviera la votación registrada, según el Diputado, no alcanzaría ni para darle legitimidad al plebiscito ni para darle fuerza vinculante a la votación favorable a la refrendación.
Esta es la razón más fuerte que tiene el gobierno para suprimir el umbral de participación y para reducir hasta ese porcentaje el umbral de aprobación. Con esta medida se suprimió la posibilidad de adelantar campañas abstencionistas.
“Con relación al tema el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional ha expuesto que la Sala reconoce que para el caso del referendo, plebiscito, la revocatoria del mandato y consulta popular, la abstención, además de tener eficacia jurídica, es una estrategia legítima de oposición”, dijo Espinosa.
Contra le ley
En cuanto a la facilitación de plataformas de las fuerzas armadas, indicó que al disponerse que se publicitará el acuerdo a través de los sitios web y las redes sociales de las fuerzas militares va en contravía de lo dispuesto por el artículo 219 de la Constitución y el artículo 58 numeral 2 de la Ley 836 de 2003 (régimen disciplinario de las fuerzas militares).
“Se entiende claramente que se permitiría a las fuerzas militares participar en política, desnaturalizando de esta manera la institucionalidad que reviste a estos organismos, toda vez que bajo ninguna circunstancia puede permitirse que tengan facultades deliberantes.
Igualmente, Durguez Espinosa cuestiona la limitación de publicidad de los acuerdos, puesto que solamente se permite en sitios web y redes sociales, además de la plataforma Urna de Cristal. Considera que estos serían direccionados a conveniencia por el Gobierno.
“Esta disposición es antidemocrática y amañada, pues por un lado el acuerdo íntegro solo estaría disponible para un limitado sector de la población, ya que, como es bien sabido, el acceso a Internet en Colombia no se acerca tan siquiera a los mínimos estándares internacionales, alejando al grueso de la población de esta información”, afirmó.
“Por otro lado el gobierno limitaría la información divulgada por los espacios publicitarios de mayor cobertura a su conveniencia, pudiendo fácilmente ocultar total o parcialmente aspectos del acuerdo según sus intereses, como bien lo ha hecho”, acotó el diputado.
 
El pronóstico
Para el CD, el Gobierno conoce que el plebiscito tiene falencias jurídicas y  aún así le pide al cuerpo colegiado la anuencia frente al proyecto de ley, con conocimiento de que el mismo será declarado inconstitucional.
Entonces, teniendo en cuenta que dicho acuerdo no requiere de la refrendación del pueblo, simplemente se indicará que la administración de justicia impidió la participación de las masas en esa decisión, facultándosele entonces para autoritariamente imponerlo, pero siempre advirtiendo la clara intención que tenía el Gobierno de permitir la participación de la ciudadanía.
Sobre la divulgación
El diputado del Centro Democrático afirma que es necesario implementar cartillas, foros, diarios, semanarios y demás publicidad que contengan el texto íntegro del acuerdo y la posición de los diferentes promotores (por el “si” por el “no” y en favor del abstencionismo) frente a cada punto, de manera tal que se dé cobertura de información a los sectores más recónditos y desfavorecidos de la población.
Además, solamente se garantiza un espacio de cinco minutos en radio y televisión para la divulgación de los acuerdos, entendiendo que son extensos y que sería poca la oportunidad para conocer a fondo lo que se discutió.
“Con estos parámetros es evidente la campaña de desinformación que pretende adelantar el gobierno bajo la fachada de amplia publicidad y transparencia. Consideramos deben garantizarse por lo menos esos cinco espacios diarios gratuitos, pero amplios y de acceso pleno y en iguales condiciones entre las tres campañas (en favor, en contra y abstencionista) en horario prime time.
Asimismo debe regularse la publicidad política pagada para las tres campañas bajo estándares equitativos de acceso a las plataformas publicitarias tanto públicas como privadas (preferiblemente debe suprimirse y garantizarse acceso igualitario)”, dijo.
La vigencia
Entre las conclusiones, el partido manifiesta que el articulado consagrado en el proyecto de ley si bien no establece que deroga las normas que hoy regulan el tema de los mecanismos de participación, al tratarse de una Ley Estatutaria al igual que las ya vigentes, se hallarían en la misma jerarquía, pero este proyecto de ley si se aprueba tendría mayor preponderancia por ser de carácter posterior y ello modificaría todo el espectro legal que hoy en día existe en esta materia.
Es por esto que considera que sería perjudicial para el ordenamiento jurídico y para los principios constitucionales que se verían sustituidos.
“Esta disposición tal como está establecida no es más que un saludo a la bandera, pretenden ufanarse del pueblo colombiano, haciéndole pensar que se les consultará su consentimiento ante el acuerdo puesto a consideración, pero tras bambalinas no solo suprimen una expresión democrática válida de rechazo (el abstencionismo), sino que antidemocráticamente se ejecuta una imposición avalada por minorías”, agregó el diputato.

 

Sobre la divulgación
El diputado del Centro Democrático afirmó que es necesario implementar cartillas, foros, diarios, semanarios y demás publicidad que contengan el texto íntegro del acuerdo y la posición de los diferentes promotores (por el SÍ por el NO y en favor del abstencionismo) frente a cada punto, de manera tal que se dé cobertura de información a los sectores más recónditos y desfavorecidos de la población. Además, solamente se garantiza un espacio de 5 minutos en radio y televisión para la divulgación de los acuerdos, entendiendo que son extensos y que sería poca la oportunidad para conocer a fondo lo que se discutió.  “Con estos parámetros es evidente la campaña de desinformación que pretende adelantar el gobierno bajo la fachada de amplia publicidad y transparencia.

 

Consideramos deben garantizarse por lo menos esos 5 espacios diarios gratuitos, pero amplios y de acceso pleno y en iguales condiciones entre las 3 campañas (en favor, en contra y abstencionista) en horario prime time (de máxima audiencia). Igualmente,  debe regularse la publicidad política pagada para las 3 campañas bajo estándares equitativos de acceso a las plataformas publicitarias tanto públicas como privadas con acceso igualitario”, dijo.

Fuente: DIARIO DEL OTÚN

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