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Se conocieron los informes de actuaciones especiales del ente de control sobre “la acumulación irregular de predios baldíos”. Los cuestionamientos recaen sobre 322 predios, 12 de ellos en Córdoba, que involucran además a familiares del ministro Iragorri y el exministro Lizarralde.

La Contraloría solicitó a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, emprender acciones judiciales para anular las ventas de predios de origen baldío en casos de acumulación indebida de Unidades Agrícolas Familiares, UAF, o enajenaciones de adjudicatarios originales sin el lleno de los requisitos legales.

Por ahora el ente de control advierte sobre 33 casos concretos, referentes a 322 predios, 12 de ellos ubicados en Córdoba, entre los que se incluye El Ubérrimo, del expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe y otros tres de familiares del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri y del exministro de esa misma cartera, Rubén Darío Lizarralde.

Además, se supo acerca de los informes de actuaciones especiales sobre “la acumulación irregular de predios baldíos”, uno sobre la altillanura, de 240 páginas, y otro sobre Antioquia y Córdoba, de 67 páginas, presentados por el ente de control fiscal en febrero y septiembre de 2014, respectivamente, y que sirvieron de insumo para la decisión que hoy se anuncia.

Esta petición del organismo revisor se produce además en medio de la polémica que ha generado en el país la eventual presentación por parte del Gobierno de un proyecto de ley de tierras al Congreso, proveniente de los acuerdos de paz con las Farc, sobre el que empresarios y la derecha advierten de una supuesta cruzada por la expropiación de la propiedad privada, mientras que la izquierda y organizaciones sociales han criticado el hecho de que los baldíos se entregarían a personas que no serían sujetos de reforma agraria, es decir, que no son ni vulnerables ni están en condiciones de pobreza.

Venta y concentración de baldíos

Los otros predios analizados por la Contraloría, en documentos que han sido remitidos también a la Fiscalía y Procuraduría, se encuentran así mismo en los departamentos del Meta, Caquetá, Vichada y Antioquia.

La idea es que los demás entes de control “determinen si existe responsabilidad penal y/o disciplinaria por parte de funcionarios y/o particulares -según el caso-, frente al deber institucional de evitar que predios particulares adjudicados originalmente como baldíos fueran vendidos y consolidados en unidades de UAF superiores a las permitidas por la ley”.

Lo anterior, debido a que, indica la Contraloría, “se estableció que dado que las transacciones se derivaron de negocios entre particulares, no es posible imputar a ninguno de estos daño fiscal tal como lo prohíbe expresamente la Ley 610 de 2000”.

Sin embargo, advierte el ente de control fiscal, “si bien no existió un detrimento patrimonial, sí es reprochable la violación de los topes establecidos en la ley, como son la 450
hectáreas de la Ley 135 de 1961 o de la Unidad Agrícola Familiar, establecidos en la Ley 160 de 1994, que están orientados promover la función social de la propiedad y a evitar la concentración de la misma”.

‘El Ubérrimo’

Estos 33 casos de posible acumulación irregular de predios de origen baldío analizados y cerrados desde el punto de vista fiscal en la Contraloría, equivalen a 322 predios, para un total de 123.482.89 hectáreas.

Entre estos predios con origen baldío vendidos a terceros se incluyen 12 predios en Córdoba, entre los que se encuentra ‘El Ubérrimo’.

La persona natural o jurídica de las tierras del expresidente Uribe corresponde a la Sociedad Agropecuaria ‘El Ubérrimo’, ubicado en los municipios de Monterpía y San Carlos, Córdoba, que constituyen un total de 11 predios de 103 hectáreas.

Según el informe de la Contraloría, esta sociedad” posee 11 predios con origen baldío en los municipios de San Carlos y Montería, los cuales cuentan con una extensión de 103 hectáreas, sobre pasando la UAF que para la zona tiene un promedio entre 10 y 23 hectáreas, por valor de 194,1 millones de pesos a valores de 2012″.

Al respecto, el economista barranquillero Salomón Kalmanovitz había escrito en 2013 en una columna en el diario capitalino ‘El Espectador’, en la que decía que el expresidente Uribe había inaugurado un puente sobre el río Sinú, pagado por la Nación, que debió valorizar, entre otros, al Ubérrimo, pues quedaba cerca del mismo.

Así mismo, cita el columnista un informe de la Contraloría en ese mismo año, que señala que “el presidente y su familia resultaron beneficiados de inversiones por parte del Incoder y a cargo de Corpoica que privilegiaron el distrito de riego Mocarí. Allí se ubican los 59 predios que conforman la Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S”, y agrega que “según el representante Iván Cepeda, la familia Uribe Moreno adquirió 17 predios adicionales entre 2008 y 2012. Antes de eso, se había beneficiado con cuatro terrenos baldíos y adquirido un predio de reforma agraria, sin esperar el plazo que prohíbe su enajenación”.

Todo esto, anota, “sin que el presidente advirtiera que existía impedimento alguno cuando lo firmó, junto al entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias”.

Las inversiones públicas en Mocarí, sigue el escrito, “fueron del orden de $3.302 millones, de los cuales $1.411 millones se destinaron a canales de drenaje que beneficiaron predios de la mencionada sociedad”.

La respuesta del expresidente

En respuesta, Uribe dijo que el asunto era una estrategia del “castrochavismo” para afectarlo. Su declaración la dio en el plenaria del Senado, en donde dejó una constancia en la que rechazó el señalamiento que en tal sentido le hizo el contralor Edgardo Maya Villazón.

“Si se consolida este abuso y tengo que perder este pedazo de tierra, o pagar por una cabida equivalente, lo haré, pero de manera ninguna renunciaré a mi vocación de empresario honorable del campo, con sentido social, y por motivo alguno dejaré de oponerme al proceso castrochavista que avanza en Colombia, como lo muestran estas temerarias acusaciones”, sostuvo.

Indicó que su grupo familiar tiene una explotación agropecuaria de cerca de 1500 hectáreas y frente a las 103 hectáreas de las que hace referencia el contralor “no conforman un predio físico, están en nueve adquisiciones. Todas fueron baldíos adjudicados por el Estado antes de 1994 a particulares ajenos a mi familia o a mi persona”.

Uribe sostuvo que las compras son legales y no constituyen acumulación ilegal, porque el Estado adjudicó estos predios antes de la ley 160 de 1994.

Y explicó al respecto que “un predio fue comprado a una sucesión. Cuatro predios fueron comprados a quienes habían sido adjudicatarios de baldíos. Tres predios fueron comprados a dueños que habían adquirido de adjudicatarios de baldíos o de adquirentes posteriores. Un predio de una hectárea más 2792 metros cuadrados fue adquirido por única escritura”.

Los otros 11 predios en Córdoba

Entre los otros baldíos señalados en Córdoba por la Contraloría se encuentra uno de los ganaderos y algodoneros William Gánem, María Victoria Gánem, Abraham Gánem y Rosa María Gánem, en Montería, Tierralta y Valencia, de 17 predios de 570 hectáreas.

Uno a nombre de Cerro Matoso en Puerto Libertador, con 5 predios de 223 hectáreas; otro de Pedro Ghisays -dueño de Apuestas Córdoba-, en Canalete, San Pelayo y Tierralta, de 4 predios de 132 hectáreas; uno más de Sandra María Vélez, en Puerto Libertador, de 2 predios de 43 hectáreas; otro de la Sociedad de Inversiones Casa Grande, en Canalete, de 3 predios de 49 hectáreas.

Así mismo, uno de Lina María Vélez -hija del empresario William Vélez-, en Canalete, de 2 predios de 43 hectáreas; otro de William Salleg -propietario del periódico ‘El Meridiano’ de Córdoba-, en San Carlos y Montería, de 8 predios de 77 hectáreas; uno de la Sociedad W de Jesús Vélez Sierra -también hijo del empresario William Vélez-, en Canalete, de 2 predios de 66 hectáreas; otro de la Reforestadora Kandecord, en Tierralta, de 6 predios de 580 hectáreas; uno más de la Reforestadora Industrial Paramillo, en Tierralta, de 44 predios, de 1.450 hectáreas y otro de la Sociedad Carlema, en Ayapel, Córdoba y Caucasia, Antioquia, de 58 predios de 1.182 hectáreas.

El ministro Iragorri

La Contraloría señala a familiares del ministro Iragorri, por tierras situadas en La Primavera, Vichada, que corresponden a 3 predios de 3.816 hectáreas.

En el informe del ente de control, conocido por EL HERALDO, se plantea que de acuerdo a la denuncia que hizo el entonces representante del Polo Democrático, Wilson Arias, “se logró evidenciar la adjudicación irregular de tres predios en el departamento del Vichada por parte del Incora en el año 1996 y su posterior acumulación por parte de cuatro empresas”, y agrega que “este caso se relaciona con primos del hoy ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia”.

También pone de presente la actuación especial que en este caso “se omitió la verificación del requisito respecto de la ecplotación económica por los solicitantes por espacio al menos de cinco años (…), teniendo en cuenta que las personas finalmente beneficiarias con la adjudicación no son habitantes de la zona sino de la ciudad de Bogotá y con actividad económica en otras ramas de la economía”.

Al responder, Iragorri aseguró: “nunca he hecho gestiones ante las entidades del Estado para favorecer la adquisición de tierras, ni para mí, mis familiares y terceros”, dijo, y negó tener “tierras en Vichada o en algún otro lugar de la altillanura colombiana”.

Calificó como “inadecuado” que la Contraloría no se refiera a personas naturales o jurídicas concretas sino a “familiares de, generando un vínculo hacia la opinión pública con mi persona”.
Y concluyó: “creo en la buena fe y respeto la labor empresarial de mis familiares. Estoy seguro de que ellos sabrán dar las explicaciones correspondientes al país y a los organismos de control que las soliciten”.

El exministro Lizarralde

También se destaca el caso que tiene que ven con familiares del exministro Lizarralde, con tierras ubicadas en La Primavera y Puerto Carreño, Vichada, correspondientes a 4 predios de 5.064 hectáreas.

El informe del organismo revisor, al que accedió EL HERALDO, indica al respecto que “los predios El Nudo, La Cola, El Gorro y la Costa hacen parte del denominado ‘Bloque Dávila’, dentro del proyecto de producción de caucho en el departamento del Vichada, promovido por Indupalma (…). En las sociedades por acciones simplificadas que adquieren estos predios se cuenta con la participación de la ministra de Educación, María Fernanda Campo -2010 a 2014-; del ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, del hijo de la expareja y de cuatro hermanos de la ministra”.

Y agrega el ente de control en este aparte que “los predios que se acumulan tiene origen en terrenos baldíos de la Nación, adjudicados a particulares y que desde el año 2010 han sido adquiridos por sociedades por acciones simplificadas y particulares (…)”.

Lizarralde, en diálogo con la revista capitalina ‘Semana’, contestó que “esa es una historia que están reviviendo de la época de mi Ministerio, surge de un debate de los señores del Polo en los que juntaron unos predios de excuñados míos, de mi exseñora y otros amigos como si fueran comprados por mí, como si yo los hubiera puesto a nombre de ellos. Por supuesto los predios son de ellos, no hay una manipulación de UAF”.

Agregó que ya lo habían citado por este asunto: “una muy pobre investigación, por cierto. Di las explicaciones y cerraron el caso. Si hubieran encontrado algo me habrían sancionado. Quiero decir que este no es un caso de acumulación, esto tiene sus propietarios y todo está en regla”.

Polo respalda decisión

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien envió al ente de control varios de los casos en 2013 tras un debate de control político que dio junto al exrepresentante copartidario, Wilson Arias, manifestó su respaldo a la Contraloría.

“Respaldo esta acción de la Contraloría, ente al que desde 2013 señalamos la necesidad de examinar la acumulación de tierras por parte de algunos empresarios en varias regiones del país”, dijo el legislador de izquierda.

Afirmó además al respecto que “decisiones como esta dejan clara la inconveniencia de la Ley de Tierras que el Gobierno pretende tramitar como parte del punto uno del Acuerdo de Paz, la cual elimina la restricción del artículo 72 de la Ley 160 para la acumulación de baldíos”.

Y concluyó Cepeda en este sentido que “eso no le hace ningún bien al desarrollo rural, con un componente más democrático que buscamos, y tampoco les hace bien a los campesinos de este país”.

DEFENSA

La Contraloría puso en duda 103 de las 1.500 hectáreas que posee. Según registros de Cámara de Comercio, la gerente es la exprimera dama, Lina Moreno de Uribe, y el gerente suplente es Santiago Uribe Vélez.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunciará por prevaricato al contralor general de la República, Edgardo Maya por haberle solicitado a la Fiscalía y la Procuraduría indagar, si hubo anomalías en la forma como el senador se hizo al Uberrimo.

“Voy a denunciar a Edgardo Maya por prevaricato. Maya es finquero en el Cesar, y aquí es un socialista pro Farc en Bogotá, lo voy a denunciar, así pierda yo estas 103 hectáreas o tenga que comprar el equivalente para dárselo a la agencia nacional de tierras”, dijo Uribe Vélez a Caracol radio.

El exmandatario sostuvo que investigar a la Sociedad Agropecuaria el Ubérrimo es muy fácil, “porque nosotros no tenemos testaferros, además esas escrituras se han hecho de acuerdo con la ley”, comentó.

Las 103 hectáreas que hacen parte de una explotación agropecuaria de 1.500 hectáreas que tiene el grupo familiar fueron adquiridas según él en casos que habían salido del dominio del Estado: “A mí familia no le han adjudicado baldíos”.

Este martes, el expresidente había asegurado que: “Si se consolida este abuso y tengo que perder este pedazo de tierra, lo haré, pero de manera ninguna renunciaré a mi vocación de empresario honorable del campo”, luego de que por medio de un comunicado la Contraloría indicacar que tras valorar los informes de actuaciones especiales de 2013, 2014 y 2015, elaborados por la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario, se veía en la obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría 33 casos de posible acumulación indebida de unidades agrícolas familiares (UAF) en Córdoba, Meta, Vichada y Antioquia.

Asimismo, el organismo de control le pidió a la Agencia Nacional de Tierras adelantar acciones para “anular las ventas de predios de origen baldío” cuando se comprueben las irregularidades.

En Colombia, a mediados de 2013, arrancó un duro debate que promovieron el Congreso, algunos medios y la ONG británica Oxfam: el acaparamiento de tierras en la altillanura. El país se empezó a preguntar cómo miles de hectáreas baldías, adjudicadas a campesinos, terminaron en manos de grandes empresas. Se descubrió que compañías, como la estadounidense Cargill, habían contratado a firmas de abogados colombianas, como Brigard & Urrutia, para crear sociedades de papel en el exterior o en Colombia, hacer una especie de triangulación y quedarse con las tierras de manera “disimulada”.

Fuente: DIARIO EL HERALDO DE BARRANQUILLA / DIARIO EL ESPECTADOR

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