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Las reglas previstas para juzgar a quienes cometieron delitos graves en medio del conflicto armado están chocando con un dique levantado por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y los partidos Cambio Radical y Centro Democrático, que argumentan que las normas tienen vacíos.

Así, el paso por el Congreso del proyecto de ley que reglamenta la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que cumple su primer debate en las comisiones primeras de Senado y Cámara, no se ve fácil. El primer obstáculo que tiene que superar es un conjunto de observaciones que presentó el Fiscal.

Durante su intervención en el Congreso, el miércoles, Martínez dijo que no son claros los límites de la justicia especial para la paz y necesita saber dónde comienza su competencia para investigar a exintegrantes de las Farc. “Buenos linderos hacen buenos vecinos”, repitió el Fiscal constantemente en su intervención.

Aunque el ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció la disposición del Gobierno para hacer ajustes, las mayorías en el Congreso serán determinantes para incorporar o negar las observaciones del Fiscal.

Martínez propuso que el tratamiento a los reincidentes y los disidentes de las Farc –algo que no está del todo claro– quede muy bien definido en el proyecto que tramita el Congreso para reglamentar la JEP.

Pero el punto central del Fiscal es que se defina el tratamiento que se les dará a los guerrilleros a los cuales se les descubra que ocultaron bienes a través de testaferros, y el futuro de esos activos. “El Congreso no puede guardar silencio en estas materias. Se debe establecer una consecuencia para quienes no hayan entregado los bienes, pero adicionalmente para los testaferros”, dijo.

Según Martínez, sus inquietudes sobre los alcances de la competencia de la justicia para la paz se basan, entre otras cosas, en el poder de valoración que tendrán los magistrados y jueces de la JEP sobre los “incumplimientos” de los excombatientes.

El Fiscal resaltó que en la ponencia dice que los integrantes de las Farc perderán beneficios cuando haya “incumplimientos graves”, lo cual, para él, abre una puerta impredecible.

Ya son dos

El otro sector en franca oposición a las reglas de la justicia para la paz es Cambio Radical, que dijo que “no votará” este proyecto.

La decisión, según el partido, se tomó tras analizar “en detalle” los alcances de dicha iniciativa. Pero los reparos de Cambio Radical vienen desde que se tramitó el acto legislativo con el cual se creó la JEP. Ese partido fue caja de resonancia de las observaciones del fiscal Martínez.

Con la decisión de Cambio Radical de no respaldar el proyecto que reglamenta la JEP, la iniciativa pierde el voto de 9 senadores y 16 representantes. Y como es obvio, el proyecto tampoco contará con los votos del Centro Democrático, que se ha marginado de las iniciativas para implementar el acuerdo de paz. En síntesis, las semanas por venir no se ven fáciles para llevar a la práctica lo pactado en La Habana.

Uribismo quiere tumbarla con referendo

La senadora uribista Paloma Valencia radicó ayer ante la Registraduría los comités promotores mediante los cuales pretende que se convoquen referendos para derogar los actos legislativos que crean la Jurisdicción Especial para la Paz, que blinda los acuerdos de La Habana, y el que le otorga participación política a las Farc.

Los tres comités están integrados por la senadora Valencia, su colega Paola Holguín y el representante Álvaro Hernán Prada.

Según la congresista, deben recoger, para cada uno, mínimo 1’783.571 firmas.
“Ganamos el plebiscito y se desconoció el resultado, ahora no nos pueden imponer algo que el pueblo rechazó. La gente puede controvertir lo que hizo el Congreso y que la decisión sea la del constituyente primario con un referendo”, dijo.

Logística avanzaría con decreto

El Gobierno expediría este viernes el decreto mediante el cual el componente logístico de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podría avanzar mientras la ley que reglamenta esta instancia es aprobada en el Congreso.

“Voy a firmar un decreto que permite iniciar algunas labores de la Jurisdicción Especial de Paz antes de que salga la ley estatutaria. Ya están también garantizados los recursos presupuestales para su adecuado funcionamiento”, aseguró ayer el presidente Juan Manuel Santos desde Pasto.

Según explicó el ministro del Interior, Guillermo Rivera, el decreto permite a los magistrados elegidos para conformar la JEP tomar algunas decisiones de carácter administrativo.

“Por ejemplo, a los magistrados les corresponde elaborar un proyecto de ley de procedimiento para la misma JEP. Ellos tendrán desde ya esa tarea de empezar a redactar esa ley para que el Gobierno la lleve al Congreso de la República”, explicó el ministro Rivera.

PASO AL COSTADO

El partido, que se declara ‘insatisfecho’ por la forma como quedó integrado el Tribunal Nacional de Paz, considera inconveniente “entregarle competencias a una justicia de excepción”.

“Esta iniciativa premia de manera significativa y desequilibrada a los miembros de la desmovilizada guerrilla de las Farc”. Este fue uno de los argumentos que esgrimió el partido Cambio Radical –otrora uno de los incondicionales del Gobierno Nacional y miembro de la denominada Unidad Nacional– para apartarse de la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Congreso, donde se comenzó a discutir esta ley estatutaria que guiará el funcionamiento de ese nuevo tribunal.

A través de un comunicado de prensa, la colectividad anunció que no votará la iniciativa y se declara ‘insatisfecha’ por la forma como quedó integrado el Tribunal Nacional de Paz. La decisión fue adoptada al término de una ‘reunión de urgencia’ encabezada por el director del partido, Jorge Enrique Vélez, y los congresistas del movimiento.

“Cambio Radical considera que la justicia ordinaria debe preservar su autonomía e independencia, como lo consagra todo Estado de Derecho, que debe respeto por las funciones jurisdiccionales ya establecidas, y no entregarle todas estas competencias a una justicia de excepción”,advierte el partido, que resalta los cuestionamientos sobre la ‘idoneidad’ de todo lo relacionado con la JEP en la composición del Tribunal Nacional de Paz.

La colectividad también la emprende contra los recién elegidos 51 magistrados que se encargarán de tomar las decisiones en las investigaciones adelantadas a los actores del conflicto que se sometan a ella. Según Cambio Radical, con “contadas excepciones”, la mayoría de los nombrados “tiene una clara tendencia política que no genera ninguna clase de garantías”.

Aunque la iniciativa deja claro que a esta justicia no podrán someterse, de ninguna manera, los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley ni bandas criminales, el partido indica que el Tribunal Especial de Paz “no puede convertirse en una herramienta para vincular a terceros que no han hecho parte de los grupos armados al margen de la ley” y señala que se trata de una instancia que “no ofrecerá las garantías jurídicas suficientes”.

La discusión de la reglamentación de la JEP es la última que queda en Congreso, en cuanto a justicia, en lo que la implementación del Acuerdo de Paz se trata. Una vez aprobada la ley estatutaria, debe pasar a revisión en la Corte Constitucional, que, por cierto, en la actualidad estudia el aval del acto legislativo de la JEP y la Ley de Amnistía.

MANIOBRA URIBISTA

En caso de ser aceptado, el comité tendrá seis meses para recolectar unas 1’785.000 firmas.

La bancada del Centro Democrático, a la cabeza de la senadora Paloma Valencia, inscribió este viernes ante la Registraduría un comité para recolectar firmas y convocar a un referendo que tiene el objetivo de tumbar varios tanto la Jurisdicción Especial para la Paz como otros actos legislativos aprobados para la implementación del acuerdo final de paz con las Farc.

“Álvaro Hernán Prada, la senadora Paola Holguín y yo hemos radicado el comité promotor para recoger el 5 % de las firmas del censo electoral para que convoquen a un referendo y los colombianos podamos rechazar la incorporación e estos acuerdos, la jurisdicción especial para las Farc y rechazar que esos acuerdos entren en la Constitución y que los criminales de lesa humanidad puedan hacer política”, dijo Valencia.

En total, la meta serían recolectar alrededor de 1’785.000 firmas. Por el momento, al Registraduría tiene 15 días para decidir sobre la aceptación del comité y, una vez aprobado, los interesados deberán recolectar las firmas necesarias en seis meses.

“El referendo del artículo 377 de la Constitución no tiene que pasar por el Congreso ni por la Corte Constitucional. Es un referendo que le devuelve al poder constituyente, al ciudadano, la posibilidad e decidir si las reformas constitucionales pueden hacerse o no”, explicó la senadora del Centro Democrático.

El partido del uribismo ha mostrado férrea oposición a los proyectos y actos legislativos presentados por el Gobierno para la implementación del acuerdo de paz. De hecho, han hecho fuertes críticas a los magistrados elegidos para integrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

DENUNCIA

Marha Lucía Ramírez asegura que el proyecto “puede llegar a instaurar la censura como regla general”. Guillermo Rivera, ministro del interior, le responde y dice “no resulta cierta la existencia de artículos” que arriesgan las libertades.

Según la precandidata a la presidencia de la República, Marha Lucía Ramírez, existe un borrador de un proyecto de ley estatutaria que de ser aprobado afectaría de manera grave la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa en Colombia.

El proyecto es, en teoría, un mico con el tamaño de un gorila que pretendía colarse en los proyectos de ley que se aprobarían en el Congreso de la República vía fast track por cuenta de la agenda legislativa que se tramita a favor de la paz.  El gobierno niega su existencia.

Por medio de una carta enviada a empresarios y directores de medios, Ramírez alerta que la llamada ‘Ley Estatutaria de Garantías para La Participación de la Ciudadanía, de Organizaciones y Movimientos Sociales y para la Movilización y la Protesta Social’, “puede llegar a instaurar la censura como regla general”.

Según la exministra de defensa, los artículos 52 y 53 de dicho borrador de proyecto de ley, “establece que toda información que involucre a las organizaciones y movimientos sociales tendrá la obligación de un estudio y análisis especial y deberá contrastarse la información antes de difundirse. Se obliga a los medios de manera especial, a consultar como fuente a las organizaciones y movimientos sociales y a sus líderes, pues de no hacerlo se configurarán sanciones al medio. A su vez, se consagra el derecho a la réplica por cualquier pronunciamiento público que se haga sobre dichas organizaciones y se deberá transmitir por todos los medios de comunicación”.

Ramírez asegura que  el mismo proyecto de ley “establece la prohibición para cualquier servidor público de realizar señalamientos o brindar informaciones respecto de los miembros de grupos sociales y de las Farc, así como la prohibición para  los medios de comunicación de reproducir esa información”.

En la misiva, Martha Lucía Ramírez señala que desde el moemnto de la apliación de esta ley, “las investigaciones periodísticas tendrán que estar avaladas por los movimientos sociales, so pena de sanción y réplica. Frente a estos hechos, los servidores públicos deberán guardar silencio so pena de sanciones y los medios de comunicación no podrán reproducir las informaciones”.

Para Ramírez, este tema no ha despertado la suficiente indiganción por cuenta del “desconocimiento de los medios sobre el texto del proyecto en cuestión, pues de lo contrario el país estaría asistiendo a una autocensura tan inédita como inaceptable para la salvaguardia de nuestra democracia”.

En este sentido asegura que “en el Congreso hubo una audiencia pública sobre este proyecto y no hubo , hasta donde yo conocí, ninguna réplica sobre lo que esta ley significaría para la industria de las comunicaciones en Colombia, ni para las condiciones de libertad en el ejercicio de la profesión”.

En su denuncia, Ramírez utiliza en tres oportunidades la palabra “expropiación”, una expresión que causa terror. Lo que se ha visto en Venezuela por cuenta de esta práctica, hace que una posibilidad en este sentido no genere sensaciones positivas.

“En sus artículos 81, 82 y 88 implementa una clara y burda expropiación del espectro electromagnético a sus concesionarios; de las de licencias, frecuencias y equipamento de emisoras otorgadas a la fuerza pública y obligará a tener un miembro de las organizaciones sociales en entidades de carácter técnico como la ANTV, Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro”.

La respuesta del gobierno

Según Ramírez, el proyecto ha venido siendo coordinado por el Ministerio del Interior. Este jueves, por medio de un comunicado, el ministerio señaló que “el Gobierno Nacional no ha radicado el proyecto en mención en el Congreso de la República. Razón por la cual no podría hablarse de una “versión oficial” que pueda estarse discutiendo”.

El Gobierno señala que “en ninguno de los borradores discutidos por el Gobierno Nacional se ha incluido artículo alguno que permita ‘la expropiación de licencias, frecuencias y equipos de comunicaciones’ que pudiera llegar a instaurar una eventual censura como regla general, tal y como lo describe la doctora Marta Lucia Ramírez en comunicación dirigida a los directores de medios”.

Mininterior asegura que el apartado que habla de  la “ley establece la prohibición para cualquier servidor público de realizar señalamientos o brindar informaciones respecto de los miembros de los grupos sociales y las Farc, así como la prohibición para los medios de comunicación de reproducir esa información”,  no se encuentra, y jamás ha estado, en el borrador del proyecto que aún está en construcción por parte del Gobierno Nacional.

No es el único reparo que expresa el gobierno. En el comunicado señala que en “el último borrador discutido al interior del Gobierno, el articulado del proyecto no sobrepasa los 50 artículos por lo que no resulta cierta la existencia de artículos tales como 52, 53, 81, 82 y 88 a los que se hace referencia”.

Finalmente, dice Guillermo Rivera Flórez, ministro del interior, “es importante destacar la importancia de consultar las fuentes oficiales que permitan hacer críticas con base en hechos ciertos a la implementación normativa del Acuerdo de Paz. Invito a la doctora Ramírez y a todos quienes quieran participar en la construcción de la paz estable y duradera a hacerlo de una manera constructiva y basados en la verdad”.

NEGATIVA

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, se pronunció este martes, en entrevista con ‘La W Radio’, sobre las recientes declaraciones de Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, sobre las demoras que ha tenido la implementación del acuerdo de paz y desmintió que desmovilizados de grupos paramilitares puedan acceder a curules especiales.

Rivera indicó que las recientes declaraciones de ‘Timochenko’, en las cuales asegura que el Gobierno no ha cumplido las garantías mínimas acordadas con las Farc, “tienen un tono de exageración”.

“El Gobierno ha venido cumpliendo, hemos venido avanzando en la agenda legislativa, hemos venido avanzando en las tareas de la implementación. En muchas ocasiones no a la velocidad que todos quisiéramos, pero hemos venido avanzando”, afirmó el Ministro.

Y señaló: “Las decisiones que se toman en el Congreso no son decisiones automáticas (…), tienen su discusión, tienen sus modificaciones, porque lo que piensan los congresistas no siempre es lo mismo que piensa el Gobierno Nacional”.

Por otro lado, se refirió a un artículo del diario ‘El Espectador’ en el que señalan que en la aprobación del acto legislativo que crea las circunscripciones especiales de paz hay un ‘mico’ que permitiría que quienes se hayan desmovilizado individual o colectivamente, hace más de diez años, puedan aspirar a estas curules.

El Ministro del Interior indicó que este punto no fue aprobado en el Congreso y que “en la Constitución hoy están vigentes las prohibiciones para que puedan ser candidatos quienes hayan sido condenados, salvo por delitos políticos que por delitos culposos”.

Y agregó: “En el caso de las Farc, lo que se dijo expresamente en la reforma constitucional que creo la Jurisdicción Especial para la Paz es que la sanciones emanadas de esta jurisdicción no podrán afectar derechos políticos”, pero esto no está contemplado para los desmovilizados de los paramilitares ni a una organización armada ilegal.

Así mismo, señaló que este lunes también se aprobó en el informe de la ponencia un artículo donde puntualmente dice: “Ninguna persona que haya sido desmovilizada, que haya pertenecido a una organización armada e ilegal, ninguna, podrá ser candidata en estas circunscripciones especiales de paz”.

Por otro lado, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia, indicó que después de conocerse la publicación del diario El Espectador realizó una solicitud a la división de Control Interno para determinar el origen y responsabilidades sobre esta inconsistencia.

El Senador también solicitó que se revisen los audios de las plenarias con el fin de aclarar completamente esta situación.

PROPUESTA PRESIDENCIAL

Revivir el tribunal de aforados y rediseñar las facultades electorales de las altas cortes, entre las ideas que se desarrollan desde el Gobierno.

En medio del escándalo en la justicia, por los supuestos sobornos que habrían recibido magistrados de la Corte Suprema de Justicia para favorecer a algunos implicados en investigaciones, el presidente Juan Manuel Santos lanzó ideas para una reforma de la justicia que ayude a que la ciudadanía recupere su confianza en las instituciones.

“La reacción natural ante hechos como los que hemos presenciado recientemente es la de querer hacer borrón y cuenta nueva, arrasar con todo lo que existe. ¡Que renuncien todos los magistrados! ¿Piden unos? Que fusionen todas las cortes dicen otros (…) Yo diría: calma, calma. No hay que reaccionar con las vísceras. No hay que perder el norte”, expresó el primer mandatario en la instalación XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, que se realiza en Pasto (Nariño).

Asimismo, señaló que, como las democracias son imperfectas y requieren de un mejoramiento continuo, se debe “reflexionar con cabeza fría sobre las reformas que realmente se necesitan para que no se repitan hechos como los recientes”.

Dentro de las propuestas que ya están desarrollando desde el Gobierno para hacer frente a la crisis en la justicia se encuentra, comentó el presidente, la de revivir el tribunal de los aforados. “Eso ya se incluyó en la reforma política. Las altas cortes y la Fiscalía están de acuerdo, pero existen dudas muy válidas sobre la conexidad de este tema con el conflicto armado. De pronto es mejor incluirlo en la reforma que estamos construyendo”, señaló Santos.

La segunda propuesta se encamina hacia el rediseño de las facultades electorales de las altas cortes, cuestionando que si la politización de las Cortes, que está en la Constitución del 91, ha sido el origen “de los males que estamos sufriendo (…) Este es un punto clave. Habría que buscar el mayor consenso posible sobre una de las mil fórmulas que existen, todas con sus más y sus menos”.

Otra de las ideas tiene que ver con la “eficacia y la eficiencia”, la descongestión de la justicia, para que los ciudadanos puedan tener prontas respuestas a sus demandas: “Algunos han pensado en un paquete de medidas –de mediano y largo plazo– para hacer seguimiento a la gestión de los despachos judiciales, mejorar la infraestructura, profundizar la transparencia y, por supuesto, avanzar en la descongestión”

 Además de un plan de descongestión de la justicia, podría pensarse en uno específico para la jurisdicción constitucional –para optimizar la resolución de las tutelas, en beneficio de los despachos judiciales y de la ciudadanía en general–.

Otro eje de estas medidas para mejorar la eficacia es la modificación de los periodos de los magistrados y de la presidencia de cada una de las cortes, con el fin de darle mayor estabilidad a la jurisprudencia e imprimirles transparencia a los procesos de selección de magistrados.

La última de las propuestas va hacia “los valores y los principios que deben regir a todas las personas que lo ejerzan”. El presidente habló sobre la necesidad de la autorregulación a nivel de las altas cortes, otras autoridades judiciales y los abogados. Agregó que el presidente de la Corte Constitucional está dispuesto a participar en lo que se propone desde el Gobierno (…) A estas alturas, para que una reforma de este tipo salga adelante se requiere un amplio consenso en el fondo y en la forma”, concluyó Santos.

BANDERAZO

En los tiempos contemplados, a pesar de lo complejo de su misión, el Comité de Escogencia de los funcionarios del nuevo Sistema Especial de Justicia Integral para la Paz terminó este martes la selección de los 38 magistrados del Tribunal para la Paz, las salas de justicia y sus 13 suplentes.

A ojos del país, que tuvo la oportunidad de expresar a través de varios canales su apoyo y sus reparos a los más de 2.300 candidatos, el comité seleccionó un grupo de destacados colombianos, algunos más conocidos que otros, que tendrán en los próximos 15 años la misión de administrar la justicia requerida para afianzar la paz en Colombia.

De manera simultánea, el Congreso empezó este martes, por fin, la discusión de la reglamentación de la justicia especial para la paz, con lo que el segundo experimento de justicia transicional avanza hacia su despegue definitivo, previsto, a más tardar, para el primer trimestre del 2018.

En medio de mucho ruido y de aspiraciones polémicas, los encargados de seleccionar, justo es decirlo, hicieron un juicioso trabajo que, en general, ha sido bien recibido por el país.

Que ese sacrificio valga la pena dependerá no solo de que el Estado brinde toda la logística y los recursos necesarios para la tarea y de que las Farc y otros eventuales beneficiarios de la JEP.

Entre los nuevos magistrados no hay nombres que, al menos de entrada, generen alertas. Veinte de los 38 seleccionados (el 53 por ciento) son mujeres, lo que marca también una notoria diferencia con la composición normal de los altos tribunales en Colombia y, en general, con la del aparato estatal, en el cual ellas siguen siendo minoría. Cuatro de los magistrados son indígenas; otros 4, afrocolombianos, y seis de cada diez vienen de las regiones. Dos provienen de la justicia penal militar, lo que constituye, de paso, un importante reconocimiento a la legitimidad y representatividad amplia en la composición del nuevo sistema de justicia.

Y el método de elección, basado en una pormenorizada revisión de la hoja de vida de cada candidato y una entrevista que cualquier colombiano está en capacidad de revisar, marca algo clave: estos nuevos magistrados no deben su puesto ni a favores políticos ni a palancas de ninguna clase, por lo que podrán empezar a trabajar y a conformar sus equipos sin las presiones que son usuales en los despachos públicos.

El reto es enorme, y eso lo saben bien los elegidos y quienes aún están por integrar el nuevo sistema. En todo proceso de paz, la justicia alternativa es la base que da legitimidad a los acuerdos, pues, aunque los victimarios no reciben las penas contempladas para sus graves crímenes, hay otros elementos, en el papel, que compensan a las víctimas: la reparación integral y, sobre todo, la verdad plena, los más relevantes.

Garantizar esa verdad con transparencia y lejos de revanchismos y suspicacias es fundamental. Este país ha hecho una enorme apuesta que lo ha llevado, como hace una década con los ‘paras’, a sacrificar una importante dosis de justicia en aras de la paz, la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición. Que ese sacrificio valga la pena dependerá no solo de que el Estado brinde toda la logística y los recursos necesarios para la tarea y de que las Farc y otros eventuales beneficiarios de la JEP cumplan sus compromisos de confesar plenamente lo que hicieron en la guerra. También estará en manos de los nuevos operadores enviar el mensaje de que la justicia alternativa era el camino correcto.

Fuente: DIARIO EL TIEMPO / DIARIO EL ESPECTADOR 

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