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Esta semana, un juez anunció la condena de 21 militares, entre ellos un coronel, un mayor y varios suboficiales del Ejército acantonados en Ocaña en 2008, por los asesinatos, a sangre fría, de cinco jóvenes de los estratos bajos de Soacha que hicieron enterrar como NN abatidos en la guerra. Hablan los abogados de tres víctimas.

Carolina Daza, apoderada de una víctima

“Hay que descubrir a los máximos responsables”

Veintiún militares implicados en los falsos positivos de Soacha fueron condenados esta semana, después de ocho años de espera. ¿Llegó la justicia o está a medio camino?

Aun cuando todavía no se conoce el contenido de la sentencia de primera instancia, el fallo condenatorio es un paso: se reconoce que los hechos en que resultaron desaparecidos y asesinados cinco jóvenes de ese municipio obedecieron a actos premeditados para reportar resultados operacionales que eran ilegítimos y que no tenían que ver con un supuesto combate, como sostenía la defensa. Sin embargo, el proceso penal aún no termina. Vienen recursos de apelación, e incluso es posible que el expediente llegue a casación. Para el logro pleno de la justicia, hace falta avanzar en la verdad y la reparación, lo cual pasa por descubrir a los máximos responsables de estos crímenes en los que la política de seguridad estatal tuvo un papel importante.

En su fallo, el juez encontró responsables a los 21 uniformados por cinco delitos graves, además de declarar que el caso es de lesa humanidad. ¿Esta calificación les da a ustedes seguridad de no impunidad?

Aunque jurídicamente no hay una garantía sobre lo que pase en el futuro, es relevante que una autoridad judicial reconozca, no sólo que fue un acto generalizado en el que varios jóvenes desaparecieron y fueron asesinados, sino que obedeció a una sistematicidad, esto es, a un plan criminal cuidadosamente orquestado que consistió en la ubicación, el traslado y la recepción de habitantes de sectores humildes para ser ultimados y reportados como muertos en combate no identificados. Estos actos fueron ejecutados por militares, en particular del Batallón Contraguerrillas 96, de la Brigada Móvil 15, con sede en Norte de Santander.

¿Los jueces que conocen los otros procesos por falsos positivos en el país están obligados a declarar también que esos crímenes son de lesa humanidad?

No obliga a los jueces que conozcan otros casos a fallar en igual sentido, pero sí constituye un precedente en términos de verdad histórica porque desvirtúa la tesis de las manzanas podridas o de hechos aislados en los que las responsabilidades no van más allá de los ejecutores. En cambio, pone en evidencia que personas de alto nivel pudieron haber intervenido en estos hechos, máxime cuando el modus operandi en la comisión de tales crímenes es idéntico a lo largo y ancho del país.

El juez aún no ha dicho el monto de la pena para los responsables. ¿Cuántos años más cree que deberá esperar la madre de una de las víctimas, Idalí Garcerá, a quien usted apodera, para saberlo?

Seguramente, los procesados y sus abogados harán uso de los recursos de ley alegando su inocencia, como siempre lo han hecho. No se sabe cuántos años más tendrá que esperar doña Idalí para obtener una sentencia definitiva. De hecho, son muy pocos los casos que hasta la fecha han llegado a ese estadio. Pero también hay casos en condiciones más difíciles que la que represento, porque los cuerpos no han sido hallados, los casos no han salido de la etapa de investigación, no hay vinculados o, en la peor de las escenas, se encuentran en la justicia penal militar.

¿Cómo ocurrió el caso del hijo de la madre de Soacha que usted apodera?

El cadáver de Diego Alberto Tamayo Garcerá apareció en la morgue de Ocaña, reportado por el Ejército como guerrillero muerto en combate. Diego era un joven de 25 años que convivía con su madre en el barrio Ducales de Soacha. El 22 de agosto de 2008 fue la última vez que la señora Idalí supo de él, cuando Diego le contó que lo habían invitado a conocer la Costa. De acuerdo con el expediente y las pruebas, Diego y otros dos jóvenes (Víctor Fernando Gómez y Jáder Andrés Palacio Bustamante) fueron conducidos a Ocaña por dos “reclutadores”, con falsos ofrecimientos de trabajo y promesa de buena remuneración. Cuando llegaron fueron retenidos en la habitación de Alexánder Carretero (uno de los reclutadores). Les dieron bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas. En la noche fueron recogidos por dos miembros del Ejército que se los entregaron a otros de la Brigada Móvil 15. Éstos los asesinaron y manipularon el lugar para simular un contacto armado legítimo, reportar las muertes como resultados operacionales exitosos y obtener recompensas por ello.

¿Es cierto que Diego tenía antecedentes penales por venta de estupefacientes y hurto?

Hacer alusión a los antecedentes de las víctimas se presta para desviar la atención y justificar la sistemática y generalizada conducta de las Fuerzas Militares de asesinar civiles y hacerlos pasar como dados de baja en combate. Situaciones como esta han sido utilizadas para justificar socialmente este tipo de crímenes desvalorizando la vida de las víctimas, y también para que las autoridades no activen labores de búsqueda e investigación inmediatamente. De acuerdo con las pruebas del proceso, quedó claro, en cambio, que Diego tenía arraigo en Soacha, que se dedicaba a labores informales, como la construcción, y que no pertenecía a ningún grupo armado ilegal.

Hablando de los falsos positivos, el senador Uribe aseguró que los asesinados “no estaban recogiendo café”. La madre de Diego, otras madres y usted misma, ¿cómo entendieron esa frase?

Las Madres de Soacha y los abogados del caso entendimos que se hacía referencia a que las víctimas eran delincuentes. Estas afirmaciones tuvieron un fuerte impacto entre los familiares, pues no sólo perdieron a sus seres queridos, sino que, además, los estigmatizaron. Frente al proceso, las dificultades iniciaron con la falta de acción de las autoridades e, incluso, algunos familiares y sus apoderados fueron víctimas de persecución y amenazas. Creo que el exmandatario tenía la intención de justificar violaciones de derechos humanos, pues en los períodos de sus gobiernos (2002-2010) hubo un aumento considerable de ejecuciones extrajudiciales, con más de 3.000 casos reportados.

Con toda sinceridad, ¿los defensores de los condenados han actuado con lealtad judicial en estos ocho años o han entorpecido el avance del caso?

Le voy a dar un ejemplo para que tenga una idea de lo sucedido en estos años: en noviembre de 2014 culminó la práctica de pruebas en el juicio oral y se dio inicio a la presentación de los alegatos de conclusión. La Fiscalía, todos los representantes de víctimas y la Procuraduría presentaron sus alegatos en la fecha prevista a pesar de que la Fiscalía tenía la dispendiosa obligación de pronunciarse sobre todos y cada uno de los acusados. Solo faltaba escuchar a la mayoría de los defensores de los procesados, pero estos presentaron nueve aplazamientos. Las víctimas tuvieron que esperar otros dos años para conocer la sentencia. Siempre pasaba algo: nunca comparecía el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, aunque el juzgado había avisado al batallón a tiempo. También ocurría que el día anterior a la audiencia alguno de los procesados le revocaba el poder a su abogado o alguno de sus defensores resultaba incapacitado. Esto sin tener detalle pormenorizado de los aplazamientos en las otras etapas del proceso, que duraron seis años más. Ante eventos reiterados como estos, ¿qué otra interpretación podría haber?

Abogado Juan Carlos Bernal, apoderado de dos víctimas

“Falta que el Estado reconozca hechos probados”

¿Cuántas víctimas representa usted y cuánto tiempo hace que está en contacto con esos casos?
Represento a las familias de Julio César Mesa y Jonathan Orlando Soto Bermúdez, quien era menor de edad: tenía 17 años. Llegué al caso en 2008, cuando acababan de ocurrir los hechos y aún no se sabía que ellos dos habían muerto. Julio César y Jonathan fueron los primeros jóvenes que desaparecieron de Soacha. Entré en contacto con sus madres porque yo era conocido por trabajar en desapariciones de personas, específicamente para lograr que las autoridades actuaran sin esperar las 72 horas reglamentarias.
¿Cuándo supieron usted y los familiares de las víctimas que sus cuerpos estaban en Ocaña y que habían sido reportados como guerrilleros abatidos?
Las familias continuaron buscando a los muchachos durante varios meses y una persona de la comunidad de Soacha (Alexánder Carretero), hoy condenado por ser uno de los reclutadores, empezó a decir que no había de qué preocuparse porque los desaparecidos –que para entonces ya eran más de cinco– no eran tales, sino que estaban trabajando en otra región. Esos comentarios prendieron aún más las alertas de las madres y aumentaron su dolor, porque ellas sabían que no era posible que se fueran y no se comunicaran: Jonathan apenas estaba terminando bachillerato, tenía novia y recogía todos los días a sus hermanos en el jardín. Jamás había faltado. Julio César iba a entrar a las 8 de la mañana del día siguiente a trabajar en una empresa en donde acababa de ser recibido y afiliado a la seguridad social.
¿Cómo fue identificado el reclutador, siendo que era un habitante más del municipio?
Fue identificado por la Fiscalía a partir de los comentarios que él hacía. Se decidió vigilar su entorno y se estableció que hacía parte de una banda criminal asociada con el Grupo Localizador (Gruploc) del Ejército Espada Uno, tal como fue demostrado en el proceso. Esto ocurrió luego de que los familiares de Julio César y Jonathan encontraron sus cuerpos en Ocaña y los identificaron, ocho meses después de que desaparecieron. La Fiscalía, en compañía de las familias, ató cabos hasta llegar a una tienda en el barrio San Nicolás, de Soacha Compartir, propiedad de Carretero y su esposa. Todas las víctimas tuvieron alguna relación con esa tienda.
¿Cuántos casos de falsos positivos que tuvieron inicio en Soacha han sido aceptados por la justicia?
He tenido contacto, como abogado, con cinco casos y sé que, además de estos, hubo más de veinte que están siendo investigados.
¿Por qué fue seleccionada Soacha para esos fines macabros?
 Inicialmente –y se trata de una hipótesis–, algunos militares que estaban en Ocaña habían tenido arraigo en Soacha y conocían a algunos habitantes del municipio, por lo que les quedaba más fácil que estos buscaran personas para reclutar. Y, además, debieron pensar que la distancia entre Bogotá y Ocaña haría difícil establecer la verdad y encontrar los cuerpos.
¿Por qué las condenas o absoluciones se han demorado más de ocho años, si ya los hechos están probados?
La Fiscalía siempre nos brindó el máximo apoyo y de parte de los jueces no ha habido dilaciones, pero el número de procesados y la complejidad del proceso dificultan su desarrollo. Sin embargo, también es cierto que los defensores de algunos de los involucrados han presentado recursos que, con todo el respeto, han sido injustificados y han dilatado, aún más, la evolución de los casos. En el nuestro, por ejemplo, se decidió unirlo a otro que se encontraba en etapas más atrasadas y tuvimos que esperarlo. Y, de otro lado, el Estatuto Penal colombiano obliga a las víctimas a representar el papel de convidadas de piedra en la etapa de juicio, porque ahí no pueden intervenir.
¿El fallo de esta semana dejó satisfechas a las madres de sus dos defendidos?
Sí, y deja parcialmente tranquilos a sus padres, hermanos y familia cercana, pero siempre se esperó que se hiciera en menor tiempo y que se vinculara a todos los responsables, objetivo que no se ha logrado. También falta que el Estado reconozca los hechos sucedidos y probados, les pida perdón a las familias, las repare, les brinde apoyo psicológico y formule políticas de no repetición. De otra parte, están satisfechas con la declaratoria de delitos de lesa humanidad que pedimos desde el inicio del proceso, lo que significa que a pesar de que hay todavía muchas personas por vincular, no prescribirá la persecución penal y obligará al Estado a construir una memoria colectiva verídica en torno a estos casos.
El Ejército y, con mayor énfasis, los civiles del gobierno en que ocurrieron los falsos positivos de Soacha, continúan negándolos. ¿Falta mucho para que el Estado reconozca esta realidad?
Es muy cierto que se ha tratado de ocultar o desconocer que estos casos ocurrieron. Por eso siempre, y hasta el último minuto, las familias de Julio César y Jonathan esperan una disculpa formal y pública de parte del Gobierno y de las comandancias del Ejército en que reconozcan como víctimas del Estado a sus hijos. También esperan que el hoy senador y entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez tenga la gallardía de reconocer su error al acusar sin pruebas y con falsos testimonios a los muchachos asesinados, a los que señaló de ser miembros de bandas criminales o de la guerrilla.
Es cierto que en Soacha todavía hay familias buscando a sus hijos, posibles falsos positivos?
Sí. He conocido dos casos más y pueden aumentar sin que se sepa la verdad aún, puesto que hasta cuando se pueda demostrar que son falsos positivos, solo son considerados como desaparecidos.
Entre los condenados, ¿cuántos son oficiales y cuántos soldados?
El dato exacto no lo tengo, porque cuando empezó el proceso, ellos fueron vinculados con unos rangos y hoy ostentan otros superiores, pues en estos años han sido ascendidos. El caso más aberrante para nosotros es el de quien empezó a ser procesado con el rango de capitán y hoy ya tiene el de mayor.
¿Por qué en los niveles más bajos, es decir, el de los soldados que obedecían órdenes, se encuentra el mayor número de condenados?
Lo que se observó durante el proceso, y probablemente esa fue la razón para que la mayoría no confesara la verdad, es que siempre actuaron como si se tratara de una escuadra formal del Ejército y no de un grupo de acusados: en las audiencias en donde se presentaban, el coronel y el mayor siempre ocupaban las sillas delanteras. Y los suboficiales se iban sentando en orden de grado. Asimismo, creo yo, fueron sus decisiones y sus defensas.
Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR
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