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Más que descontento por su ausentismo o sus salarios elevados, hay un intenso malestar ante la incompetencia o deshonestidad de la mayor parte de los políticos. Un análisis del caso colombiano, de lo que indica y lo que implica para nuestra sociedad.

En La política como vocación, Max Weber identificó dos clases de políticos: unos que viven para la política y otros que viven de la política. En el primer grupo se encuentran los estadistas que ejercen un liderazgo natural y actúan por vocación de servicio. En el segundo grupo están aquellos que hacen de la política una fuente de enriquecimiento personal.

Aunque con la distinción de Weber es posible identificar a los buenos y los malos políticos, Caselli y Morelli, en su clásico escrito Bad Politicians, establecieron el criterio de la calidad de los ciudadanos que se postulan a cargos políticos para precisar aquella distinción. La calidad de un político depende de su competencia y de su honestidad:

  • Es competente aquel político que satisface las necesidades de sus electores a un costo social mínimo.
  • Y es honesto el político que ejerce sus funciones sin extraer de ello un indebido beneficio personal.

Cuando la cantidad de políticos de baja calidad, es decir, los incompetentes y/o deshonestos, es mayor que la de políticos de alta calidad, la balanza se inclina en contra de los buenos. Los políticos de baja calidad propagan una imagen negativa de todos los políticos, incluidos los de alta calidad, y esto desalienta a los ciudadanos honestos y competentes a elegir y ser elegidos. En palabras de Caselli y Morelli, “es obvio que muchos optan por caminos alternativos con el fin de evitar el contacto (para no ser confundidos) con los personajes de mala reputación y mediocres que pueblan los pasillos del poder político”.

La permanencia de una élite política de baja calidad se explica porque ella utilizó su poder para establecer reglas electorales también de mala calidad, de tal forma que su reelección siempre estaría garantizada. Esta infortunada selección de los ciudadanos que conforman el parlamento y los retos morales que afrontan en el ejercicio de su cargo explican el problema sistémico que impide la renovación de las élites políticas.

El desprestigio

Desde luego, este desprestigio es producto de la incompetencia, deshonestidad y abuso de poder de un número importante de parlamentarios de baja calidad. Esto se manifiesta en una reducida productividad legislativa, en la falta de acciones de control político y en el olvido absoluto de sus electores.Según la encuesta de Latinobarómetro realizada en 2015, ante la pregunta “¿cuánta confianza tiene usted en el Congreso de la República y en los partidos políticos?”, el 78,7 por ciento y el 85,2 por ciento de los colombianos encuestados, respectivamente, respondieron que tienen poca o ninguna confianza.

A lo anterior contribuye el hecho de que el Congreso funciona alrededor de la agenda legislativa que propone el gobierno nacional. Durante el cuatrienio 2010-2014 nuestros congresistas aprobaron el 67 por ciento de los proyectos de ley presentados por el gobierno, mientras que de los proyectos de origen parlamentario solo aprobaron el 11 por ciento. Pero aun: dentro de los proyectos de origen parlamentario abundan las leyes de celebraciones, honores y monumentos con las que se pagan favores políticos, mientras que proyectos trascendentales como las reformas a la educación superior, a la justicia y la salud fueron archivados:

  • El primero fue archivado por la incapacidad del Congreso y del gobierno para concertar una reforma con los educadores, los educandos y los demás artífices de la educación superior.
  • El segundo proyecto naufragó por los “micos” que favorecían a los congresistas, lo que de paso produjo la renuncia del ministro de Justicia.
  • El tercer proyecto fracasó gracias a la inoperancia de la Comisión Séptima de la Cámara, cuyo presidente nombró como ponentes del proyecto a todos sus integrantes.

El ausentismo de los congresistas también explica ese anémico indicador de productividad parlamentaria. Como concluye una investigación de La F.M. sobre el particular, “no deja de preocupar que los legisladores no asuman sus responsabilidades y compromisos con sus electores que finalmente esperan que sus votos se materialicen en leyes justas”.

Más que dinero

Ciertamente la vocación por la política tiene una remuneración especial que no es material. Solo quien ejerce este oficio de manera ética sabe valorarla. Se trata de lo que Caselli y Morelli llaman “rentas ego”, que son las recompensas psicológicas asociadas con el estatus, el poder y el reconocimiento.

Para los estadistas, en el ejercicio de la política pesan más las “rentas ego” que la remuneración material, mientras que para los políticos de baja calidad sucede lo contrario.

Seguramente la remuneración material que reciben los congresistas en Colombia no sería objeto de debate público si en la relación entre buenos y malos parlamentarios predominaran las mentes más brillantes y las personas más honestas que nuestra sociedad puede ofrecer. Entre otras razones porque la calidad del Estado, de las leyes y de la misma sociedad no sería tan precaria como la que hemos padecido generación tras generación.

Indigna que los políticos de baja estatura moral devenguen cuarenta veces el salario mínimo y veinte veces el ingreso per cápita de la población, y que se ubiquen en las antípodas de la tercera parte de los hogares colombianos que, en promedio, consta de cuatro personas, incluye 12,4 millones de habitantes y se sostiene con menos de un salario mínimo.

La remuneración de los congresistas es el símbolo más elocuente de la desigualdad en Colombia, sobre todo cuando en el Congreso se aprueban leyes como la reforma laboral (Ley 789 de 2002) que hizo más precarias las condiciones de los trabajadores.

La sociedad: rehén de los malos políticos

Plenaria del Congreso en el Capitolio Nacional.
Plenaria del Congreso en el Capitolio Nacional.
Foto: Congreso de la República de Colombia

Próximamente, la mayoría de los congresistas se dispondrán a aprobar la agenda financiera del gobierno. Sobre la mesa está la propuesta de aumentar la tarifa general del IVA al 19 por ciento que, sin mayor debate (como es costumbre), se convertirá en ley de la República, aun sabiendo que la inflación de los últimos doce meses para ingresos bajos fue de 8,87 por ciento y que el salario mínimo solo subió el 7 por ciento.

El ajuste fiscal regresivo se impondrá a la sociedad porque los afectados no tienen quién los represente en los espacios de decisión. Tampoco será posible la aprobación de medidas progresivas, como eliminar las abultadas exenciones y exclusiones tributarias o adoptar el gravamen a los dividendos, porque los afectados del caso si están bien representados en el Congreso.

Colombia está estancada porque ha descuidado los tres pilares básicos del progreso de toda sociedad:

  • La diversificación de la base económica, que quedó rezagada frente al tamaño y el crecimiento de la población.
  • La cobertura y la calidad de la educación, que son muy precarias y limitan el desarrollo del talento colombiano.
  • La prevención en el sistema de salud, lo cual condujo a su encarecimiento y a la congestión por el aumento de las enfermedades crónicas.

Estas fallas se expresan en una intensa concentración del ingreso y la riqueza, en la pobreza, la indigencia, el desempleo, la informalidad, la delincuencia juvenil, los niños que fallecen por desnutrición y, en general, en la vulnerabilidad social. La sociedad se mantiene en un equilibrio de bajo nivel.

Los malos políticos ahuyentan de la participación política a los buenos ciudadanos.

Los partidos políticos y el Congreso evitan discutir lo fundamental porque los malos políticos no están preparados ni tienen la convicción ética para debatir juiciosamente lo que le interesa a la gente.  La prioridad del poder legislativo es su reelección y para ello negocia con los demás poderes públicos lo que popularmente se llama “mermelada” es decir, se utilizan las entidades públicas para otorgar puestos y contratos, aunque el país se derrumbe.

La sociedad es rehén de las reglas con las que transa el régimen político en Colombia. Estas se han diseñado para que únicamente los malos políticos, por ser mayoría, puedan reformarlas. Por esta razón nunca se reforman y la sociedad civil sigue atrapada en un círculo vicioso de mediocridad y subdesarrollo.

A esta verdad de a puño es a la que la miopía de los malos políticos llama “democracia”.

Buenos ciudadanos en la política

El promedio de votación en las elecciones legislativas entre 1978 y 2010 fue del 42,30 por ciento del censo electoral, uno de los niveles de participación más bajos del mundo.

La razón ya está dicha: los malos políticos ahuyentan de la participación política a los buenos ciudadanos que poseen el criterio, la competencia y la honestidad para elegir y ser elegidos.

La indignación que causó el desafuero de los congresistas que dejaron hundir el proyecto que castiga el ausentismo parlamentario ocasionó un hecho insólito: la Comisión Primera del Senado revivió y aprobó este proyecto en menos de 15 minutos. La presión social comienza a funcionar. Y es precisamente la presión social la herramienta y el incentivo para que los ciudadanos con altas calidades éticas, académicas, personales y con liderazgo se motiven para crear una red de solidaridad en contra de la mala política y de los malos políticos.

Los candidatos de alta calidad que se postulen a cargos de elección popular deben ser elegidos por los buenos ciudadanos que hoy hacen parte de la abstención electoral. Así se derrota la mala política y a los malos políticos.

Fuente: LA RAZÓN PUBLICA

07/08/2016
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