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Al ya muy confuso hecho de que Salud Hernández y los reporteros Diego D’Pablos y Carlos Melo de RCN televisión están desaparecidos y no se sabe si están secuestrados o haciendo su trabajo, ahora se suma un ingrediente que enreda aún más su situación: en el Catatumbo hay campesinos organizándose para marchar  a partir de este sábado 28 de mayo en el paro agrario, convocado por la Cumbre Agraria desde hace unas semanas para el 30 de mayo.

Eso le complica la vida a los militares que la están buscando a ella y a los otros reporteros porque se vuelve todavía más difícil controlar la zona y por otro lado, hace que para la guerrilla sea más fácil mover a los periodistas en medio de ese agite, si es que los tiene en su poder.

La Cumbre, movimiento que en marzo de 2013 negoció con el gobierno después del famoso paro agrario que Santos negó, decidió salir porque siente que casi nada ha cambiado en el campo desde que se sentaron a hablar. “No aguantamos una mesa de diálogo más con el gobierno. Por ahí nos tienen enredados hace dos años”, le dijo a La Silla Robert Daza, vocero nacional de la Cumbre.

Según Daza, este lunes festivo el país va a amanecer con las carreteras panamericanas bloqueadas, habrá movilizaciones en más de 70 puntos del país y según sus cálculos, saldrán unos cien mil campesinos, indígenas y afros a la calle.

“No es un paro para obstaculizar el orden público. Es un medio para que este gobierno nos oiga, porque cuando hemos dialogado han sido diálogos de sordos”, agregó Daza.

El arranque en el Catatumbo

Tras la desaparición de los tres periodistas en el Catatumbo, esa región que jamás ha parado de estar en conflicto, ha estado más convulsionada que de costumbre.

Si bien el paro de campesinos en todo el país ya había sido convocado desde hace tres semanas y oficialmente está programado para el próximo 30 de mayo, según cuatro fuentes de la zona entre periodistas, habitantes de dos municipios y autoridades locales, que hablaron con La Silla, todo se estaría dando para que la movilización de las personas empiece desde el 28, día del que saldrían de sus municipios para llegar a las zonas de concentración.

“Los campesinos ya se están alistando. No le puedo decir los lugares a los que van a llegar porque eso hace parte de la reserva que están manejando, pero aquí la gente tiene ganas de volver a marchar”, le dijo a La Silla el personero de uno de los municipios de esa región. Sin embargo, existe la posibilidad de que desde hoy mismo se empiecen a dar las primeras movilizaciones. La Silla conoció que a través de redes sociales se está hablando de plantones que iniciarían en Tibú, municipio del Catatumbo que está en frontera con Venezuela, en zonas que dejarían bloqueado el tránsito en este sector del país.

Aunque esa información está publicada desde el lunes, un habitante de La Gabarra (corregimiento de Tibú) le dijo a La Silla que en ese sector (a tres horas del casco urbano del municipio) hoy no se están programando movilizaciones y que lo que sí está dándose en estos momentos son reuniones entre todos los líderes de las más de 40 juntas de acción comunal de esa zona para definir su participación en el paro.

“En lo único en que no estamos de acuerdo es que vuelva a haber un paro con heridos y muertos. Sí nos queremos movilizar pero con garantías”, le contó La Silla un presidente de una de las juntas de acción comunal de La Gabarra.

Aunque la marcha la está convocando la Cumbre Agraria, que es la que agrupa a buena parte de las organizaciones campesinas de todo el país, en el Catatumbo aún no se tiene muy claro el panorama de quienes efectivamente van a participar.

Dos periodistas y una autoridad local le dijeron a La Silla, que el único que está promoviendo formalmente el paro es el Comité de Integración Social del Catatumbo, Cisca, y que por ahora la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat, que fue la que lideró el paro agrario en esa región, no ha definido si también van a entrar.

“La Cumbre Agraria es más de la línea de Congreso de los Pueblos y los Camilistas (organizaciones que son referencias en la zona por tener vasos comunicantes con el ELN y de ser su bases social) y Ascamcat tiene en estos momentos una agenda diferente que es la del proceso de paz con las Farc y son cercanos a Marcha Patriótica, eso hace parte de que aún no hayan tomado la decisión”, le contó a La Silla Nubia Mendoza, periodista del Catatumbo. Sin embargo, los de Congreso de los Pueblos aseguran que esa impresión es equivocada y que no son ni las bases del ELN, ni están relacionados con esa guerrilla. Para ellos es un “estigma” que les han creado los medios y la opinión pública.

Sin embargo, La Silla supo que todo estaría dado para que Ascamcat sí se sume al paro, debido a que también quieren reclamar por los acuerdos del paro agrario que no se han cumplido. “Lo que están definiendo son las condiciones”, aseguró una fuente allegada a Ascamcat.

Aunque intentamos comunicarnos con los voceros de Ascamcat, sus teléfonos estaban apagados.

El Movimiento Constituyente Popular, MCP, en el Catatumbo y el Grupo Indígena Barí, que son las otras dos grandes organizaciones sociales de la región, tampoco han definido aún si se van a sumar a la marcha.

Mientras todo se está moviendo en el Catatumbo para que los simpatizantes del Cisca, y eventualmente los de la demás organizaciones se movilicen, en medio del despliegue nacional que ha tenido esa región por la desaparición de Hernández y los dos periodistas de RCN, ayer la Gobernación de Norte de Santander envió un comunicado a los alcaldes de los 11 municipios del Catatumbo para que impongan restricciones e impidan que la movilización tenga lugar fuera de la jurisdicción de cada uno de esos territorios .

La decisión de la Gobernación se conoció luego de una reunión en la que estuvieron altos mandos del Ejército y de la Policía en Cúcuta para analizar la situación de seguridad en el departamento, e incluye la prohibición del tránsito de motos en horario nocturno, ley seca,la prohibición de transporte masivo de personas “en frecuencias fuera del horario habitual” y la difusión de recompensas de hasta $100 millones por información relacionada con “depósitos de armas, municiones, explosivos, actos terroristas y francotiradores”.

Ese anuncio no cayó para nada bien entre los líderes del Cisca, y Ediver Suárez, vocero de esa organización en el Catatumbo, le dijo a La Silla que van a movilizarse independientemente del decreto que expidan los alcaldes: “En el momento de la hora cero estamos dispuestos a salir, no vamos a precisar los lugares a los que vamos a llegar pero vamos a movilizarnos. Vamos a exigir nuestro derecho a la libre movilidad y la protesta. No nos pueden tratar como delincuentes”.

Las dos posiciones hacen que de entrada se corra un alto riesgo de que la situación de orden público se complique aún más en el Catatumbo.

El paro

La Cumbre sale, según nos confirmó el senador del Polo, Alberto Castilla, que es del Congreso de los Pueblos, porque: “nada de lo que se pactó en la Mesa de diálogos con el gobierno hace dos años se ha cumplido. Y queremos que se cumpla.”

Como contamos, en octubre de 2014 el presidente Santos se sentó a negociar- rodeado de 600 líderes campesinos en el Centro de Memoria Histórica-con ese movimiento, que reúne a trece grupos.

A organizaciones políticas como la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos; campesinas como la Coordinadora Nacional Agraria (CNA) y la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA); étnicas como el Proceso de Comunidades Negras y la ONIC indígena; sindicatos agrarios como Fensuagro y las zonas de reserva campesina reunidas en Anzorc.

“Los de Unión Patriótica también vamos a salir porque el gobierno está acabando con el campo. La situación está muy delicada en los territorios”, nos confirmó la presidenta de ese partido, Aída Avella.

Desde que se instaló la mesa, el gobierno y la Cumbre acordaron ocho puntos que incluían la instalación formal de la Mesa, la creación de un fondo para fortalecer la economía en donde el gobierno se comprometía a destinar 250 mil millones de pesos al año en proyectos para el campo; hacer treinta proyectos de infraestructura social como alcantarillados o carreteras; y crear un Cérrem campesino- un comité que evaluaría como con las víctimas, sindicalistas o políticos-el nivel de riesgo de sus líderes.

Según Daza, vocero de la Cumbre, en 2014 acordaron en total 262 proyectos que iban desde iniciativas para sembrar cultivos, hasta obras de infraestructura como distritos de riego y centros de acopio.

Proyectos que a la fecha, reclama él, la mitad no se han concretado y en los que sí: “ni siquiera se han desembolsado recursos.”

“El campesino, que es el que produce el 70 por ciento de lo que come el país, está en vía de extinción porque no invierten en nosotros, la prioridad  ahora es la minería y nos están sacando de nuestras tierras”, agregó. “¿Quién se lo iba a imaginar? el campesino se quedó sin campo”.

En su llamamiento, invitan a  una “Gran Minga nacional” para marchar en contra de los tratados de libre comercio, por la minería en sus territorios, porque “ el gobierno ha postergardo la reparación integral a las víctimas”, por el modelo económico del país, y por la actuación represiva del Esmad.

Eso sí, reiteran su apoyo a los diálogos con las Farc y con el Eln e incluso van más allá y piden que también se instaure una mesa de negociación con el EPL, guerrilla que se ha ido expandiendo y fortaleciendo en la zona, según los registros de organizaciones internacionales y de ONG locales.

El punto de quiebre en esa petición está en que el EPL es considerada por el Gobierno un cartel del narcotráfico y no una guerrilla, y en anteriores ocasiones ha negado la posibilidad de sentarse en una mesa con ellos a dialogar. Por el contrario, los ha declarado objetivos de alto valor y ha dicho que puede acabarlos militarmente.

Aunque ese escenario podría darse militarmente, el problema está en que con el EPL operando en el Catatumbo es casi imposible que aterrice el posconflicto en los 11 municipios de la región.

Adicionalmente está el hecho de que en el mismo pliego, se está pidiendo que las conversaciones que ya existen con el ELN y las Farc tienen que ampliarse porque: “se requieren soluciones concertadas” y aparte piden garantías para un “gran diálogo social que se exprese en la apertura de diálogos regionales en aquellos territorios donde la guerra se vive con mayor rigor.”

“Es un paro para mostrarle al gobierno que así digan que el modelo económico no es negociable, hay una gran mayoría que quiere que sí lo sea”, le dijo a La Silla el senador Castilla.

Otro congresista que pidió no ser citado nos dijo que el gobierno está intentando que el paro no pase y quieren hablar con los voceros antes de que les explote.

De hecho, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, los citó a las cinco de la tarde hoy en su oficina para una reunión privada y la idea, como nos confirmó una fuente en Presidencia, es que se vean con el presidente Santos a más tardar el viernes.

Sin embargo, dos fuentes de la Cumbre nos dijeron que así haya o no reunión con el Presidente, el paro es un hecho.

Aunque de por sí ya es grave que a Santos le explote encima otro paro como el de 2013,  el hecho de que Salud Hernández y los periodistas D`Pablos y Melo estén desaparecidos o secuestrados en la región donde arranca la movilización desde este viernes, complica aún más su liberación.

Fuente: LA SILLA VACÍA

05/26/2016
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