Politica

El error en el comunicado fue tal, que Rodrigo Londoño, vocero nacional del partido de Farc, envió una carta al presidente Juan Manuel Santospidiéndole que se reunieran, otra misiva el secretario general de la ONU, António Guterres, y también pidió una cita con la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensuda.

Rivera explicó el impase durante una entrevista en Blu Radio, cuando afirmó que la Corte Constitucional dijo “en el comunicado del viernes que (el miércoles) publicaron una versión previa de las decisiones tomadas. Lo que terminó saliendo era una reacción extrema que exponía a los miembros de las Farc, ante cualquier infracción, a perder todos los beneficios, lo que era extremo. Pero la propia corte corrigió ese comunicado y eso debe ayudar a moderar las reacciones”.

Aseguró que creía que la reacción de Farc era justificada, toda vez que decía que si un exguerrillero “en caso de reincidir, en cualquier clase de delito, perdía todos los beneficios, algo sin ningún grado de proporcionalidad, cosa que habría sido descabellada”. Pero también dijo que consideraba que el comunicado del viernes de la Corte Constitucional aclaraba este debate.

Sobre la reunión que este viernes tendrían Santos y Timochenko, Rivera afirmó que, aunque en el comunicado de la Corte Constitucional se aclaró temas como el de la extradición, se hablaría de otros asuntos como el de las limitaciones a los magistrados de la JEP o el del fuero a los funcionarios públicos no militares. Aun así, reiteró que “en mi opinión, los temas esenciales, que comprometían la posibilidad de concurrir ante la JEP, esos temas quedaron arreglados”.

PONENCIA MODIFICADA

Los polémicos requisitos para que se posesionen los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), incorporados por el Senado en el proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores del conflicto, no están en la ponencia que discutirá, desde este martes y en último debate, la plenaria de la Cámara de Representantes.

La ponencia fue radicada en la noche de este lunes, luego de una reunión de tres horas en la oficina del representante ponente, Hernán Penagos, en la cual participaron el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y su equipo, que siguen teniendo “respetuosas diferencias con el texto” propuesto.

La JEP es la justicia a la que se acogerán los ex-Farc y los militares señalados de delitos atroces en medio del conflicto. También podrán acudir a ella los civiles que así lo deseen.

Entre las inhabilidades planteadas por el Senado está que los magistrados de la JEP no se podrían posesionar si han sido abogados en procesos relacionados con el conflicto armado en los últimos 5 años ni si han presentado reclamaciones al Estado en temas de derechos humanos. En cambio de estas inhabilidades, en la Cámara se propondrá un régimen de impedimentos o casos en los cuales los togados tendrían que separarse de los procesos.

Que la norma del Senado no aparezca en la ponencia que llega a la Cámara no significa que esté del todo por fuera del proyecto, porque podría quedar incluida en la conciliación de los textos aprobados en las dos corporaciones.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR