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El Gobierno busca garantizar la implementación del Acuerdo Final con las Farc mediante un artículo transitorio en la Constitución para tratar de impedir que los próximos gobiernos puedan manejar el asunto a su antojo.

¿Qué pasará con la implementación del Acuerdo Final entre Gobierno y Farc cuando el Presidente Juan Manuel Santos termine su segundo periodo?

Con la campaña presidencial calentando motores parece claro que varios de los múltiples precandidatos están dispuestos a continuar con la implementación, pero hay otros a los que el Acuerdo no les gusta ni un poquito y estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para echarlo atrás.

Por eso ya hay quienes están buscando cómo unir fuerzas políticas para que a la presidencia llegue un presidente propaz, como se lo dijo el senador del partido de la U, Armando Benedetti, al periódico El País de Cali, pues según él “si los del Sí (refiriéndose al plebiscito) no ganan las elecciones, todo el proceso de paz se va a desbaratar y vamos a volver a 1946”.

El Gobierno Santos quiere garantizar la implementación del Acuerdo por tres periodos más, es decir, que los tres próximos presidentes del país cumplan con los compromisos adquiridos en La Habana.

En entrevista con el programa Semana en Vivo el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, indicó que para lograrlo promoverán una reforma constitucional mediante la cual introducirán un artículo transitorio en la Constitución. “Ese artículo es el que establece el compromiso del Estado colombiano de cumplir de buena fe los acuerdos, compromiso que va a partir de ahora, (por) los tres gobiernos que vengan”, precisó y añadió que presentarían el proyecto en la penúltima semana de diciembre.

“Es un acto legislativo que, básicamente, lo que hace es recoger el texto que ya está incluido en el acuerdo, es un solo artículo, que es el que reemplaza todo este debate que se hizo sobre el bloque de constitucionalidad, que se iba a incorporar todo el acuerdo a la Constitución, que algunos llegaron al despropósito de que eso se iba a hacer sin pasar por el Congreso, sin tener el control jurisdiccional de la Corte. Acá  ha quedado claro un artículo transitorio donde se establece algo que es absolutamente lógico, un Estado firma un acuerdo de paz para cumplirlo”, explicó el ministro.

¿Pero es eso posible? Colombiacheck investigó y califica la afirmación de Cristo como verdadera.

Jairo Andrés Rivera, vocero en la Cámara de Representantes del movimiento ciudadano Voces de Paz, (movimiento afin, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso)  le confirmó a Colombiacheck que el Gobierno ya presentó el proyecto en el Congreso.

Más allá de la buena fe

María Luisa Rodríguez Peñaranda, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y doctora en Derecho Constitucional, explicó que, una de las reformas que se le hizo al primer Acuerdo fue la eliminación del bloque de constitucionalidad como mecanismo para sellarlo y que lo que quedó entonces fue una cláusula de buena fe en la que las partes se comprometen a cumplirlo, pero ¿cómo estar seguros de que el próximo Gobierno, independiente de su orientación política, lo cumpla?

“La buena fe está en el Acuerdo, pero la Constitución va a establecer que sea un compromiso de Estado, por fuera del Gobierno, no importa qué Gobierno sea, no podría hacer campaña en contra del Acuerdo, ni pretender modificar la Constitución para eliminarlo”, explicó la docente.

Rodríguez Peñaranda indicó que la fórmula no es tan exótica, pues en Colombia la Constitución tiene muchos artículos transitorios que tienen otras motivaciones. “En este caso tiene sentido establecer un artículo transitorio en la Constitución, pero en esta ocasión altera los programas de gobierno de los futuros presidentes, ellos tendrían que cumplirlo, entonces se busca ante todo que el Acuerdo no quede al vaivén de los próximos gobiernos”, precisó.

Por último, la profesora dijo que es una salida, “sin duda, constitucional”.

Más motivos

El vocero del movimiento Voces de Paz explicó que se trata de la seguridad jurídica de los acuerdos. “De los aspectos vitales de la negociación es que lo que se firma se vincule a los siguientes gobiernos porque el proceso de desarme y de transición política de una fuerza armada a una fuerza política legal implica una transición de mucho tiempo. Cuando una fuerza armada se desarma no se acaba el conflicto, el proceso de reincorporación es dificilísimo y largo, entonces cualquiera podría hacer politiquería con eso. Con la estigmatización y sin seguridad jurídica empujas a las personas de nuevo a la ilegalidad, ese es parte de los modelos de reinserción básicos en el mundo”.

Rivera aseguró, además, que es la posibilidad para que queden en la Constitución temas que son de primer orden en la agenda nacional y que “nunca han podido pasar porque ha habido una reacción de fuertes sectores. Fundamentalmente dos asuntos: reforma rural integral y reforma política, más allá de lo obvio”, resaltó.

Para Rivera, que quede en la Constitución no quiere decir, necesariamente, que se haga realidad, pero sí es una herramienta jurídica importantísima porque es un símbolo de que hay un compromiso de Estado frente a la paz y a la transición política.

La mirada de la oposición

Para Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, partido de oposición, el Gobierno está tratando de usar todas las triquiñuelas, legales y constitucionales posibles, para garantizar tanto la implementación como la no modificación de los efectos del acuerdo de paz.

“Una de esas triquiñuelas es tratar de impedir que en los próximos tres gobiernos haya alguna modificación dado que el Centro Democrático ha insistido en que de llegar al Gobierno hará modificaciones o revisiones de los compromisos que adquirió el Gobierno del Presidente Santos”, precisó Rangel.

El senador aseguró que en democracia “las cosas se deshacen como se hacen” y si el Senado en algún momento aprobó una ley o una reforma constitucional utilizando el mismo procedimiento la puede revisar y deshacer.

Actualización

La Comisión primera del Senado aprobó hoy el proyecto de acto legislativo que introduce el artículo transitorio en la Constitución. Ahora la discusión seguirá su curso en la plenaria del Senado.

CANDIDATO

Si algo quedó claro en el cónclave de ayer en Hato Grande, con presidente Santos a bordo, es que hay que mantener la vocación de poder. Sin embargo, hay conciencia de que sólo en alianza se podrá tener una verdadera opción.

La Unidad Nacional se acaba para las presidenciales. Es lo que dijo el senador Armando Benedetti, copresidente del Partido de la U, antes de entrar ayer al cónclave que realizó la colectividad en la hacienda de Hato Grande y que contó con la presencia del presidente Juan Manuel Santos, su jefe natural. El objetivo era comenzar a definir el camino que se tomará de cara al proceso electoral presidencial de 2018 y la postura ya está definida: se tendrá candidato propio, pues “un partido con 60 congresistas no puede renunciar nunca a tener vocación de poder”.

Ahora, el que se haya tomado esta decisión no quiere decir que se hayan cerrado las puertas a la posibilidad de ir en coalición con otras fuerzas políticas. Son varios los congresistas de la U que creen que la única manera de garantizar la continuidad y estabilidad del acuerdo de paz con las Farc es ir con un candidato único escogido de entre todos los partidos y movimientos políticos que apoyaron el Sí en el plebiscito del 2 de octubre del año pasado.

De hecho, la carta que hizo llegar a la cumbre de la U el senador Horacio Serpa, a nombre de su partido, el Liberal, es una clara señal en ese sentido. “Existiendo más temas comunes en nuestros pensamientos y coincidencias en propuestas y en programas relacionados con el bienestar del pueblo, para nosotros será grato continuar reflexionando con ustedes sobre el futuro político, económico, social y cultural del país”, decía la misiva.

Y en ese objetivo de fortalecer el partido, se conoció que el presidente Santos les pediría a algunos de sus actuales ministros que se aparten del gabinete para que salgan a las calles a hacer campaña defendiendo su legado e incluso que postulen sus nombres a las listas al Congreso. Ahora, en todo este tejemaneje de cara a la lucha por el poder el próximo año, habría que tener en cuenta que, además de la U y el liberalismo, el Sí en el plebiscito fue apoyado también por Cambio Radical, algunos conservadores, la Alianza Verde, Opción Ciudadana, el Mira y hasta el Polo Democrático.

La pregunta entonces es: ¿estarán dispuestos todos a unir fuerzas en aras de defender el acuerdo de paz para enfrentar al uribista Centro Democrático, que ya notificó que si gana la Presidencia echará para atrás lo pactado? No parece fácil consolidar una alianza que abrace fuerzas políticas tan disímiles. Y es ahí donde surge otra idea: que todos vayan con candidato en la primera vuelta y el que pase a segunda reciba el respaldo de los demás. Un riesgo mayúsculo, pues hay que partir de la premisa de que el uribismo tiene una base de por lo menos cuatro millones de votos, que quedó demostrado con el triunfo del No en el plebiscito, algo que, como mínimo, les garantiza estar presentes en la segunda vuelta.

Pero incluso en el mismo Partido de la U no ven tan descabellado hacer una consulta interpartidista en marzo del próximo año, en las elecciones de Congreso, incluyendo, además de los liberales, a Germán Vargas Lleras, carta fija de Cambio Radical. El problema es que su nombre genera demasiada desconfianza y según contaron fuentes que estuvieron ayer en Hato Grande, al mismo presidente Santos se le vio molesto por la salida que tuvo el vicepresidente a raíz de las denuncias en torno a los nexos de su campaña de 2014 con Odebrecht.

Parece que al mandatario no le gustó que en el comunicado que emitió Vargas Lleras el martes en la noche pidiera adelantar las investigaciones tratando de desligarse de cualquier tipo de responsabilidad. Sobre eso, les habría dicho a sus copartidarios que no había pruebas sobre las acusaciones de Otto Bula, a quien se refirió como una persona de dudosa reputación. Santos dijo que, incluso, éste tenía fama de despojador de tierras y varias investigaciones abiertas. “Se le nota que está molesto (con Vargas Lleras) y quedó claro que su partido es la U y que le interesa que tenga fuerza parlamentaria”, dijo uno de los congresistas que estuvo en la reunión.

Encima de todo, está también el rumor que corrió hace algunos días, en el sentido de que Vargas Lleras le había ofrecido a Simón Gaviria, director de Planeación Nacional y de filiación liberal, ser su fórmula vicepresidencial. Aunque los mismos protagonistas desmintieron el chisme, en la U hay quienes ven en este hecho una clara intención de dejarlos por fuera del juego.

Lo cierto es que en el partido del presidente Santos son conscientes de que, por ahora, no tienen una figura con la suficiente fuerza para pelear la Presidencia en 2018 y que quienes se postulen deben demostrar que tienen posibilidades de crecer. Pero ni siquiera ese panorama de sus precandidatos es claro. En la lista aparecen el embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón; el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri; el senador Roy Barreras, y el excongresista y expresidente del partido Sergio Diazgranados. Por algo ayer, en Hato Grande, una de las peticiones directas al presidente Santos fue que los ayudara a seguir siendo la primera fuerza política del país.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR

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