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Imagine lo siguiente: usted lleva muchos años aspirando a comprar un carro y contrata a un intermediario experto para que le ayude. Su presupuesto es limitado y por eso acude al mercado del usado. El intermediario explora las ofertas disponibles, identifica la mejor opción y comienza una ardua negociación con el dueño del vehículo.

Mientras el intermediario trata de lograr una rebaja en el precio señalando que varias partes del carro están desgastadas, el dueño del carro defiende lo suyo: sabe que el vehículo está en buen estado y no está dispuesto a regalarlo. Después de un largo tire y afloje, las partes acuerdan un precio razonable y todo parece indicar que va a cerrarse el negocio.

Justo en ese momento aparece un segundo intermediario que critica la manera como se negoció y promete conseguirle ese mismo carro sin que usted pague dinero. Según él, basta con asumir una posición “más firme” para que el dueño le entregue el carro a cambio de unas palmaditas en la espalda. ¿A quién le cree?

La situación descrita es análoga a la que enfrentan muchos colombianos con el plebiscito por la paz. Uribe es como el segundo intermediario: critica a Santos por haber hecho concesiones supuestamente inaceptables a las FARC y promete alcanzar la paz con la guerrilla sin ceder. No solo eso: dice que si gana el “no” en el plebiscito sería bueno -y no grave- porque simplemente se replantearía la negociación y se lograría una versión mejorada y duradera de la paz, en lugar de la paz endeble de Santos. ¿Será eso cierto?

Han gozado de total impunidad el 99,9 por ciento de los paramilitares.

Es dudoso. Para empezar, la receta facilista de Uribe desconoce la naturaleza misma de toda negociación. Cualquier negociación implica ceder algo para obtener otra cosa a cambio. ¿Qué propone él? Negociar sin ceder, como si fuera posible ganar por todos los lados.

Para complicar el panorama, y a diferencia del ejemplo del carro, en Colombia no tenemos muchas ni mejores opciones. Una cosa es que se dañe el negocio del carro y el mercado ofrezca la posibilidad de comprar otro vehículo. Otra cosa muy distinta es la situación actual del país donde –gústenos o no- las FARC tienen poder de veto. Si queremos el bien supremo de la paz, la guerrilla más grande y longeva de Colombia (más que nadie) tiene que silenciar los fusiles. Si no, seguiremos en las mismas.

Podemos seguir diciéndonos las mentiras de siempre: que la paz se puede construir al margen de las FARC, con actividades lúdicas, inversiones sociales, crecimiento económico, educación, cultura de paz, o incluso “derrotando a los violentos”. Por loables que sean algunas de esas iniciativas (y así puedan traer ciertos beneficios), lo cierto es que varias se han ensayado por años y nunca han servido para parar la guerra.

Mientras en Colombia siga existiendo un conflicto armado como el que hemos tenido por décadas, la cuota de muertos, atentados, desplazados, desaparecidos y demás seguirá aumentando.

Una historia de impunidad

Extradición de Salvatore Mancuso a Estados Unidos.
Extradición de Salvatore Mancuso a Estados Unidos.
Foto: Wikimedia Commons

¿Será que Uribe desconoce los principios básicos de toda negociación? ¿Creerá en serio que únicamente se logran buenos resultados a punta de intransigencia? ¿Y estará plenamente convencido de que si hay impunidad es imposible alcanzar la verdadera paz?

La evidencia disponible apunta a lo contrario. Uribe ya negoció con otro grupo armado irregular -las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)-, y sabe lo que eso implica. Su gobierno buscó que los paramilitares gozaran de impunidad, como bien lo documenta Rodrigo Uprimny en su reconstrucción del proceso que llevó a la Ley de Justicia y Paz, aquella que dio penas de cárcel de cinco a ocho años para los paramilitares responsables de delitos atroces.

Desde la presentación del proyecto de alternatividad penal de 2003, Uribe insistió en aplicar tan solo una justicia restaurativa (y no cárcel) a los paramilitares, con el argumento de que el castigo penal para las AUC era una forma encubierta de venganza que dificultaba la paz.

Según la reconstrucción de Uprimny, las sanciones que finalmente se incorporaron a la Ley de Justicia y Paz fueron producto de las presiones de ONG de derechos humanos, así como de pronunciamientos y sentencias de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas instancias dieron la pelea para que se aplicaran sanciones a los responsables de violaciones graves de derechos humanos, mientras que el gobierno luchó por quitarle dientes a la ley. ¿No es contradictorio que Uribe abogara a favor de la impunidad de los paramilitares y hoy exija con tanta vehemencia castigos para las FARC?

Uribe tampoco puede argumentar que la extradición de una docena de cabecillas paramilitares a Estados Unidos es algo que él buscó desde el principio y que prueba que su gobierno sí tenía la intención de castigar a los culpables. La extradición fue, ante todo, producto de la codicia de los paramilitares. A ellos se les aplicaban los beneficios y el castigo blando de la Ley de Justicia y Paz a cambio de que desistieran de delinquir y colaboraran con la justicia.

Varios líderes paramilitares optaron por seguir delinquiendo desde sus lugares de reclusión y por eso fueron extraditados. Lo mismo podría pasar con las FARC, pues los acuerdos de paz actuales condicionan la aplicación de sanciones blandas a que los guerrilleros colaboren plenamente con la justicia.

Las consecuencias

El Senador por el Centro Democrático Álvaro Uribe.
El Senador por el Centro Democrático Álvaro Uribe.
Foto: Congreso de la República de Colombia

Además miremos cifras: supuestamente se desmovilizaron 31.000 paramilitares. ¿Cuántos han sido castigados con la Ley de Justicia y Paz?

En junio de 2015 se reportaban solo 31 sentencias condenatorias. Es decir, han gozado de total impunidad el 99,9 por ciento de los paramilitares y solo el 0,1 por ciento han recibido sanciones blandas. Y estamos hablando de impunidad para personas que tienen a cuestas masacres, violaciones de niños, torturas y demás. Si el argumento de Uribe es que Santos favorece la impunidad y eso impide que haya una paz duradera, ¿por qué nunca ha puesto en entredicho la enorme impunidad que propició su propio gobierno?

De lo anterior se puede concluir:

1. Uribe debe ser consciente de que está vendiendo humo a los colombianos cuando dice que podemos negociar con las FARC sin hacerles concesiones. Si tenía tanta claridad en la negociación con los paramilitares de que hay que pagar un precio por la paz, ¿por qué dice lo contrario en las negociaciones con las FARC?

2. A Uribe y al Centro Democrático no les preocupa genuinamente la impunidad, los derechos de las víctimas o la justicia. Nunca han demostrado consistencia en este tema. ¿Por qué a Uribe le preocupa tanto la impunidad de las FARC pero nunca le incomodaron los pobrísimos resultados de la Ley de Justicia y Paz?

3. En el caso de que gane el “no”, ¿cómo lograría Uribe que las FARC dejen las armas, se desmovilicen y se echen para atrás las dos concesiones principales que ha obtenido el grupo guerrillero a su favor? Al cabo de cuatro años de duro forcejeo en La Habana, las FARC finalmente lograron una fórmula de justicia transicional que implica sanciones blandas y pactaron los términos de su participación en la democracia.

¿Cuál es el plan de Uribe para que la guerrilla desista de sus pretensiones y así “sí alcancemos la paz sostenible”? Nadie lo conoce ¿Por qué? Muy simple: porque no existe. Uribe no tiene un plan o estrategia. Él ha sido hábil para atizar el odio (justificado) de muchos colombianos contra las FARC y para entorpecer el proceso de paz, pero no tiene la menor idea de cómo lograría la negociación perfecta y sin concesiones que tanto le ha prometido al país.

4. ¿Que no es grave que gane el “no” en el plebiscito? Las FARC ya anunciaron que únicamente si gana el “sí” empezará el desplazamiento de los frentes guerrilleros a las veintitrés zonas temporales de concentración para comenzar el proceso de desmovilización y desarme. Si gana el “no”, la guerrilla seguirá desperdigada por el territorio, armada y agazapada. Sería como una bomba de tiempo lista para estallar. Bastaría que los jefes de las FARC den la orden para volver a la guerra.

¿Qué podría hacer detonar esa bomba? El uribismo con su falsa promesa de que se puede alcanzar la paz sin hacer concesiones. Si tratamos de revirar ahora con la vana ilusión de ganarlo todo, las FARC saben -y nosotros también- que tienen gente, armas, recursos de economías ilegales y que no han sido derrotados en más de cincuenta años. El regreso de la guerra sería inminente.

No sigamos con el simplismo de que “el proceso de paz busca favorecer a los terroristas de las FARC”. Tragarnos el sapo de los castigos blandos para los guerrilleros (como Uribe nos hizo tragar el sapo de la impunidad para los paramilitares) se justifica exclusivamente por los grandes beneficios que obtendría el país con la paz.

Si nos gana la miopía, o nos creemos los discursos falsamente moralistas, condenaremos a las nuevas generaciones a seguir en la guerra, que es la madre de todas las injusticias.  ¿Queremos desperdiciar la única oportunidad histórica real que ha habido en más de cincuenta años de que las FARC dejen las armas?

Fuente: LA RAZON PÚBLICA

 

08/17/2016
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