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Fue por medio de la resolución 327 del 9 de agosto de 2013 que el entonces recién reelecto procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado garantizó la continuidad de su esquema de seguridad cuando abandonara el cargo. En esos momentos muy lejos del panorama estaba la demanda en contra de su elección en el Congreso para que continuara un segundo periodo consecutivo al frente del Ministerio Público.

En la resolución se modificó parcialmente la resolución 109 del 3 de abril de 2003 frente a la continuidad de los esquemas de seguridad para los exservidores de la Procuraduría una vez finalizara sus funciones. En dicho documento se establecía una reducción del 75% del esquema con el que contaban y fijaba un límite para que siguiera con la misma basándose en un estudio de su situación de seguridad por parte de los organismos encargados.

“Que debido a que la Procuraduría General de la Nación, no cuenta con el recurso humano y su infraestructura logística necesaria para brindar la protección de los exfuncionarios y sus familias, este Despacho dispone limitar el periodo para prestar el servicio de seguridad a cuatro (4) años,contados a partir de la terminación del vínculo legal y reglamentario”, precisa la decisión.

Debido a esto se establecía que cada año la División de Seguridad de la misma Procuraduría General adelantara el estudio sobre la situación de riesgo “derivado de la condición de exfuncionarios” con el fin de determinar o no la continuidad del esquema de seguridad “sin que bajo ninguna circunstancia dicho beneficio supere los cuatro (4) años antes señalados”.

Fuentes cercanas aseguraron que en el año 2014 el esquema de Ordóñez tuvo que ser reforzado debido a que se determinó que existían amenazas e incluso un plan para atentar en contra de su integridad personal. En esa oportunidad se decidió aumentar tanto como su esquema de seguridad -con miemrbos de la Policía y el Ejército- así como los vehiculos privados para sus traslados.

Igualmente se decidió que debía existir vigilancia 24 horas en su lugar de residencia y proteger a su esposa y sus tres hijas. Debido a esto se entregaron seis vehículos para brindarles seguridad. Vale recordar que en el año 2013 se denunció que uno de los vehículos de su esposa había recibido un disparo y días después la oficina de Ordóñez en el edificio central de la Procuraduría fue impactada con un objeto extraño.

Hace unas semanas, la Dirección Nacional de la Policía dio la orden de reducir el esquema de Ordóñez de 14 a 4 hombres. Se espera que en los próximos días el Ejército revise la situación de los hombres que hacen parte del mismo.

La Procuraduría responde

En un comunicado de tres puntos la Procuraduría General respondió frente a los alcances del nuevo reglamento de seguridad y protección para los servidores y exservidores del órgano de control y sus familiares.Se resalta que el artículo 20 del decreto ley 262 de 2000 establece las funciones de la División de Seguridad de la entidad para proteger a sus funcionarios.

En el caso de Alejandro Ordóñez se destaca tras la nulidad de su reelección por parte del Consejo de Estado que lo obligó a salir de la Procuraduría a finales del mes de septiembre él continuó con el esquema que tenía puesto que no existe por el momento un nuevo estudio de su seguridad que establece la ley y el reglamento interno de la entidad.

“El correspondiente estudio de seguridad determinará las novedades para el esquema del doctor Ordóñez Maldonado y su núcleo familiar. Sin embargo, el Ministerio Público en su comunicación no aclaró cuándo se realizará ese nuevo estudio de seguridad para el exprocurador General.

Comunicado de la Procuraduría

Ante las inquietudes ciudadanas recibidas el día de hoy frente al manejo de esquemas de seguridad de funcionarios y exfuncionarios de la Entidad, la Procuraduría General de la Nación se permite manifestar que:

1.    La seguridad de los exprocuradores generales de la Nación y de sus familiares con esquemas asignados, se define mediante estudios realizados por las autoridades competentes y que dependen de las circunstancias que rodean a cada uno de los exfuncionarios y a sus círculos cercanos. Son dichas autoridades las responsables de determinar la viabilidad de los esquemas.

Al interior de la Entidad se regula por el numeral 2 del Artículo 20 del Decreto Ley 262 de 2000, en lo relativo a las funciones de la División de Seguridad: “Garantizar, de conformidad con el reglamento de protección y seguridad que expida el procurador general, la seguridad personal de los servidores y exservidores de la Procuraduría General y sus familias, cuando por razones de seguridad sea necesario, para lo cual la Entidad deberá disponer de los recursos humanos y físicos que se requieran”.

2.     El 3 de abril de 2009, el entonces procurador general de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, estableció, mediante la Resolución 109, un nuevo reglamento de protección y seguridad personal para los servidores y exservidores de la Entidad y sus familias.

Dicha resolución fue adicionada por la 327 del 9 de agosto de 2013, la cual estableció que el beneficio de seguridad para los exfuncionarios de la Procuraduría General de la Nación no podría superar los cuatro años de duración desde la salida del cargo, ya que no existía una normativa que definiera un límite de tiempo en la materia.

3.    Ante su salida del cargo el pasado lunes 19 de septiembre y frente a la ausencia de un nuevo estudio de seguridad realizado al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado y a los miembros de su familia, la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de la normativa existente y en aras de garantizar la protección al exprocurador y a sus familiares, mantiene el esquema que tenía al momento de su salida del cargo.

El correspondiente estudio de seguridad determinará las novedades para el esquema del doctor Ordóñez Maldonado y su familia.

 

¿62.000?

Según la representante Angélica Lozano (A. Verde), el Estado invertirá esa suma hasta el 2020 en el esquema de protección del exprocurador y su familia. Le exige devolver el dinero.

Alejandro Ordóñez ya completa 57 días desde cuando dejó de ser el procurador general de la Nación. Sin embargo, si cualquier colombiano hoy llega a cruzárselo en la calle, podría pensar que sigue siendo el jefe del Ministerio Público. A donde llega, lo hace con la custodia de por lo menos 48 escoltas. Su caravana no baja de 16 vehículos de alta gama y blindaje completo y cuatro motos.Dos agentes de Policía permanecen 24 horas en su casa en Bogotá.

Hace casi dos meses Ordóñez dejó de ser funcionario, pero está lejos de ser un ciudadano más. Sigue gozando de algunos de los privilegios exclusivos del procurador general y los tendrá por lo menos hasta el 2020.

Según reveló Caracol Radio, el 9 de agosto del 2013, ocho meses después de su reelección como procurador, Ordóñez modificó una resolución de la Procuraduría para que exfuncionarios de la entidad conservaran, por cuatro años, el esquema de seguridad que el Estado les había otorgado.

La resolución fue la 327, en la se establece que “los exservidores de la Procuraduría General y sus familias, que durante el ejercicio del cargo haya contado con el servicio de esquema de seguridad permanente, tendrán derecho a continuar con ese beneficio por un período máximo de cuatro (4) años, contado a partir de la terminación del vínculo legal y reglamentario”.

La modificación que hizo Ordóñez es la que hoy le permite seguir bajo el robusto esquema de seguridad que tuvo en sus días de procurador y que hoy, según versiones periodísticas, lo reparte entre todo su núcleo familiar. ¿Gasto justificado o derroche?

Para Angélica Lozano (representante a la Cámara, Alianza Verde), además de derroche es un abuso de poder y un acto de corrupción. “Es algo típico de quien utilizó la Procuraduría para perseguir. Ordóñez, en su delirio de grandeza, manejó como una finca la entidad que debe perseguir la corrupción”.

Que Ordóñez mantenga las mismas consideraciones como si fuera aún procurador es para Lozano un auténtico escándalo. Más aún cuando la representante señala que, desde el 2009 hasta el día en que se declaró irregular su reelección, la seguridad de Ordóñez le ha significado al Estado la suma de $ 41.150.600.000, y calculando hasta el 2020, año hasta el que se extenderá este esquema de protección, serán $ 62.000.000.000.

La representante Lozano le exige a Ordóñez que devuelva el dinero. “Se mecateó en cositas 62.000.000.000 para mantener sus ínfulas de reyezuelo”. Pero también anunció le anunció a Semana.com que presentará una solicitud al contralor general, Edgardo Maya Villazón.

Por eso, si cualquier ciudadano desprevenido se encuentra con la caravana de 16 vehículos y la custodia de 48 escoltas, probablemente no sea la del presidente de la República, se puede tratar del exprocurador Alejandro Ordóñez.

 

La representante “verde” sacó este llamativo aviso, donde insta al ex procurador a “devolver” lo que considera el excesivo costo de su custodia.

 

“Un bledo”

En entrevista, el exprocurador Alejandro Ordóñez, habló sobre la polémica alrededor de su esquema de seguridad y explicó las razones por las cuales aún lo mantiene.

Ordóñez dijo que su esquema fue asignado por la Policía, el Ejército y la Procuraduría, basado en su nivel de seguridad y que si el Gobierno Nacional le quiere quitar su esquema de seguridad para “facilitar acciones posteriores”, no le importa.

“Si el Gobierno quiere quitarme el esquema de seguridad, que me lo quite. Si necesitan facilitar acciones posteriores, que lo hagan, me interesa un bledo tener un solo policía o un solo funcionariodel Ejército o un solo carro.  No los estoy pidiendo, no los he solicitado”, manifestó.

Además aclaró que su esquema de seguridad no fue impuesto por él mismo, “Quedarme con el esquema de seguridad no es capricho del procurador, está atado al riesgo”, añadió.

También dijo a la misma cadena radial que el decreto que emitió lo que implica es ponerle un límite de tiempo a los esquemas de seguridad, pues antes los exfuncionarios podrían tenerlos ilimitadamente.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR / REVISTA SEMANA / PUBLIMETRO

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