Politica

Las denuncias del Congresista por la Alianza Verde, Navarro Wolf, sobre los presuntos hechos de corrupción en el sistema de contratación en Cúcuta, generaron fuertes reacciones entre los sectores sociales y políticos de la ciudad.

Jorge Moreno, uno de los veedores ciudadanos, quien lidero el proceso legal del hueco Bavaria, señalo que las autoridades han actuado de manera negligente para atender los casos denunciados con anterioridad por presuntas irregularidades halladas en varios procesos de contratación del municipio de Cúcuta.

“Si no se cambian los fiscales aquí en Cúcuta, encargados de investigar los delitos contra la administración pública, eso no pasa nada, eso no funciona, yo creo que el Fiscal General de la Nación debe enviar a Cúcuta una delegación de fiscales y de investigadores del CTI para que investiguen a profundidad todos esos contratos” afirmó el dirigente social.

Moreno, señalo que tienen varios casos expuestos ante las autoridades pertinentes que no han arrojados resultados en las investigaciones, dos años después de interpuestas las denuncias “hay más de 40 denuncias y no pasa absolutamente nada, yo conozco de denuncias penales contra el Ex Alcalde, Donamaris Ramírez, por celebración indebida de contratos y no pasa absolutamente nada… debemos reaccionar y exigirle al señor Fiscal que mande un cuerpo élite para que metan el hombro y trabajen”.

A través de recursos legales y con pruebas escritas, expondrán el panorama al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

Pedido

La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Ángela María Robledo pidió a la Contraloría Distrital indagar sobre el objeto y cumplimiento de 38 contratos de prestación de servicios de asesoría suscritos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP cuyo monto total asciende a $ 5.469.911.983 durante la vigencia de 2016. Ver comunicación aquí

De igual manera la congresista Robledo solicitó revisar la contratación de trece (13) asesores del despacho del Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa por un monto de $ 2.068.087.421, en 2016.

En la solicitud de vigilancia fiscal radicada por la parlamentaria al contralor distrital Juan Carlos Granados, se argumenta que: “De acuerdo con la información entregada sobre el monto del contrato y la duración o vigencia del mismo, se pueden identificar de acuerdo con la forma de pago, honorarios mensuales que oscilan entre 29 y 31 millones de pesos. Este es el caso de los contratos de Andrés de Jesús Escobar Uribe, Oscar Edmundo Díaz Molina, Luz María del Socorro Sierra Lopera, y Jean Philippe Pening Gaviria”.

Según Robledo los montos mensuales que perciben algunos de estos asesores contraviene lo dispuesto en el Decreto 2785 de 2011 que establece como límite la remuneración mensual percibida por el jefe de la entidad, de acuerdo al Artículo 4° así: “Está prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios personales calificados con personas naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en forma continua para atender asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad.

La parlamentaria dijo que resulta un despropósito por ejemplo el contrato de Andrés Escobar que cuenta entre sus obligaciones específicas: 1. Coordinar los estudios que sean necesarios en el proceso de implementación de la Primera Línea del Metro de Bogotá, 2. Asesorar al Despacho del Alcalde Mayor y a las entidades distritales relacionadas en los procesos técnicos, administrativos y legales dirigidos a la puesta en marcha de la Empresa Metro de Bogotá, 3. Llevar la vocería del Distrito ante las entidades nacionales relacionadas con la financiación del Metro de Bogotá, entre otras, relacionadas con el tema Metro que le generan a Escobar un ingreso mensual de alrededor de $ 30 millones de pesos mensuales (en total 305 millones de pesos en 2016) pero que los bogotanos aún no vemos por ninguna parte. (Pantallazo de las obligaciones de Andrés Escobar)

Entre las pretensiones de la congresista Robledo esta la verificación en el monto de los contratos de prestación de servicios de los asesores de Peñalosa, los cuales no pueden superar el salario mensual del Alcalde, a no ser que tengan una excepcionalidad por especialización; la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones de los mismos y de ser el caso, investigar las posibles irregularidades que allí se presentaren.

Fuente: CARACOL RADIO / BLOG DE ALIANZA VERDE