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Se trata de Juan Ricardo Noero quien fue viceministro de Transporte del primer gobierno del exmandatario correspondiente a los años 2002-2006. Noera fue funcionario del exministro ya fallecido Andrés Uriel Gallego.

Gabriel García Morales quien fue después su reemplazo en el cargo de viceministro de Transporte, hoy está capturado y acusado porque habría recibido 6.5 millones de dólares para beneficiar a Odebrecht en la licitación para el contrato de la Ruta del Sol sector II, proyecto vial que conecta a Puerto Salgar en Cundinamarca con San Roque en el departamento del Cesar el cual tiene un avance del 50% y sus obras se encuentran paralizadas tras el escándalo.

Tanto García Morales como Noero fueron considerados por el entonces presidente Uribe como líderes de la infraestructura.

Juan Ricardo Noero, es actualmente presidente de Pacific Infrastructure, compañía fundada en 2008 para satisfacer la creciente necesidad de desarrollo avanzado de infraestructura en Colombia.

CM& también conoció que Juan Ricardo Noero informó en estos días a las autoridades sobre una inversión de “operación sospechosa” de 2 millones de dólares a finales de 2010 cuando Gabriel García Morales era viceministro de Transporte.

Noero le dio aviso a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, (UIAF) con copia a la Fiscalía General y señaló que está dispuesto a aclarar cualquier información.

Por su parte, Pacific Infrastructure emitió un comunicado en el que indicó que el pasado 17 de enero “la compañía envío una comunicación  a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (“UIAF”) informando sobre las inversiones que la sociedad Lurion Trading Inc realizó en el proceso de capitalización adelantado por Pacific Infrastructure en el año 2010”.

Señaló el texto también que este mismo informe fue enviado a la Fiscalía el pasado 24 de enero de 2017. “Dentro del grupo de personas que gestionó la participación de Lurion Trading Inc. se encontraba el Sr. Gabriel García Morales”, añadió la compañía.

“La participación accionaria adquirida por dicha sociedad con ocasión de la inversión antes mencionada correspondió al 1.09%”.

Adicionalmente, la compañía manifestó su total disposición para colaborar en la investigación y entregar la información que al respecto consideren pertinente.

“Que hable Zuluaga”: Duque

Revela que se reunió en 2014 con Zuluaga y con el publicista Duda Mendonça, el mismo que confesó que Odebrecht financió ese año la campaña presidencial del Centro Democrático, encabezada por Zuluaga. No obstante, dice no haber tenido responsabilidad en la contratación de los servicios del brasileño.

Cuando el Centro Democrático comenzaba a afrontar una “amarga experiencia”, como la calificó el senador Álvaro Uribe, por anunciar una investigación contra su precandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y la Fiscalía empezaba a recolectar información, por los señalamientos de que Odebrecht (firma que sobornó a funcionarios en el país para recibir contratos) financió su campaña presidencial en 2014, otro nombre surgió en el escándalo de corrupción. Se trata del senador y también precandidato presidencial de esa colectividad para la contienda de 2018, Iván Duque.

El congresista asegura que en la reunión que él, Zuluaga y el hijo de éste sostuvieron hace tres años en Brasil con el publicista Duda Mendonça, nunca se habló de precios por los servicios del ciudadano brasileño, quien sostiene que la campaña de los uribistas sí recibió US$4,3 millones de Odebrecht y que el precio fue pactado en un encuentro en ese país.

¿Qué pasó en la reunión con Duda Mendonça?

En febrero de 2014 Óscar Iván Zuluaga y su hijo David me invitaron a Brasil para conocer a un publicista, ellos estaban buscando a un asesor internacional. Nos reunimos con él y su equipo, Duda se conoció con Zuluaga, le presentó su compañía y su experiencia en campañas en Brasil y otros países, le hicieron unas preguntas sobre cómo estaba la dinámica electoral en Colombia, la reunión terminó y regresamos a la mañana siguiente al país. No se habló de precios. Zuluaga corroboró eso, dijo que luego él directamente lo había aproximado en marzo y le había hecho una oferta económica.

¿Y qué participación tuvo usted en esa negociación?

No participé en la selección, negociación ni contratación, no tenía ninguna responsabilidad de índole administrativa en la campaña, era el encargado de elaborar el plan de gobierno, cualquier pregunta relacionada con la negociación los montos y todo eso, le corresponde a Zuluaga.

¿Se ha vuelto a ver con Duda Mendonça?

Lo vi en dos ocasiones, esa vez y faltando dos días para la segunda vuelta electoral, cuando se estaba haciendo un comercial y se necesitaban datos sobre el plan de gobierno. No he tenido más contacto con él.

¿Y no cree que el asistir a esa reunión constituye una falta?

Esa fue una reunión normal en la que un candidato está conociendo a un publicista, a mí me invitaron como encargado de su plan de gobierno. No sé qué falta de ética puede haber ahí. Los temas de pagos le corresponden al fuero de Zuluaga, que fue quien los contrató.

Uribe pidió al partido que investigue a Zuluaga y la Fiscalía solicitó información a Brasil. ¿Qué sanción deberían imponerle?

No me corresponde ser juez de Zuluaga y el expresidente Uribe se pronunció sobre el tema. Hay que dejar que eso tenga el curso en las instancias que correspondan en el partido.

¿Debe el partido también investigarlo a usted?

Si el partido considera que es una falta ética participar en una reunión conociendo a un publicista sin ningún tipo de responsabilidad, estoy abierto a que me investigue la comisión, pero no veo ninguna falta ética.

¿Zuluaga tiene que renunciar a su precandidatura?

Esa es una valoración que solamente le corresponde a él.

Este escándalo de Odebrecht no sólo afecta la imagen de Zuluaga, también la del Centro Democrático y la suya. ¿No cree que su posible candidatura ya está hoy en desventaja frente a los demás partidos?

No tengo ni he tenido vínculos con Odebrecht. Como senador de la República interpuse la semana pasada una acción ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que se investiguen las prácticas de esa compañía para ganar licitaciones desconociendo los principios de la libre competencia, y que le corresponda la máxima sanción patrimonial. Los órganos de investigación tienen que entrar a valorar todas las acciones de esa compañía en el país y que se les apliquen las sanciones más severas.

Dos exfuncionarios de alto rango en el gobierno Uribe han sido salpicados directamente en este caso de corrupción. El exviceministro Gabriel García y Zuluaga. ¿Por qué la gente debe creerle?

Todos aquellos funcionarios que hayan sido sobornados por Odebrecht, provengan de donde provengan políticamente, tienen que ser sancionados ejemplarmente. Debe tener sanción el que paga por pecar, pero también el que peca por la paga. La corrupción no tiene color político, no es de izquierda, no es de derecha, no es liberal no es conservadora, no es del centro no es verde, está en todos lados y hay que enfrentarla con severidad. Hay que examinar si esa compañía financió campañas violando las reglamentaciones.

En las últimas dos campañas presidenciales los hechos corruptos que han recaído sobre el Centro Democrático y Zuluaga, dice él que han sido a sus espaldas. ¿Usted sí sabe todo lo que pasa en su equipo de trabajo?

A quien le corresponde referirse sobre el manejo administrativo de la campaña es a Zuluaga y a las personas que manejaron esa campaña. Hay un parámetro que deben tener todas las campañas, y es el que tendremos nosotros cuando llegue el momento: no recibir recursos de compañías que sean contratistas del Estado.

¿Quiénes van a financiar su campaña presidencial?

La campaña desde el punto de vista administrativo y legal no ha nacido, sólo podrá hacerlo cuando se establezca una consulta abierta o un mecanismo para la selección del candidato. A partir de ese momento quiero buscar las pautas de mayor transparencia, no recibiré recursos de personas naturales que sean funcionarios, gestores o accionistas de compañías contratistas del Estado.

Dicen que usted representa la nueva generación del Centro Democrático y que Óscar Iván Zuluaga simboliza la vieja guardia. ¿Está de acuerdo?

Siempre me he considerado una persona de centro, y espero representar una nueva generación haciendo política en Colombia, convencida de que el país necesita pasar la página de la vieja política y las prácticas clientelistas, y preocupada por el emprendimiento, la transformación productiva, por la economía naranja, el deporte, y la tecnología. Si a mí me preguntan que si eso representa una nueva forma de hacer política, creo que sí.

Hizo un pacto de no agresión con los otros precandidatos de su partido. ¿De verdad cree que eso se va a lograr hasta el final?

No sé si se vaya a cumplir o no, lo que sí sé es que tenemos tres precandidatos que estamos comprometidos con sacar adelante al Centro Democrático, tenemos amistad, colegaje y respeto. Y nosotros más que simplemente hacer un pacto de no agresión, porque creo que ese no fue el sentido de nuestra reunión, es darle un mensaje a la militancia que podemos tener un proceso de selección del candidato competitivo, democrático, abierto, participativo, y no caer en descalificaciones personales.

¿Qué será del Centro Democrático si Uribe no se lanza al Senado?

Es una decisión que es de su resorte, tenemos que seguir construyendo sobre su legado, trabajar también con su orientación, contar con su guía, pero formar nuevos liderazgos.

Con las declaraciones de Juan Carlos Vélez sobre la campaña del No en el plebiscito el CD también quedó mal parado, ¿perdió credibilidad el partido?

Fue un episodio lleno de desaciertos, irreal, hicimos una campaña persuasiva de argumentos hablando sobre los acuerdos, sobre las cosas que no nos gustaban y las que podían mejorar, y eso permitió conectar con los ciudadanos y obtener la victoria. Creo que eso es lo que hay que recordar, lo otro es simplemente un episodio aislado propio de quizá la mitomanía de una persona.

¿Cuál será el tema de la próxima contienda presidencial?

Tenemos cuatro desafíos: cómo vamos a recuperar la economía colombiana para generar más crecimientos; qué va a pasar con los indicadores sociales en el país y cómo vamos a generar equidad; y la lucha frontal contra la corrupción, que llega a la contratación directa y el financiamiento de la política es nefasto.

¿Y las Farc ya no van a ser un tema en la campaña?

Tienen que serlo, porque este proceso está apenas empezando, aquí lo que ocurrió con esa firma, pasando por encima de la voluntad popular, fue el fin del comienzo. La implementación apenas va a arrancar y tenemos que asegurarles a los colombianos que las Farc no van a tener un pie en la ilegalidad.

¿Cómo ve al Centro Democrático discutiendo de tú a tú con las Farc en el Congreso?

Las Farc han ido mostrando que son enemigos de la economía de mercado, que quieren exacerbar una lucha de clases y llegar a sus zonas de influencia histórica y desde allí detonar la protesta social. Proponemos una sociedad donde haya más empleo y emprendimiento, que en el campo se encuentren la agroindustria y el pequeño productor. Si las Farc van a estar en el Congreso, vamos a demostrarles que el modelo que el país necesita es de mercado con sentido social.

¿Cuáles considera que han sido los errores de este Gobierno?

El Gobierno le entregó la construcción de la paz a la criminalidad, no existe una sanción efectiva a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad; permitió que se deteriore la economía, tuvimos en 2016 el peor crecimiento desde 2009, la industria no levanta cabeza; y se olvidó de todos los temas por estar concentrado en el proceso de La Habana. Hemos tenido casi seis ministros de Minas, la situación de la salud está deteriorada, la educación ha tenido grandes retrocesos y ha escalado la corrupción. Hemos tenido más un comisionado de paz que un presidente.

¿Qué va a pasar con el acuerdo de paz si usted llega a la Presidencia?

Si soy presidente de los colombianos y se encuentran recursos ilegales de las Farc que no se hayan entregado para la reparación de las víctimas, los cabecillas perderán todos los beneficios. Si las Farc quieren hacer realmente la paz, tienen que cumplirles a los colombianos. También hay que reactivar la lucha contra el narcotráfico, a partir de agosto de 2018 se reanudarán todas las herramientas a disposición del Estado, empezando por la aspersión aérea, y unas modificaciones para que los temas de erradicación y sustitución no sean voluntarios, sino obligatorios.

Una palabra para definir a estos personajes

Humberto de la Calle: Incoherencia.
Germán Vargas Lleras: Coscorrón.
Juan Manuel Santos: Jugador.
Martha Lucía Ramírez: Disciplina.
Francisco Santos: Nobleza.
Álvaro Uribe: Grandeza.
Claudia López: Vehemencia.
Jorge Robledo: Coherencia.
Piedad Córdoba: Doble moral.
Alejandro Ordóñez: Mística.

Una frase para estos temas

Adopción para parejas del mismo sexo: gran debate nacional.

Aborto legal: dentro de los límites que ha considerado la Corte Constitucional.

Eutanasia: también dentro de los límites que han establecido la ley y la medicina.

Corrida de toros: una discusión entre la tradición, derecho de las minorías y animalismo. Pero me inclino a pensar que hay que tener tolerancia frente a las tradiciones culturales advirtiendo que no soy para nada aficionado a la tauromaquia.

Código de Policía: Una buena expectativa para mejorar la capacidad de hacer cumplir la ley.

Cadena perpetua para violadores de niños: una necesidad.

Madres comunitarias: necesitan más dignidad laboral.

Odebrecht: que le caiga todo el peso de la ley.

¿HASTA DONDE VA GINA CON CECILIA?

El miércoles las dos ex ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez Correa sacaron un comunicado de prensa en el que dicen que la denuncia penal del uribismo alegando que favorecieron los intereses económicos de la familia de Parody al participar en el otorgamiento de la construcción de la carretera Ocaña – Gamarra a Odebrecht consiste en “calumnias (que) se han basado en afirmaciones absurdas” y anunciaron que tienen un equipo de abogados para que tomen las acciones legales “que sancionen esta persecución”.

Dado que la confrontación entre los uribistas y las ex ministras de Santos ha estado llena de acalorados trinos de lado y lado y acusaciones mutuas, La Silla puso varios derechos de petición a las respectivas autoridades para poder esclarecer cuál fue su verdadera participación y quien dice mentiras. La conclusión es que de lado y lado hay verdades a medias.

Encontramos que todo lo que el comunicado de las ex ministras dice que es falso lo es. Es falsa la acusación del senador Macías de que se modificó el trazado de la concesión de la Ruta del Sol. Es falso que ellas no presentaron impedimentos conforme a la ley. La Ministra de Transporte no es quien realiza modificaciones a los contratos de la ANI como lo alegaron los uribistas. Tampoco existe un puerto de la familia Parody listo para operar “al que solo le hace falta la carretera” como dice la denuncia del Centro Democrático.

Sin embargo, las ex ministras sí intervinieron en el proceso a pesar de que había intereses de los Parody. Tras revisar todos los documentos, estos son los cinco puntos que quedan claros sobre su participación en el otorgamiento de la construcción de la carretera Ocaña – Gamarra a Odebrecht:

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Álvarez-Correa estuvo en la junta de la empresa que pidió la concesión en Gamarra, pero se opuso a ese negocio

El primer hecho que encontramos y que no se conoce es que Cecilia Álvarez-Correa fue miembro de la junta directiva de Cartagena II S.A., la empresa que pidió inicialmente la concesión del puerto en Gamarra, el de todo el debate, y que ES MATRIZ DE la compañía que obtuvo ese privilegio, Fluvial Andalucía.

Álvarez-Correa fue nombrada por la Asamblea de esa empresa en marzo de 2010, como suplente y en medio de varios cambios en la junta. Justo salió de ella, de ese mismo renglón suplente, Manuel Parody, hermano de Gina, como se ve en esta acta

Esa decisión se tomó por unanimidad y como parte de un acuerdo entre los accionistas para superar una dura puja que se estaba dando porque los Parody estaban comprando acciones y creciendo notoriamente en su poder como accionistas, con lo que podrían haber terminado con la mayoría de las acciones sin que todos sus socios lo supieran.

Álvarez-Correa estuvo en el cargo cuando estaba fuera del Gobierno y hasta 2011, pues renunció para entrar al gobierno de Juan Manuel Santos. Según el acta de la asamblea en la que le aceptan la renuncia esa renuncia se dio en marzo de 2011.

Según la ex ministra renunció antes, en febrero. La Silla no pudo encontrar su carta de renuncia pues no está en los documentos públicos de la sociedad, y Álvarez-Correa dice que es posible que se trate de un error en el acta.

La reemplazó Andrés Flórez Villegas y luego, en 2013, ÉSTE RENUNCIÓ Y A ESE PUESTO LLEGÓ LUIS CARLOS PARODY, hermano de Gina y Manuel. Es decir, Álvarez-Correa ocupó el puesto que han tenido los Parody en esa junta.

Se trata de una empresa que es fundamental en el escándalo pues fue la que inició el proceso para conseguir el puerto en Gamarra.

La ex ministra le explicó a La Silla que como miembro de la junta ella siempre se opuso a ese negocio, porque a su juicio había problemas con los predios que tenían que comprar para hacerlo. Efectivamente, mientras estuvo en la junta no se aprobó ese proyecto pero apenas salió, el 25 de marzo de 2011 y cuando Flórez la había reemplazado, la junta sí lo aprobó.

Por eso la empresa inició los trámites necesarios en abril de ese año: ante Corpocesar para conseguir la licencia ambiental y ante Cormagadalena para la concesión del puerto.

Luego, en enero de 2012, le cedió esos trámites a Fluvial Andalucía, una compañía que conformó Cartagena II con cuatro de sus filiales (Cartagena II tiene el 95 por ciento de las acciones y las otras empresas el 5 por ciento restante) para tener ese puerto, que legalmente es parte del grupo empresarial que encabeza Cartagena II y que fue la que finalmente se quedó con la licencia ambiental que otorgó Corpocesar en 2014 y la concesión que entregó Cormagdalena en diciembre de ese mismo año.

Cartagena II SE ESCINDIÓ DE LA SOCIEDAD PORTUARIA EN 2008 para SEPARAR LOS BIENES QUE LA SOCIEDAD deberá devolver al Estado cuando termine su concesión (que siguen en esa empresa) de los que no (que quedaron en Cartagena II).

Pero lo que queda claro es que la ex ministra conocía ese proyecto de la Socierdad Portuaria, aunque se haya opuesto a él, desde antes de entrar al Gobierno.

2

Álvarez-Correa pidió que se priorizara el Conpes que necesitaba la carretera

Según el otro sí que firmaron el director de la ANI Luis Fernando Andrade y la concesionaria Ruta del Sol II, liderada por Odebrecht, para que la adición se ejecutara quedaban varias condiciones. Una de ellas era adelantar la plata que la Nación iba a poner en los años 2024 y 2025 a los años 2016 a 2018, lo que implicaba modificar vigencias futuras.

Para hacer ese cambio necesitaban la aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, una instancia en la que están todos los miembros del gabinete.

Cecilia, que era la entonces ministra de transporte, presentó ante Planeación Nacional, que tiene la secretaría técnica del Conpes, la solicitud de que se aprobara el cambio en unas vigencias futuras del contrato que tenía Odebrecht desde 2009 para construir el tramo II de la Ruta del Sol.

Lo hizo una semana antes de salir de su cargo, con una carta fechada el 12 de agosto en la que le pidió a la secretaría técnica del Conpes, en cabeza del entonces subdirector de Planeación Nacional Jaime Torres Melo, que le diera prioridad a ese trámite.

La Silla averiguó qué tan usual es que se pida prioridad y qué efectos tiene eso.  Encontró que -según una fuente que maneja al detalle ese procedimiento- no es usual que se incluya en la carta porque sirve mucho más una conversación de pasillo entre el ministro, o algún alto funcionario de Presidencia, y el director o subdirector de Planeación.

“Francamente tampoco es que el texto se tome al pie de la letra”, concluye.

Álvarez-Correa explicó que lo que hizo en ese momento fue iniciar algo de trámite, y que le correspondía por sus funciones como ministra. Además, que no tenía ningún impedimento en hacerlo porque para ese momento Cormagdalena no había entregado la concesión del puerto a nadie, aunque llevaba más de 3 años en ese trámite.

3

Parody y Álvarez-Correa aprobaron el Conpes que necesitaba la carretera

Como dicen las ex ministras, es totalmente falso que “la Ministra de Transporte es quien realiza modificaciones a los contratos de la ANI” y por lo tanto Álvarez – Correa no fue quien hizo la adición al tramo 2 de la Ruta del Sol, para hacer la carretera  Ocaña – Gamarra. Pero tanto ella como Parody votaron a favor de una decisión que era necesaria para que se pudiera ejecutar: aprobar el Conpes que había empezado a tramitar Álvarez-Correa como ministra de transporte.

En la reunión del consejo de ministros el 2 de octubre se hizo la primera sesión del Conpes del segundo gobierno de Juan Manuel Santos, con varios ministros estrenando cartera. Era también el primero de la administración de Simón Gaviria en Planeación Nacional.

En la sesión se presentaron cuatro temas, y en los cuatro, incluyendo el de la carretera, participaron las ministras Parody (recién posesionada en Educación) y Álvarez-Correa (quien había pasado de Transporte en agosto a Comercio).

En la práctica, los documentos Conpes los presentan los ministros interesados del ramo, los trabajan sus técnicos con los de Planeación (que tiene la secretaría técnica del Conpes) y luego los presentan en una reunión del gabinete. En la mayoría de casos, el debate es breve.

Después de que los técnicos del ministerio del ramo que piden el documento, los de planeación y  en muchos casos los de Hacienda arman el documento final, de Planeación se lo envían a Presidencia dos o tres días antes de la reunión. En la sesión el director de Planeación presenta los puntos centrales, se reciben comentarios de los ministros que quieran intervenir (a veces no ocurre, a veces hay más debate) y del Presidente y al final se somete a votación.

Según el acta de la sesión que La Silla Vacía obtuvo gracias a un derecho de petición y que no ha sido revelada hasta ahora, ellas estaban presentes, todos los puntos se aprobaron por unanimidad y nadie se salió de la sesión ni se declaró impedido para ningún punto.

Como el acta es detallada, y por ejemplo cuenta de las discusiones que se dieron sobre cada punto y las intervenciones de Santos, Gaviria y los interesados, lo más probable es que de haberse presentado impedimentos en ese momento habrían quedado consignados, dada su importancia.

Se verificó con tres personas que estuvieron presentes en la reunión, y todos coinciden en que lo recuerdan por ser el primero del segundo período de Santos y en que no recuerdan impedimentos presentados en el transcurso de la sesión.

Álvarez – Correa le dijo a la Silla que efectivamente estuvieron porque no estaban impedidas para hacerlo. “Los impedimentos se dan sobre hechos ciertos, no hipotéticos, y ese puerto era hipotético. No había ni concesión y todavía hoy no hay puerto”, explicó.

La entonces ministra de transporte se había declarado impedida para conocer cualquier tema vinculado a las sociedades portuarias de Cartagena y Buenaventura por su relación con Gina y la participación de la familia Parody en esas sociedades.

Lo hizo tan pronto se posesionó como ministra de Transporte el 3 de septiembre de 2012, y en octubre, el consejo de Ministros le aceptó esos impedimentos y designó como ministro ad-hoc para esos temas a Mauricio Cárdenas. Desde enero de 2013, la entonces ministra de Educació0n María Fernanda Campo REEMPLAZÓ A CÁRDENAS.

Por eso, tiene razón el comunicado conjunto de ayer en cuanto a que es falso que “no se habían presentado los impedimentos conforme a la ley”, por lo menos en cuanto a ese impedimento general.

Pero esas declaraciones globales se concretan en eventos específicos, como las tomas de decisiones en el Conpes y en ese participaron.

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Los Parody sí tenían intereses en el puerto de Gamarra

El vocero de los 12 senadores uribistas que interpusieron la denuncia, Ernesto Macías, ha hablado de “negocios de los Parody” en Gamarra, y ha retrinado al portal Los Irreverentes cuando habla del “puerto de los Parody”, como si la familia de la ministra tuviera un puerto en Gamarra. Eso es inexacto, y es falso si se pone como lo dice el comunicado de las ex ministras.

Pero tiene un trasfondo de verdad muy claro: la familia de Parody es accionista importante de todas las empresas accionistas del puerto.

Se trata de un puerto que aún no está operando, conocido como Andalucía y ubicado unos 3 kilómetros al norte del casco urbano de Gamarra, el municipio a donde llega la carretera.

Ese puerto es parte de la ORGANIZACIÓN PUERTO DE CARTAGENA, que tiene como principales compañías la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Contecar (el terminal de contenedores de Cartagena), y entre otras más pequeñas y que hacen actividades en el puerto de Cartagena. La Organización también incluye a Fluvial Andalucía, la empresa dueña del puerto en Gamarra.

Los Parody son unos de los principales accionistas de la Sociedad Portuaria.

Dos compañías de la familia Parody, Inversiones Egeo I e Inversiones Egeo III suman el 22,59 por ciento de las acciones de la Sociedad Portuaria de Cartagena, SEGÚN LA INFORMACIÓN OFICIAL DE LA ANI.

Eso los convierte en uno de sus principales accionistas: según esos datos hay 22 accionistas, incluyendo al municipio de Cartagena (que tiene el 2,11 por ciento) y al Ministerio de Transporte (el 1,82 por ciento). Solo otros dos accionistas, Dimarco Enterprises e Interconnect Port Investments (del CAPITÁN ALFONSO SALAS), tienen más del 10 por ciento de la propiedad.

Por eso, cualquier logro económico de la Sociedad Portuaria redunda en favor de los Parody pero no solo a favor de ellos.

5

La carretera sí era clave para el puerto de Gamarra, pero no solo para el que hará la Sociedad Portuaria de Cartagena

La existencia del puerto tiene relación con el escándalo Odebrecht porque EL SEGUNDO DE LOS DOS SOBORNOS que esa empresa aceptó que pagó en Colombia lo dio para conseguir que la carretera entre Ocaña y Gamarra se adicionara a la concesión del segundo tramo de la ruta del Sol (que obtuvo un proponente que encabezaba Odebrecht gracias al primer soborno que pagó).

A esa es a la que se refieren las ministras cuando dicen que los uribistas las han acusado de que “existe un puerto de la familia Parody listo para operar al que solo le hace falta la carretera”, algo falso porque no es solo de los Parody, no está listo para operar ni solo le falta la carretera.

Pero no hay duda de que la carretera sí beneficia el puerto, y mucho.

De hecho, el mismo CONTRATO DE CONCESIÓN que firmó Fluvial Andalucía con Cormagdalena dice que la carretera es el principal acceso a ese puerto:

“Al terminal Portuario objeto del presente contrato de concesión se puede acceder por vía terrestre y fluvial. Por vía terrestre: A través de la Ruta del Sol – Sector II, a la cual se accede siguiendo el siguiente recorrido: Saliendo de los predios del proyecto en dirección sur, se toma un tramo de vía terciaria (3 km), jurisdicción del Municipio de Gamarra pasando por el corregimiento denominado “La Estación”. Seguidamente, en dirección este se toma la vía Gamarra-Aguachica hasta llegar a la intersección con la variante Aguachica – Aguas Claras hasta conectar con el intercambiador sobre la Ruta del Sol Sector II (3,7 km)”

Además, Andalucía está pensado como un puerto intermodal, para lo que tiene el río, el ferrocarril y le faltaba la carretera.

Sin embargo, no es tan claro que la carretera se haya hecho para beneficiar específicamente a ese puerto en concreto.

Primero, porque la importancia de ese municipio para la navegación del río Magdalena es conocida desde hace por lo menos una década, porque es el lugar más distante del mar al que pueden llegar barcos de calado sin que sea necesario dragar el río.

Por eso aparece en UN DOCUMENTO CONPES DE 1994 como un puerto de interés público de interés nacional y en OTRO DE 1995 como un centro de transferencia fluvial de carga en un punto llamado Capulco, al sur del casco urbano de Gamarra.

Segundo, porque no es el único puerto en Gamarra: existe otro que sí está funcionando y que viene de una concesión que entregó el gobierno Uribe en 2006, para justamente incentivar el transporte por el río y en Capulco; inicialmente se llamaba Sociedad Portuaria del Carare y desde enero de 2009 es la Sociedad Portuaria Coal Corp.

Propiedad de INTER-AMERICAN COAL, a través de él SE EXPORTÓ EN 2015 el carbón que estaba represado en Norte de Santander por el cierre de frontera de Venezuela

De hecho Capulco se ve por lo menos tan beneficiado como Andalucía, no solo porque su inversión ya está hecha sino porque a diferencia del puerto Andalucía, que está a 3 kilómetros, la Transversal llega directamente a esa concesión – de ahí que en los documentos legales se llame Transversal Río de Oro – Aguaclara – Puerto Capulco.

En todo caso, esa concesión se entregó 8 años antes de que se hiciera la adición, mientras que la de Andalucía se entregó 9 meses después de su firma y un mes largo después de que el Gobierno cumplió todas las condiciones para que se pudiera ejecutar.

Es decir, mientras que Capulco arrancó sus obras e incluso empezó a funcionar antes de que se construyera la carretera, Andalucía solo se comprometió con el Estado a hacer el puerto en el contrato de concesión cuando ya estaba todo listo para que se construyera esa vía.

Entrevista al Procurador

Procurador, usted ha planteado que la espina dorsal de su gestión será la lucha contra la corrupción. ¿Lo hizo para trazar un norte o porque el escándalo de Odebrecht evidencia que este fenómeno se salió de proporciones?

Yo creo que por las dos cosas. Y por una más: después del cierre del capítulo de la negociación de la paz y del inicio del posconflicto, en la agenda pública, el tema que tiene mayor fuerza es la necesidad de transparencia y la lucha contra la corrupción. Casi se puede decir que el humo de la guerra no nos dejaba ver lo que se cocinaba en términos de ausencia de valores, impunidad e ilegalidad. De la noche a la mañana todo empezó a estallar al tiempo.

En el tema de Odebrecht, ¿cuáles son las próximas pesquisas?

Lo que viene es determinar qué otro tipo de situaciones se han presentado con esa empresa en Colombia. Creo que debemos ser radicales en no concentrarnos únicamente en el contrato de la Ruta del Sol, sino mirar todo el mapa de la contratación de Odebrecht con el Estado colombiano y de buscar la nulidad de esos contratos.

¿La nulidad o la caducidad?

La nulidad porque permite desde el punto de vista jurídico que todo ese conjunto de obras sean terminadas. La caducidad es una medida que puede llegar a convertirse en un obstáculo para que terminen las obras. Y la nulidad nos permite equilibrar entre no impunidad, condenar a los responsables pero a la vez que ellos mismos terminen las obras.

Entonces ¿la caducidad no sirve para nada?

La caducidad es una figura del derecho administrativo que se presenta en otro tipo de situaciones. Acá lo característico y a la vez gravísimo es que se trataba de una empresa criminal que ameritaría la más dura de las sanciones.

¿Por qué le parece tan particular lo de Odebrecht?

Porque estos personajes se inventaron una estructura societaria corporativa que denominaron “división de operaciones estructuradas”, que lo único que hacia era repartir sobornos. Entonces era toda la sociedad la que estaba viciada y viciado el consentimiento de un contrato porque lo hicieron a partir de sobornos y de coimas.

¿Por qué aún no se ha metido con el contrato Navelena?

Nosotros estamos entrando con bisturí a todos los contratos de Odebrecht y tiene que ser así porque acá no era un chico malo de la empresa, no. Acá era política de la empresa sobornar funcionaros y, al ser así, se abre un debate en Colombia sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. No necesitamos que respondan los particulares; la sociedad comercial tiene que responder integralmente. Si es la sociedad la dedicada a delinquir pues es necesario ir contra la sociedad y que ojalá que todas las sanciones societarias y penales recaigan sobre el grupo como un todo. Pero sí estamos investigando Navelena.

Allí hay ya una presunta plata que se le había pagado a Otto Bula en concepto de lobby para que ayudara a manipular la concesión que se le dio a Odebrecht para manejar la recuperación del río Magdalena…

No sólo eso, María Jimena, sino también abrimos investigaciones preliminares por el préstamo del Banco Agrario que generó reacciones como la del ministro de Agricultura, que estableció una denuncia penal contra la junta directiva del banco porque se descubrieron algunas irregularidades, lo que me hace pensar que vamos en la dirección correcta.

Y en cuanto al presunto conflicto de intereses que pudieron tener las ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, ¿qué piensa?

En ese caso habrá que establecerlo probatoriamente, pero dado el caso tendremos que entrevistarlas y ver cuáles serían las sanciones disciplinares correspondientes.

En el caso de la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga en el 2014 que se vio inmiscuida por denuncias de Duda Mendoça, el publicista que recibió un pago de Odebrecht. En ese caso ¿Qué puede hacer la Procuraduría?

Primero habría que explicar cómo es el mecanismo de financiación de las campañas. En Europa es estatal, algunos dirían un servicio a la igualdad. Todos arrancan con el mismo monto. En Estados Unidos la financiación es privada y América Latina tiene un sistema mixto. Colombia tiene este último sistema y eso implica que hay dinero del sector público involucrado. Eso quiere decir que según el número de votos, hay una reposición que viene de los recursos de los colombianos. Por esa razón la Procuraduría podría intervenir. Pero es un tema difícil de solucionar. Algunos creen que es un mercado bursátil de pesos y votos y que la contratación viene más tarde.

Y en el caso de que se descubriera que la campaña se voló los topes de plata, la sanción dada por el Consejo Nacional Electoral es una multa mínima que se paga y… ¿ya?

En España hay una norma que castiga penalmente la financiación ilegal de campañas y eso incluye violación de topes, ocultación de documentos, pagos en especie y en dinero. Pero lo que es importante aprender del caso español es que se necesita financiación estatal y una justicia electoral que sea capaz de hacer la investigación que compruebe que violaron los topes y que imponga sanciones. El problema aquí es que las sanciones de la justicia electoral en comparación con otros países son un chiste.

Lo otro que hay que frenar es las multinacionales que se entrometen en los procesos electorales. Eso es una intromisión indebida y que además se está comprando favores que se cobrará después.

¿Cómo parar eso?

Lo primero es determinar si eso se puede o no se puede hacer. Segundo, establecer topes, y tercero, que se consignen las donaciones del sector privado. Para mí es igual de preocupante todas las personas del sector privado que le están entregando dinero a los políticos para financiar partidos y campañas.

Yo veo que el caso de Odebrecht está cada vez más relacionado con campañas políticas de diferentes bandos, ¿qué pasará ene ese caso?

Sí, ya ha salido en las noticias que Odebrecht se ha comprometido en revelar información de financiamiento en las campañas en América Latina, pero necesitamos evidencias, no especulación.

En el caso de Otto Bula, él dice que sólo fue lobista y que eso no es delito en Colombia. ¿Cómo se le dice que eso es ilegal si realmente no se ha regulado? Y ¿por qué no se ha regulado?

Ha habido varios intentos. Creo que en este momento hay un proyecto de ley en el Congreso sobre el tema. Es necesario regularlo porque a fin de cuentas uno sabe qué intereses tiene el lobista.

Procurador, discúlpeme me devuelvo. Usted ha dicho que investigaría personas naturales ¿a qué se refiere en concreto?

Sí, cuando se presenten las irregularidades debería existir un régimen que determine la responsabilidad de privados. Pero al pensar que se trata de recursos públicos, en el caso de las campañas, se puede investigar sólo lo que tiene origen en los recursos públicos. Lo que hay en otros países es un régimen de responsabilidad para el sector privado a la hora de financiar la política. El caso particular del privado frente a la actividad pública es cuando manejan recursos públicos.

Usted me estaba diciendo que tiene mucho interés en indagar desde Brasil, el lugar donde se originaron los hechos, para no estar supeditado de lo que venga de la justicia norteamericana…

Sí, yo creo, María Jimena, que la cooperación judicial internacional ha evolucionado de tal manera que tiene que haber mucha mayor fluidez en el intercambio de información. Para cerrar casos lo fundamental es tener las pruebas y para eso es importante sofisticar la operación judicial. Más adelante sería muy interesante organizar un gran seminario con los procuradores y fiscales donde Odebrecht actuó para encontrar y refinar mecanismos para luchar contra ese tipo de criminalidad porque todo es nuevo. Y además termina siendo un caso de crimen organizado.

Pero no sólo Odebrecht ha sido centro de un escándalo por cuenta de sobornos y de coimas. Varios contratistas en el 2006, el 2007, el 2008, el 2009 fueron denunciados por lo mismo y esas investigaciones no llegaron a buen puerto ni en la Fiscalía, ni en la Procuraduría…

Mucha gente dice que si se hubiese tenido un bisturí mucho más afilado habríamos llegado a un dictamen probatorio y no se habría quedado todo en la superficie de los hechos con los primeros condenados, seguramente, en el escándalo de la contratación hubiéramos llegado a Odebrecht. Estos son hechos de hace seis o siete años.

Usted ha planteado en varias ocasiones que le gustaría que la Procuraduría entrara dentro del mecanismo de la JEP. ¿Por qué planteo esa propuesta?

Por varios argumentos. El primero es que el corazón del proceso, como bien lo ha dicho el presidente, son las víctimas y lo importante de las víctimas es que se les respeten los derechos. Y en la JEP no existe un ente que pueda, de manera autónoma, defender los derechos de los más débiles.

¿Qué va a hacer para que no se sigan robando La Guajira?

Ayer enviamos una misión con la procuradora delegada para la infancia y la niñez y vamos a tener un diagnóstico mucho más claro con el tema de nutrición y con el tema de la salud de los niños y vamos a tratar de llegar con brigadas de reacción inmediata a determinados departamentos.

¿Cómo va a combatir la corrupción en la salud?

Vamos a crear una procuraduría delegada para la salud que no ha existido antes. Pero lo que necesitamos es que la gente denuncie y lo haga sin temor.

¿Y Reficar?

Estamos haciendo las primeras investigaciones, que yo espero arrojen resultados muy pronto y apenas eso ocurra le haremos saber a la opinión pública.

Fuente: CM& / DIARIO EL ESPECTADOR / LA SILLA VACIA

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