Según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de Naciones Unidas, el delito de desaparición forzada es el siguiente:

“El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”

En otras palabras, la desaparición forzada sucede cuando una autoridad del Estado priva de la libertad a un ciudadano. Los funcionarios involucrados pueden ser un policía, un miembro del ejército o civiles bajo las órdenes de cualquier funcionario público como un Secretario de Estado, un gobernador, un presidente municipal, o el mismo Presidente de la República. Es decir, no importa si los que llevaron a cabo la desaparición fueron miembros del llamado “crimen organizado” o civiles; si actúan bajo las órdenes de un funcionario público, entonces se trata de una desaparición forzada.

En Colombia, suman 82.998

Un dato de estas magnitudes, en tiempos de paz o de guerra, es sin lugar a dudas un registro doloroso. Ninguna ideología puede respaldar, y mucho menos justificar, tanta crueldad. 82.998 familias colombianas sufren la ausencia de sus seres queridos y la incertidumbre que produce la falta de noticias o de evidencias que den cuenta de qué sucedió con sus familiares. ¿Quién se los llevó?, ¿por qué se los llevaron?, ¿por qué tanta indolencia? 82.998 familias se hacen esas preguntas todos los días.

Este revelador registro, dado a conocer este 22 de febrero por el CNMH, tiene como antecedente la investigación que se publicó en 2016, titulada ‘Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia’, en la que se hace un recuento detallado de este flagelo en el marco del conflicto armado del país desde los años 70 a 2015. Inicialmente en este informe se reseñó, de forma alarmante, que 60.630 personas habían desaparecido forzosamente en los últimos 45 años a raíz de la guerra interna en Colombia.

Sin embargo Andrés Suarez, coordinador del Observatorio del CNMH, explicó que la nueva cifra —los 82.998 casos—

“se pudo establecer ampliando el rango de tiempo, ya que en el informe ‘Hasta encontrarlos’ trabajamos un periodo de análisis de los años 70 a 2015. Decidimos que se debía ampliar este rango desde 1958 a noviembre 15 de 2017”.

Suárez agregó que:

“El trabajo del Observatorio debe estar en coherencia con el informe ¡Basta Ya!, el Observatorio no puede dar datos distintos a los que se están manejando en el Basta Ya desde el 1958”.

Otra de las razones que explica el coordinador del Observatorio es que “había una fuente que faltó trabajar a profundidad, y eran los testimonios de las víctimas presentados ante el Sistema de Información de Justicia y Paz de la Fiscalía, que se había realizado parcialmente. Pensamos que no iba a existir mucha variación en las cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), con la gran sorpresa que no estaban en el RUV”. Esto permitió hacer un cruce de información, demostrando que los testimonios de las víctimas ante la Fiscalía no habían sido sistematizados.

De igual manera Andrés Suarez señaló que la tendencia general de responsabilidades no cambió con relación a lo expresado en 2016.

“Se mantiene con un mayor porcentaje en grupos paramilitares, esto se conserva estable. Se conoce nueva información pero la tendencia se mantiene”.

De aquellos casos con conocimiento del perpetrador, 52% de los casos, la distribución es así: grupos paramilitares: 26.475 (62,3%), guerrillas: 10.360 (24,3%), grupos posdesmovilizacion: 2.764 (6,5%), agentes de Estado: 2.484 (5,8%), agentes de Estado-grupos paramilitares: 388 (0,9%). Casos sobre los que se tiene información: 42.471.

Suárez explica que los grupos paramilitares, Grupos Armados Posdesmovilizacion y agentes del Estado realizaron acciones conjuntas para cometer desapariciones. De igual manera se debe entender que ‘guerrillas’ no es igual a FARC. Entre ellas están las FARC que registran 3.606 casos, el ELN con 622 y cerca de 6.000 casos no identifican a la guerrilla específica.

“Estamos muy cerca de llegar al universo completo de víctimas de desaparición forzada, el margen de subregistro se ha reducido muchísimo. Puede haber un subregistro con los actores que aún siguen en armas. Como es el caso de los Grupos Armados Posdesmovilizacion (GAP); que no sepa lo que ellos han hecho porque aún están en el territorio intimidando y amenazando”

aclara Andrés Suarez.

Los casos de desaparición forzada tendrán un lugar especial dentro del proceso de justicia transicional que se adelanta en el país. Como consecuencia del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC, se creó la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dirigido por Luz Marina Monzón. Esta entidad tendrá el deber de esclarecer lo que ha pasado con miles de familias que han sufrido este flagelo, que como vemos, sobrepasa cualquier registro visto en el hemisferio.

Más allá de las cifras

La desaparición forzada es, tal vez, una de las prácticas represivas más atroces utilizadas por los actores del conflicto para imponer su control. Por ello el CNMH ha asumido la investigación exhaustiva de este hecho violento a través de seis publicaciones. La primera de ellas fue publicada en 2014, ‘Normas y dimensiones de la desaparición forzada’, que muestra cómo ha evolucionado la legislación nacional e internacional sobre este delito y cómo se ha tipificado.

La segunda es de 2014, titulada ‘Huellas y rostros de la desaparición forzada’, una selección de 13 casos emblemáticos, que conforman un testimonio doloroso de la ineficacia del Estado para impedir que este crimen siga en la impunidad.

El tercero, también de 2014, ‘Entre la incertidumbre y el dolor’, es una investigación sobre los impactos sicosociales causados por la desaparición forzada de personas, descritos como una doble tortura: la física, que se imagina impuesta a la víctima directa; y la psicológica, que sufren sus seres queridos.

El cuarto, 2014, ‘Balance de la acción del estado colombiano frente a la desaparición forzada de personas’, analiza los mecanismos actuales que ha creado el Estado para combatir la desaparición, y señala las razones de su ineficacia, y formula algunas recomendaciones para mejorar las unidades existentes de prevención, búsqueda, investigación, asistencia y reparación.

El quinto informe, lanzado en 2015, ‘Textos corporales de la crueldad’, destaca el papel de la antropología forense en la labor de exhumación de 36 cuerpos hallados en la inspección de Puerto Torres del municipio Belén de los Andaquíes en Caquetá.

Negacionismo y avances

Pese a los grandes esfuerzos de la comunidad internacional por erradicar este crimen, las desapariciones forzadas se han vuelto una práctica recurrente y generalizada.

«Y si toda muerte humana entraña una ausencia irrevocable, ¿qué decir de esta ausencia que se sigue dando como presencia abstracta, como la obstinada negación de la ausencia final?».

Son las palabras pronunciadas hace más treinta y seis años por Julio Cortázar en su discurso titulado «Negación del olvido», expuesto en el Coloquio de París sobre la política de desaparición forzada de personas (1981), en el que por primera vez se planteó la necesidad de adoptar una Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas.

Desde ese entonces, y gracias a la constante lucha de las diversas organizaciones no gubernamentales y agrupaciones de víctimas, se ha construido progresivamente un régimen jurídico internacional de protección contra esta práctica criminal, constituido por la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (1992), Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas (1994), el Estatuto de Roma (1998), la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006), la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y las resoluciones de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas.

En dicho régimen internacional de protección, también se recuerda el mandato de criminalización que obliga a los Estados parte a tipificar el delito en su derecho interno conforme a los estándares internacionales.

Desgraciadamente, y pese a los grandes esfuerzos de la comunidad internacional por erradicar este crimen, las desapariciones forzadas se han vuelto una práctica recurrente y generalizada. En su último informe del año 2016, el Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias da cuenta del escalofriante escenario actual:

“El número de desapariciones forzadas sigue aumentando en todo el mundo bajo la creencia falsa y perniciosa de que esta práctica constituye un instrumento útil para preservar la seguridad nacional y combatir el terrorismo y la delincuencia organizada”.

Sumado al lamentable incremento de las desapariciones forzadas en todo el mundo, durante los últimos años hemos sido testigos de discursos negacionistas que invisibilizan o minimizan la magnitud y atrocidad de este crimen, como el caso de Darío Lopérfido, ex Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, quién negó la cifra de 30.000 desaparecidos en Argentina, seguido por las lamentables declaraciones del actual presidente Mauricio Macri, donde aseveró “no tener idea si fueron 9.000 o 30.000” los desaparecidos en dictadura.

Siguiendo esta tendencia, el presidente del Centro Militar de Uruguay, el coronel (r) Carlos Silva, sostuvo que

“[…] muchas veces lo que se hace es proyectar la situación de Argentina para dentro del Uruguay. Ponen 200 desaparecidos en Uruguay. Eso es una mentira. Acá en el Uruguay creo que fueron… 32… y de los cuales algunos no eran nuestros”.

A las y los negacionistas tenemos el deber de recordarles que la desaparición forzada es un crimen que viola derechos humanos caracterizados por su inderogabilidad. Es considerada como una violación múltiple, compleja y pluriofensiva, transgrediendo derechos fundamentales como son los derechos a la vida, la libertad personal, la integridad personal, al reconocimiento a la personalidad jurídica, entre otros.

Los elementos constitutivos de este crimen son la privación de la libertad, la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos y la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. Su práctica sistemática y generalizada constituye un crimen de lesa humanidad, esto es ¡un crimen en contra de la esencia misma de la humanidad!

La desaparición forzada es considerada como continuada o permanente, mientras no se establezca el destino o el paradero de la víctima, originando un grave y continuado sufrimiento a su familia, ya que, por un tiempo indeterminado, siguen viviendo en una situación de desesperación, de angustia, estrés e inseguridad frente a la desaparición. El derecho a acceder a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a la integridad personal de los familiares, se ven vulnerados por esta práctica. Es por esta razón, que las y los familiares son considerados también víctimas de la desaparición forzada.

El negacionismo tiene consecuencias abrumadoras para las víctimas. Al desmentir lo ocurrido o tratar de minimizar la tragedia, las y los familiares sufren un proceso de revictimización, incorporando nuevas situaciones dolorosas en su vida, exponiéndose nuevamente a un contexto de fragilidad, vulnerabilidad y exclusión, y consolidando la cronificación de las secuelas psicológicas a consecuencia de la desaparición.

El negacionismo, y la consecuente revictimización, supone un retroceso en las medidas de reparación -esto es, las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en la que ha incurrido-, en relación con las directrices de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, esenciales en cualquier proceso de Justicia Transicional.

El origen de esta práctica criminal data desde la primera mitad del siglo XX, proyectándose hasta la actualidad. Fue utilizada en los regímenes dictatoriales de Europa y cívico-militares de América Latina, los que hicieron de la desaparición forzada una técnica para sembrar el terror, incertidumbre y control en la población, gozando de la impunidad propia que entrega el acto de encubrimiento del crimen.

Dicho todo lo anterior, si el encubrimiento -para lograr la anhelada impunidad del victimario- es un elemento constitutivo de esta práctica, ¿qué importancia tiene la exactitud estadística cuando se manejan cifras astronómicas de un crimen de semejante atrocidad y, más aún, permaneciendo vigentes los pactos de silencio que impiden, por un lado, la búsqueda de la verdad y, por otro, dar con el paradero de las víctimas?

Detrás de cualquier práctica negacionista, se encuentra el revisionismo histórico que busca justificar los crímenes en base a un discurso de carácter salvífico pregonado por las dictaduras, sustentado en la bonanza económica y el discurso progresista, que opera como el gran estandarte de los beneficiados por los regímenes dictatoriales, donde la violencia cometida sistemáticamente contra la población civil- y el sufrimiento consecuente de las víctimas-, constituyen, para los negacionistas, el precio necesario de un futuro mejor.

Ahora bien, a los negacionistas también les debemos recordar que durante los últimos años hemos visto avances en la búsqueda de la verdad, justicia y la reparación para víctimas de desapariciones forzadas en la región suramericana. En Bolivia, por ejemplo, recientemente se ha constituido la Comisión de la Verdad, entidad que tiene como misión encontrar todos los datos y la información posible, que ayuden a esclarecer los hechos relacionados con delitos de lesa humanidad cometidos por militares entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982, periodo de tiempo que abarca las dictaduras de René Barrientos, Hugo Banzer y Luis García Meza.

La creación de esta entidad investigadora, fue posible gracias a la constante lucha de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASOFAMD) y la Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad, quienes, junto a otras asociaciones de víctimas, demandaron durante años que la Asamblea Legislativa aprobara el proyecto de ley de la Comisión de la Verdad.

En Paraguay, por su parte, se continuará buscando a detenidos desaparecidos durante la Operación Cóndor y la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) tras el aporte del Ministerio de Justicia, que firmó un convenio de unos 60.000 dólares para las excavaciones y exhumaciones durante un año. El primer convenio de cooperación técnica fue firmado en 2014 entre el Ministerio de Justicia y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.

Por medio de esa cooperación, se contrató al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y se logró la creación del Banco Genético de Familiares, el Perfil Genético de la Población Paraguaya, el perfil biológico de 22 esqueletos y la identificación de cuatro personas, tres de ellas víctimas de la Operación Cóndor.

En Colombia, donde el horror de la desaparición forzada ha arrojado cifras que alcanzan las 60.630 víctimas, para hacer frente a esta atrocidad, el presidente Juan Manuel Santos emitió, a principios de abril, tres nuevos decretos con fuerza de ley que darán vida a tres instancias claves para el acuerdo de paz y la búsqueda de los desaparecidos: la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y el comité de selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En Ecuador, el ex-presidente de la República, Rafael Correa, anunció la construcción de un Museo de la Memoria en los predios del antiguo Regimiento Quito n.º 2, donde antes funcionaba el Servicio de Investigación Criminal (SIC-10), lugar donde se cometieron violaciones a los derechos humanos, como fue el caso de la desaparición de los hermanos Carlos y Pedro Restrepo. El Museo forma parte de las políticas de reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos sucedidas entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.

En Chile, en agosto del presente año, la Corte de Apelaciones condenó a ocho antiguos miembros de la DINA (¬policía secreta del régimen dictatorial de Pinochet), por el secuestro calificado -desaparición forzada-¬ de Luis Durán Rivas, quién fue detenido cerca de su domicilio y llevado a los centros de tortura y exterminio de la DINA conocidos como José Domingo Cañas, Cuatro Álamos y Villa Grimaldi, donde fue visto con vida por última vez. En 1975, su nombre apareció en la lista de víctimas de la Operación Colombo, que fue un montaje de la DINA para encubrir la desaparición de 119 prisioneros políticos, en el que participaron además las dictaduras militares de Argentina y Brasil.

En Uruguay, un grupo de antropólogos ha retomado las excavaciones en el Batallón militar n.°13 de Montevideo, continuando la tarea de búsqueda de desaparecidos que fue encomendada por el presidente Tabaré Vázquez al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, organismo creado en 2015 que tiene por misión apoyar la investigación y el esclarecimiento de los crímenes contra la humanidad perpetrados por el Estado entre 1968 y 1973, cuando el país estuvo gobernado primero por Jorge Pacheco Areco y luego por Juan María Bordaberry, y la posterior dictadura cívico-militar de 1973 a marzo de 1985.

En Argentina, apenas se conoció el escandaloso fallo de la Corte Suprema de Justicia que considera aplicable el beneficio del 2×1 a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, los principales referentes y organismos de Derechos Humanos expresaron su repudio, realizándose una multitudinaria marcha a principios de mayo del presente año. Dicha convocatoria fue apoyada por diversos organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales. El Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, se sumó a la campaña y pidió que “la justicia argentina termine con esta situación insólita que se ha creado con el pretexto de aplicación retroactiva de ley más benigna”.

Y qué decir de las innumerables muestras artísticas y audiovisuales, las políticas orientadas a construir lugares de memoria, los programas de estudios orientados a formar defensores de derechos humanos, las numerosas publicaciones científicas sobre las desapariciones, las políticas encaminadas a la desclasificación de archivos y la cooperación internacional en materia de justicia, como el caso de la justicia italiana que, a principios de este año, condenó a 8 criminales por el asesinato de 23 ciudadanos italianos en el marco de la operación Cóndor.

Por último, recordemos que la desaparición forzada no es sólo una práctica de regímenes dictatoriales del pasado. Este crimen se ha cometido en Estados de derecho democráticos que se encuentran en un escenario de conflicto interno o bien no ejercen un control efectivo sobre su territorio y en sus agentes estatales. Este es el caso de Colombia con los diferentes grupos, tanto estatales como ¬paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes ¬que han cometido desapariciones o en Chile con los casos de José Huenante, José Vergara y Hugo Arispe, todos desaparecidos por las fuerzas policiales o el reciente caso de Santiago Maldonado en Argentina, desaparecido por Gendarmería Nacional durante los hechos de represión acaecidos en el departamento de Cushamen.

Como señalan el Grupo de Trabajo ad hoc y el Comité especializado de Naciones Unidas para este crimen, las desapariciones forzadas son parte del presente. Están ahí, no podemos ser indiferentes. Como miembros de la sociedad civil tenemos el deber de recordar lo ocurrido y actuar frente a lo que pasó y lo que está pasando. Esperemos que las diversas medidas tomadas por los gobiernos de la región suramericana ayuden a los propósitos de verdad, justicia y reparación para las víctimas. En este 30 de agosto, día internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, no olvidemos a todas y todos aquellos que fueron y son víctimas de desapariciones forzadas, que representan, siguiendo a Cortázar,

«[…] esa ausencia que se sigue dando como presencia abstracta, como la obstinada negación de la ausencia final […]”.

Trata en el Eje Cafetero

El drama es de tal magnitud que en los últimos diez años se han creado unas doscientas organizaciones, a las que se suman miles de voluntarios, consagradas a seguirles la pista a las organizaciones criminales, así como a ubicar los lugares donde retienen a las personas y a denunciarlas ante las autoridades.

Nathalia, treinta años, delgada, ojos color de almendra y el pelo lacio teñido con rayitos color ceniza, está sentada frente a un pocillo de café sin azúcar en uno de esos sitios de cafés especiales que se han multiplicado durante los últimos años en el centro de Pereira.

En la pantalla del teléfono los ojos grandes y luminosos de una niña de siete años se asoman al mundo y lo dejan inundado de preguntas: Es Manuela, su hija.

Por ella lo hice todo, dirá Nathalia unos días después, cuando la fuerza de su propio relato se le haya convertido en catarsis.

Por ahora examina una y otra vez las palmas de sus manos en un gesto que al principio parece un tic, pero   más tarde se revela como el síntoma de otra cosa.

Un sorbo de café y vuelve a mirarse las palmas de esas manos finas y bien cuidadas.

Por una caricia de esas manos los viejos árabes y japoneses están dispuestos a pagar una fortuna, recuerda que le dijo un par de semanas después el hombre elegante y bien parecido que se le aproximó una tarde de sábado en un centro comercial de Pereira.

Un nuevo sorbo de café y otra vez se concentra en las líneas de las palmas de sus manos.

A lo mejor cree que algún día podrá descifrar las claves de una vida que se le salió de madre, justo el año en que iba a terminar sus estudios de contaduría.

Sería el fin de muchos años de trabajo como secretaria en una empresa de confecciones.

Estaba hasta aquí de deudas, dice a modo de justificación mientras un cuchillo imaginario hace un tajo de mentiras alrededor de su cuello.

Pero desde esa tarde de sábado de 2013 su vida empezó a llenarse de heridas de verdad.

Ahora Nathalia se consagra de vez en cuando a lamerse las cicatrices.

Casi siempre con un pocillo de café sin azúcar al frente.

Era lo único capaz de darle algún sosiego cuando se enfrentaba a la inminencia de su propia desnudez frente a un desconocido en un burdel de Tokio, de Dubái, de Ankara, de Marsella, de Ibiza o de Mallorca.

Ese fue el trazado de su viaje de ida y vuelta a los infiernos de la trata de personas, un delito que no para de crecer, a pesar de las muchas advertencias de las autoridades y de las fundaciones que trabajan en pos de rescatar a miles de personas atrapadas en las redes de peligrosísimas mafias con tentáculos en todos los rincones del planeta.

“Hemos encontrado mujeres secuestradas en barcos anclados en el extremo sur de América”, dice Miguel, un investigador que trabaja como voluntario en equipos de apoyo a las policías de Colombia, Ecuador y Perú.

Fue él quien primero tuvo noticia de lo que le había pasado a Nathalia y a otras cinco mujeres contactadas en Pereira, Armenia, Manizales, Cartago y La Virginia.

“Lo que le pasó a Nathalia es el modelo típico de aproximación a las potenciales víctimas”, afirma el hombre, sentado en el Terminal de Transportes de Pereira mientras espera un bus con destino a Anserma, Caldas. Ha recibido información de que una estudiante de dieciocho años desaparecida una semana atrás podría estar en poder de una organización que opera en el circuito de poblaciones mineras   ubicado en los límites entre Caldas y Risaralda.

“Los hombres y mujeres encargados de contactar a las chicas siempre son del tipo ejecutivo: mucho traje sastre, relojes costosos y cadenas bien exhibidas. Antes del primer acercamiento han adelantado un detallado trabajo de investigación del que recogen datos sobre la actividad que desempeñan sus víctimas, así como acerca de sus necesidades, aspiraciones o deudas. Esto no es así no más. Cuando se deciden a acercarse es porque ya tienen un diagnóstico claro y preciso de la víctima”.

Un sorbo de café amargo, un vistazo a las palmas de las manos y el relato empieza a colarse por entre las grietas de la memoria de Nathalia.

“Puede sonar a justificación, pero el padre de mi niña nunca respondió ni con un vaso de leche. Por eso un día me prometí que haría hasta lo imposible por sacar a mi bebé adelante. He pasado por las cosas más terribles, pero aquí estoy de nuevo con ella. La dejé cinco años al cuidado de mi mamá, pero nunca les fallé con la plata para el sostenimiento.

“A mí me sucedió una cosa muy curiosa ¿sabe? A medida que avanzaba en los estudios universitarios más dudas me entraban de que ese no iba a ser el camino para brindarle lo mejor a Manuelita. Cómo le explicara: veía a mis amigas con un título profesional en la mano y seguían llevando los mismos trabajos de recepcionistas o de impulsadoras en los supermercados.  Fue así como me fui llenando de temores sobre el futuro de la niña”.

“Entonces se me acercó José Roberto esa tarde de sábado.

Infografía: trata de personas a nivel mundial y departamental

Nathalia dice que no la sorprendió que el tipo dispusiera de tanta información sobre su vida. Unos amigos comunes que se interesan por tu bienestar me han hablado muy bien de ti. Por ejemplo, que eres una madre extraordinaria,dice Nathalia que le dijo el hombre cuando se ofreció a pagarle la cerveza. Después se sucedieron varias invitaciones a cenar y a la vuelta de un mes vino la propuesta directa: “¿No te gustaría conocer mundo, ganar buen billete y, de paso, asegurarle el futuro a tu hijita?”

“Parece increíble, pero los seres humanos somos más ingenuos de lo que parece. Basta con una dosis de necesidad por allí, otro tanto de frustración por acá, un trago de desesperación más acá más una cucharada grande de ambición y tenemos otro caso de víctimas de trata de personas”,asegura Miguel, desplegando en la pantalla de su computador portátil las fotografías de un centenar de mujeres en edades entre los dieciocho y los veinticinco años, captadas  por las mafias de trata de personas con fines de explotación sexual.

En el catálogo de fotografías hay rubias genuinas, morenas, indígenas, negras, rubias teñidas, altas, bajitas, flacas gruesas o esbeltas como Nathalia.

“Otro café, por favor”. Su solicitud   se acerca casi a la súplica y de golpe todo se revela: este ritual de apurar un sorbo y mirarse las palmas de las manos es en realidad un reloj: cada vuelta es un viaje de regreso a la memoria.

“Como le dije, había prometido   hacer todo lo posible por el bien de Manuelita. Cuando José Roberto me dijo que el trabajo consistía en servirle de dama de compañía a cincuentones millonarios en Japón, Dubái y otros lugares y que mis ingresos podían alcanzar hasta los ocho mil dólares mensuales, todo se me nubló. Solo pensé en mi niña viviendo como una princesa. Además, esos ingresos estaban libres de pasajes, alojamiento y alimentación.

“El paso siguiente fue decirle a mi madre que había conseguido un trabajo como ejecutiva internacional, que tendría que viajar por muchos países, que tendríamos que hacer el sacrificio de no vernos, pero que al final todas viviríamos a cuerpo de reinas. Con esos sueños locos en la cabeza me subí a un avión en Bogotá.  De allí volamos a Chile, luego a Australia y finalmente a Japón ¿Alguien podía pensar en un sueño mejor?”

Bueno, a los funcionarios de entidades como Migración Colombia, la Organización Internacional para las migraciones, Aesco, la Fundación Esperanza y a voluntarios como Miguel les toca ver las cosas de otra manera. A ellos les corresponde asistir al momento justo en que ese sueño se convierte en pesadilla.

“Para empezar, la Trata de personas tiene muchas ramificaciones y especialidades”, asevera Álvaro, médico y abogado cooperante de la Organización Internacional para las Migraciones en estos asuntos.

“Aunque un porcentaje alto de los delitos está relacionado con fines de explotación sexual, ya se trate de prostitución, pornografía o pederastia, también está la trata de personas para la explotación laboral, una figura que  convierte la antigua  esclavitud en un auténtico paraíso, tan aberrantes son las condiciones a las que se ven sometidas las víctimas”.

Cuando habla, Álvaro mueve las manos dibujando espirales en el aire: es su manera de ayudarse a entender las terribles manifestaciones de este delito.

“Fue Miguel quien me contó la historia de Nathalia y me mostró fotografías de su madre y de su hija. En la Semana Santa de 2015 recibieron su última llamada desde Turquía y desde ese momento perdieron todo contacto con ella. El método es el siguiente: Una vez llegan al primer país de destino, despojan a la persona de todos sus documentos y la enfrentan a la brutal realidad.  Para empezar, nada de damas de compañía. Lo suyo será prostitución pura y dura. Tendrán que aceptar a los clientes que les pongan y someterse a todos sus caprichos. Y de pagos nada, antes de que salden los gastos de pasaporte, pasajes aéreos y manutención en el país de llegada.

“A ese ritmo el cuerpo se deteriora pronto y a las mujeres las van trasladando de país en país, en ambientes cada vez más degradantes hasta que las desembarcan de vuelta en algún prostíbulo del caribe, donde las abandonan a su suerte. Si corren con buena fortuna podrán reunir el dinero para volver a casa.

“En el caso de Nathalia, la rescatamos con ayuda de Miguel en un antro de Mallorca y la trajimos de vuelta a casa. Este Miguel es una de monje consagrado en cuerpo y alma al rescate de las víctimas de esas mafias. Y todo en el más completo anonimato. No quiere fotos, ni premios ni siquiera reconocimientos de las personas que ha contribuido a salvar. Lo suyo es lo más parecido a una misión que he conocido en la vida”.

Siempre hay una esperanza

El delito de trata de personas con distintos fines y que incluye a niños de muy corta edad, registró en el año 2015 unos quince millones de víctimas en el mundo. El drama es de tal magnitud que en los últimos diez años se han creado unas doscientas organizaciones, a las que se suman miles de voluntarios, consagradas a seguirles la pista a las organizaciones criminales, así como a ubicar los lugares donde retienen a las personas y a denunciarlas ante las autoridades. En no pocos casos ellos mismos se encargan de rescatarlas, arriesgando incluso la propia vida.

En ese sentido, el diario digital ecuatoriano El telégrafo.com registró en su edición del 24 de febrero de 2017, que un hombre identificado como “Gabriel” contactó a tres mujeres y tres hombres y los convenció de viajar a Chile. Él supuestamente los ayudaría con los trámites para ingresar y además les conseguiría trabajos en los que ganarían $1300 cada mes. Las personas, que fueron enganchadas en las ciudades de Guayaquil y Milagro, en la provincia de Guayas, debían pagarle 206.400 pesos y cubrir los gastos del traslado en bus a Santiago.

Según la investigación adelantada por el OS-9 de Carabineros, las personas aceptaron la oferta y emprendieron el viaje. Una mujer ecuatoriana identificada por los carabineros con las iniciales N.V.F .G, los recibió en Chile y los acompañó durante los primeros días en la capital.

“A las mujeres las dejaron en una vivienda con un hombre, quien las encerró y les dijo que tendrían que trabajar en el comercio sexual. Asustadas, emprendieron la huida y, gracias a la colaboración de uno de esos voluntarios anónimos, lograron ponerse a salvo. Según el capitán Renato Cárdenas a los hombres los llevaron a trabajar en condición de esclavos en una ladrillería, de donde lograron escapar gracias a la colaboración de las tres mujeres que los contactaron por teléfono celular”,anotó el diario.

“A mucha gente le parece increíble que en pleno siglo XXI, cuando todo el mundo habla de libertad, democracia y derechos humanos, existan millones de personas sometidas por las mafias a distintos tipos de esclavitud. Y por eso, por increíble, los delincuentes pueden moverse a sus anchas.  Los enganchadores están en todas partes donde existan víctimas potenciales: en las universidades, en los centros comerciales, en las iglesias, en las fábricas, en las discotecas, en los restaurantes y en los colegios. Hemos tenido casos en los que profesores y compañeros de estudio de las muchachas son el primer contacto con los traficantes. Hace tres años conocimos el caso de una adolescente muy bella, cuyos padres habían tenido una quiebra económica, que fue entregada por su propio novio a las redes de trata de personas”,Sentencia Yolanda, acodada en la barra de un Café al paso en el centro de Armenia.

A pesar de vivir en permanente contacto con este tipo de situaciones, a Yolanda se le contrae el rostro cuando recuerda el drama de esa chica, vendida a carteles especializados en oferta sexual para cruceros de lujo enfocados a un público de hombres ricos mayores de   cuarenta años. Desde que una sobrina   oriunda de Armenia fue raptada por una de esas redes, decidió consagrar el resto de sus días a ayudarles a las familias víctimas de ese delito. Fue así como se convirtió en voluntaria y entabló relación con personas como Miguel o con funcionarios de Migración Colombia, la Organización Internacional para las Migraciones o la Fundación Esperanza.

“Aunque todos son muy importantes, La Fundación Esperanza merece una mención aparte, porque se han consagrado de manera metódica, integral y constante a la atención de las víctimas de la trata de personas y a sus familias. Su campo de acción incluye desde la identificación de casos, el acompañamiento a las autoridades y las denuncias, hasta la investigación de fondo que permita tener un panorama de los territorios y las condiciones en que se da ese delito atroz. La fundación fue una de las primeras organizaciones que empezó a denunciar la presencia de fuertes y bien organizados grupos criminales que tienen su epicentro en el Eje Cafetero y en especial en Pereira. En ese recorrido me enteré de la tragedia de Nathalia y acompañé cada uno de los pasos de su regreso al hogar, con la vida medio desecha, pero ahí va, recomponiéndose pedacito a pedacito”.

El rostro de Nathalia es un entramado de diminutas arrugas que el maquillaje no alcanza a ocultar del todo. Cada una de esas arrugas puede equivaler a un día transcurrido desde que decidió embarcarse en un avión,convencida de que estaba comprando un seguro para la dicha eterna de su pequeña Manuela.

“Pero ya que estoy en casa, no quiero convertir el resto de mi vida y menos la vida entera de mi hija en un llanto eterno. A mis treinta años solo puedo pensar en el futuro de las dos. Eso es lo único que cuenta. Tengo una profesión y con eso voy a defenderme”.

Dice, y apura el quinto pocillo de café amargo de la tarde.

Antes de despedirse examina una vez más las palmas de sus manos.

Algo muy importante tendrán para contarle.

Fuente: LA CEBRA QUE HABLA

08/30/2018

Celebran el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada

Según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de Naciones Unidas, el delito de desaparición forzada es el siguiente: […]
08/30/2018

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