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La noticia destacada de este viernes es el Nobel para Santos. La noticia importante es el anuncio oficial de que “las propuestas de ajustes y precisiones (sobre el Acuerdo Final)… serán discutidas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP”.

El premio Nobel estaba previsto, pero el No del domingo lo había convertido en una paradoja. Juan Manuel Santos se merece el premio por sus esfuerzos decididos para ponerle fin a una guerra civil de 50 años”, independientemente de si el acuerdo con las  FARC llega a romperse; o al menos lo merece tanto como Obama o Arafat-Peres-Rabin (y esta será la controversia en la prensa internacional). Añado que, en justicia, el Nobel  debería compartirlo con la ONU y los países garantes por su papel decisivo en el acuerdo que hoy se anunció en La Habana.

El Instituto Nobel destacó la decisión democrática de Santos de ir al plebiscito, cuando en efecto esta fue la equivocación innecesaria, inútil, previsible, advertida y evitable que pudo – y todavía puede- reiniciar nuestra tragedia. Esa es la paradoja.

Pero el Nobel aumenta la popularidad de Santos en Colombia y le devuelve algún margen de maniobra que, esperemos, él sepa utilizar.

Tres acuerdos que mantienen el proceso

En el texto cuidadoso que acordaron, las delegaciones del gobierno y las FARC aclaran el alcance y la metodología para las “rondas” que siguen, y precisan sus medidas para no recaer en la violencia, así:

1. Ambas partes reiteran su compromiso con el Acuerdo Final, pero admiten el triunfo del No y anuncian que van a discutir “las propuestas de ajustes y precisiones para dar garantías a todos” que resulten del diálogo entre el gobierno y “los diferentes sectores de la sociedad”.

Esto tiene de excelente que el proceso (por ahora) no se rompe, pero implica un pacto   entre el gobierno y las FARC para reducir al mínimo los cambios en el “Acuerdo Final”, con el cual ambos siguen “comprometidos” y al cual se harían apenas “ajustes y precisiones”. Aunque añadan que habrá “garantías para todos”, este límite de entrada a las propuestas del No dificulta el pre-acuerdo entre Santos y Uribe y pone a Santos, digamos, más cerca de la insurgencia que del Centro Democrático.

2. Señalan que (a) el proceso de consultas con “los diferentes sectores” será “rápido y eficaz”, (b) que será adelantado por el Presidente (no por las FARC), y (c) que la “salidas seguirán los caminos señalados en la sentencia de la Corte Constitucional C-376 de 2016”.

  • Lo primero es importante porque el cese al fuego puede romperse en cualquier momento y –no menos – porque el paso del tiempo iría modificando la relación de fuerzas política (y militar) entre las partes.
  • Lo segundo reconoce al Presidente como vocero constitucional de la ciudadanía (es el quien finalmente debe interpretar a los votantes por el No).
  • Lo tercero remite a las 400 páginas (exactas) de la Sentencia sobre el plebiscito, y en especial a sus consideraciones sobre qué implicaría la derrota del Sí (páginas 316 a 321). El presidente no puede implementar este acuerdo específico (que en mi opinión jurídica está muerto), pero subsisten (a) Su obligación de preservar el orden público, (b) Su potestad para firmar otros acuerdos de paz, (c) la potestad legislativa del Congreso (¿será que puede saltarse el plebiscito?), y (d) el “derecho-deber fundamental” a la paz. Y tenemos abogados para todo.

3. Se comprometen a proseguir los avances hacia la pacificación esto es: (a) mantienen el cese al fuego y las hostilidades bilateral y “definitivo”; (b) adoptan un Protocolo especial para “prevenir incidentes”; (c) solicitan que la Misión de la ONU siga sobre el terreno, y (d) prosiguen las tareas humanitarias (desminado, búsqueda de desaparecidos, planes pilotos de sustitución voluntaria de cultivos, salida de los menores de las FARC, y situación de “personas privadas de la libertad” ).

Un acuerdo, en resumen, tan completo, preciso y constructivo como podíamos esperar los colombianos para evitar –por ahora- que volvamos a una guerra degradada –y escalada-.

¿Por qué se llegó a este acuerdo?

Hay que aplaudir de entrada el compromiso genuino con la paz y el esfuerzo de Santos y  Londoño, con sus delegaciones respectivas y la crucial mediación de la comunidad internacional, para lograr este difícil acuerdo. Y a esto se añade algo más eficaz que las buenas voluntades: el interés de cada parte.

-El interés del gobierno era evidente. Aunque existe la opción de (tratar de) arrasar militarmente a las FARC, Santos es el presidente (y ahora Nobel) de la paz. Por eso hizo lo mínimo y lo máximo que podía hacer para evitar la ruptura del proceso: reafirmar el “Acuerdo Final” con la mínima apertura (“ajustes y precisiones”) que – al menos inicialmente– podía conceder Londoño.

– Después, seguramente, de duras y angustiosas discusiones, los mandos de las FARC tomaron su decisión más importante en medio siglo. Y la tomaron, creo yo, porque esta es la últimay al mismo tiempo la mejor oportunidad para el avance de su proyecto político.

  • Debido sobre todo a la golpiza militar de Uribe, hace unos años las FARC se convencieron de que a las malas nunca llegarían al poder: por eso se sentaron a negociar en serio. También saben que una guerra renovada sería a muerte, porque Santos a estas horas no tendría sino esta alternativa. Y algunos de sus pasos hacia la desmovilización podrían ser difíciles de reversar (información interna que se ha hecho pública, motivación de sus tropas, expectativa de las comunidades…).
  • Esta desventaja militar de las FARC se da, paradójicamente, en el mejor momento político que de modo inopinado les otorga el plebiscito. Cierto que con el Sí habrían logrado todo lo que dice el Acuerdo (aunque los riesgos de incumplimiento habrían sido mayores con ese Sí precario); pero de no aferrarse a que el texto es intocable (o sea irse a la guerra), su momento político dorado resulta cuando menos de dos circunstancias:
  • El punto de partida de las nuevas “rondas” de negociación es el Acuerdo Final, con las muchas garantías o ventajas judiciales, políticas, de seguridad e incluso financieras que allí constan. El gobierno sigue “comprometido” con el Acuerdo, y en este sentido está del lado de las FARC.  Aunque el uribismo endurece ahora las conversaciones, las FARC arrancan de una base mucho más favorable que la que tenían al comienzo del proceso.
  • Con medio siglo de guerra injusta y criminalizada, no seré yo quien aplauda a las FARC ni a sus jefes por algo que debieron hacer siempre: política sin armas. Pero saludo el sentido y la cintura política que ha mostrado Londoño, porque hoy sin duda está bastante menos lejos de las mayorías que queremos que callen los fusiles en Colombia. Los millones de votos por el Sí – y los países que acompañan el proceso- están de hecho defendiendo el Acuerdo y en esta exacta medida están “del lado de las FARC”.

Pero queda la realidad del No.

Más allá de su tono cordial, las reuniones del gobierno con los “representantes” del voto por el No se limitaron a poner en evidencia las distancias acerca del Acuerdo “Final” – y el riesgo de la guerra que persiste-.

Los voceros del No acabaron repartidos en tres grupos: (1) el principal es el de Uribe (con Ordoñez y Ramírez) y sus tres precandidatos; (2) Pastrana, como expresidente revivido, tendrá una voz separada y menor; (3) las iglesias cristianas – que bien pudieron  poner los votos decisivos- revisarán asuntos como la familia y la “ideología de género” que ellas creyeron ver en el Acuerdo (¡!).

Las posturas de Uribe pueden ser más radicales que las de muchos votantes por el No (aunque menos radicales que las de algunos otros); pero el jefe del Centro Democrático quedó como el portavoz de la mayoría de los colombianos. Y la respuesta del Centro Democrático al anuncio conjunto del gobierno y las FARC fue rápida y tajante:
•    Estamos con la paz y saludamos el Nobel para Santos, pero “Colombia votó No para que se construya un nuevo acuerdo con las FARC”.
•    Por lo tanto no se trata de “precisiones y ajustes”, sino de “cambios profundos al Acuerdo.
•    Las “correcciones” deben referirse a “temas como: impunidad y elegibilidad  a responsables de delitos atroces, el narcotráfico como conexo al delito político, la justicia especial para la paz, la igualación de militares y civiles a las Farc, la entrega de los dineros y bienes de las Farc, la reparación de víctimas, el respeto a la familia, la política agraria y la sustitución de la Constitución, entre otros”.

Las distancias, en efecto, son muy grandes. Pero al menos quedó claro que la negociación sigue siendo entre el gobierno y las FARC, o sea que el gobierno hablará por el No – un hecho por supuesto capital en términos jurídicos y en términos políticos-.

  • Los acuerdos entre el gobierno y el No van tomarse al menos dos semanas. Y cada hora que pasa sigue haciendo más difícil mantener el cese al fuego.
  • Los cambios que van a proponer los voceros del No serán muchos y serán sustanciales. Santos y sus ministros harán un gran esfuerzo para reducirlos, pero esto implica dos galimatías: que el gobierno enemigo de las FARC las defienda ante Uribe, y que las FARC concluyan o reiteren que al final de cuentas Uribe y Santos son la misma cosa.
  • La renegociación del Acuerdo incluiría varios puntos de la agenda y tocaría temas espinosos. Esto implica un proceso prolongado, con la dificultad adicional de mantener el cese al fuego (o peor, la de volver a “negociar en medio de la guerra” que, en otra paradoja, fue la clave para que no se rompieran las conversaciones de estos cuatro años). Esta tardanza y esta complejidad aumentan además la tentación de una Constituyente que reemplace de una vez a la mesa de La Habana, y que sería nada más y nada menos que un salto casi olímpico al vacío.

 Fuente: RAZÓN PÚBLICA

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