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Los virajes en la política de drogas están anunciados y aún hay alboroto por los cambios. Las alarmas permanecen encendidas por el incremento de los cultivos ilícitos, que podrían cerrar en 130.000 hectáreas en el reporte de Naciones Unidas 2016 y en 200.000 en el que realiza el gobierno norteamericano, por lo que el Gobierno, urgido, está a punto de marcar el arranque a su estrategia en las selvas del país.

El plan, diseñado por el Ministerio de Justicia, fue aprobado sin controversia por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Se teme que el argumento político, hasta ahora de la oposición, de un país nadando en coca escale y sea una realidad. Sin embargo, algunos de sus puntos esenciales revivirán los grandes debates sobre la política antidrogas en Colombia.

1. ¿Atacar los cultivos o la producción de coca? 

En el uso inteligente de su capacidad, el Estado dejará de concentrar su fuerza en la planta de coca, como venía haciéndolo con la aspersión aérea, para dar prioridad a los golpes a las fábricas de donde sale la cocaína. Se estima que en Colombia hay alrededor de 700 cristalizaderos, que en una versión mejorada de estas construcciones ahora producen pasta, base y cocaína, con lo que controlan la producción a menor costo. El reto es pegarles a por lo menos la mitad este año.

En las selvas, de manera no tan silenciosa –hay pueblos de 30.000 habitantes con consumo de gasolina (insumo en la producción de cocaína) correspondiente a 300.000 personas- la creación de este tipo de cristalizaderos se incrementó y funcionan como verdaderas empresas. De hecho, a que toda la producción se concentre en un solo lugar se le atribuye que la hoja de la coca, que debería ser más barata por el auge de los cultivos, incrementó su precio en 40 %.

Aunque la Fiscalía, la Policía y el Ejército ya tienen objetivos identificados con la ayuda de agentes de inteligencia, atacarlos de manera contundente implicará revivir el sistema de recompensas, fortalecer el de informantes e incorporar servicios de inteligencia que permitan no sólo la destrucción de los establecimientos sino las capturas de quienes los controlan.

En este último punto se concentra en gran parte la estrategia del Gobierno y es llevar a las cárceles a quienes realmente manejan el negocio. El Ministerio de Defensa reporta la destrucción de 4.200 laboratorios al año, sin embargo, el índice de capturas es bajo y quienes los controlan terminan simplemente cambiando de sede. Además de que el montaje de un laboratorio es sustancialmente más pequeño en comparación con un complejo cuya construcción se calcula entre 1.500 millones y 3.000 millones de pesos. En los cristalizaderos se produce la mayor parte de las 646 toneladas de cocaína pura que alertan los registros del Censo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas-2015 se producen en el país.

Pegarles sistemáticamente a estas megaempresas de producción, según la tesis de las autoridades, llevaría a sacar la producción de cocaína de Colombia y bajar sustancialmente la demanda de hoja de coca, para hacer más amable la llegada de la sustitución de cultivos.

Este plan viene acompañado este año de la erradicación manual de cultivos en 50.000 hectáreas, la sustitución en otras 50.000, además de operativos de interdicción para impactar en el tráfico de sustancias ilegales.

No es un blanco sencillo, pero como en pocas veces desde la suspensión de la aspersión aérea en el 2015, el Estado va alineado. “Creo que en materia de política es un aporte sustantivo que está haciendo el Gobierno y particularmente el Ministerio de Justicia. En la dirección de lavado de activos y lucha contra el narcotráfico hemos priorizado la intervención de cristalizaderos, los tenemos identificados. Este es uno de los puntos en que más se puede impactar la actividad criminal del narcotráfico”, aseguró a Semana.com el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, uno de los hombres más importantes en la lucha contra las drogas y de los más críticos frente a las nuevas estrategias del Gobierno.

2. Choques por no priorizar en cultivos ilícitos

Este será un punto que no tendrá consenso. Mientras que la estrategia está dirigida a concentrar la fuerza en los eslabones más fuertes de la cadena, el fiscal general, al mismo tiempo que algunos sectores políticos y de las fuerzas, insisten en que hay que abordarlo todo, empezando por los cultivos ilícitos.

Las declaraciones del fiscal–en donde lanza dardos al aumento de las hectáreas cultivadas, a los planes de erradicación manual, a la sustitución de cultivos ilícitos, al consumo de drogas y al tratamiento penal de pequeños cultivadores- lo ubican en el centro de la tensión ante las autoridades en la materia que no saben desde qué orilla habla.

Nadie niega que sus intervenciones alertan de temores fundados: Colombia sí enfrenta un grave incremento sustancial de cultivos ilícitos respecto de los últimos años. Y tiene razón en que un vacío importante lo dejó la suspensión de la aspersión aérea, aunque las cifras reflejan que funcionaba más como un estabilizador del problema que como una herramienta para ponerle fin a los cultivos.

También tiene razón cuando dice que se erradican manualmente al año 12.000 hectáreas de coca, cuando los cultivos cerraron en el 2015 en 100.000; el balance, como afirma, “es un fracaso”. Incluso, cuando se refiere a los riesgos desde el punto de vista penal al abrirles beneficios a los pequeños cultivadores, el fiscal juega con un recelo válido y generalizado, teniendo en cuenta que en el marco de negociaciones a través de cambios legislativos, históricamente se han intentado colar grandes capos: desde Pablo Escobar hasta los paramilitares en su proceso de paz con el expresidente Álvaro Uribe; la controversia ya también se encendió con las FARC por la solicitud de extradición de Segundo Villota, quien para la guerrilla es uno de sus miembros y para la Fiscalía es un narco puro que nunca fue rebelde.

“El fiscal manifiesta preocupaciones legítimas, tiene razón en llamar la atención sobre un auge en la producción de cocaína. Pero no está poniendo el foco en el lugar indicado para luchar contra la criminalidad ocasionada por el narcotráfico. Si seguimos concentrándonos en los eslabones equivocados, que es lo que hemos durante 20 años, en el 2037 tendremos los mismos resultados de hoy. La evidencia indica que es más eficiente atacar los eslabones más violentos, que más dinero ilegal ganan y generan más corrupción, que los eslabones de los cultivadores o los consumidores”, aseguró Julián Wilches, exdirector de Drogas del Ministerio de Justicia y analista.

3. Las políticas menos represivas que no gustan

Con Santos en el Gobierno, Colombia diseñó y promovió en escenarios nacionales y extranjeros una nueva política de drogas que ya no busca atacar todos los eslabones de la cadena -estrategia que se viene haciendo hace más de 20 años-, sino que estableció que los golpes deben ir dirigidos a los peces medianos y grandes. De manera que los pequeños: consumidores, pequeños cultivadores e incluso microtraficantes, se les plantean políticas menos represivas, de inclusión social y de tratamiento en salud pública. Al respecto, Colombia también trabaja en propuestas alternativas al encarcelamiento para evitar seguir congestionando las cárceles con jíbaros y pequeños traficantes.

Este particular, suscitó un enfrentamiento con el ministro de Justicia, por los desarrollos normativos que permitirían darles beneficios penales a “mulas” en las cárceles y extinción de la sanción penal a pequeños cultivadores. En entrevista con Yamid Amat, el fiscal cuestionó la tendencia a aumentar beneficios penales y aseguró que si sigue haciendo carrera una política criminal laxa, “habrá que echarle llave a la Fiscalía”.

Londoño salió a responder que los proyectos eran borradores que desarrollaban los acuerdos de La Habana y que no traían beneficios penales a miembros de organizaciones criminales. Cuestiona que hay beneficios a favor de las “mulas” en las cárceles que no tienen la vigencia del proceso de paz sino que traen una aplicación permanente. El tema no paró allí. Hace una semana el fiscal volvió a poner la lupa sobre el borrador que se prepara para reformar la Ley 30 de 1986.

El ministro de Justicia, Jorge Londoño, explicó que no es un documento que se trabaje de espaldas al país y que en cuanto se termine de elaborar será sometido a consultas de la Presidencia, al igual que del Consejo Superior de Política Criminal, en donde tiene asiento el fiscal general. El ministro hizo énfasis en que el problema de las drogas en pleno siglo XXI es tratado con leyes del siglo XX, y por ello el centro de esta actualización es darle dientes a las autoridades para que persigan las nuevas sustancias de uso ilícito, como las drogas sintéticas.

4. Consumo, otro centro de discordia

Otra dura confrontación también se comenzó a cocinar desde el año pasado cuando el fiscal aseguró en la Comisión Primera del Congreso que con el aumento de las hectáreas de coca se están registrando excedentes de droga en el país que se quedan en el mercado interno. “Los excedentes que no consume la comunidad internacional los están absorbiendo nuestras regiones, que están asediando a través de nuevas organizaciones criminales y bandas ciudadanas a nuestros niños y adolescentes en colegios y universidades”.

Esta afirmación quedó dándole vueltas al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien en el Hay Festival acaba de calificar ésta como una “historia elaborada” del fiscal: “Parece interesante sobre todo para asustar padres de familia, pero no es consistente con los datos que tenemos sobre la mesa muestran que el consumo de coca en ciudades colombianas no ha aumentado y ha permanecido más o menos estable en los últimos años”.

Aunque Gaviria no desconoce que el consumo de sustancias ilícitas en general en el país sí va en aumento, expresó que existe una obsesión por “la mata que mata” que impide cambiar de mentalidad frente a cómo se miden los resultados. Analistas consultados por Semana.com cuestionan el que la tensión sobre las cifras se centre en el aumento de los cultivos ilícitos y no en las incautaciones, por ejemplo, que es uno de los blancos de la nueva política.

5. La sustitición de cultivos es una difícil apuesta

El plan de sustitución de cultivos ilícitos constituye una de las apuestas centrales del proceso de paz. En el acuerdo se da un año de plazo para que pequeños cultivadores de coca manifiesten que renuncian a la actividad para acogerse a programas de sustitución de cultivos. En ese año, la acción integral del Estado debe entrar para sembrar en el campesinado una opción alternativa que les permita pasar a la legalidad. Un plan que desde ya, dice el fiscal, tiene serias dificultades.

Cada pronunciamiento del fiscal parecería desmarcarlo del cambio de un enfoque de lucha contra las drogas que apunta al desarrollo rural, la interdicción y la salud pública, promovido por el gobierno de Santos, para armarse de una investidura de fiscal que mantiene las estrategias represivas en la lucha contra el narcotráfico.

Daniel Rico, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, señaló que el fiscal general ha entendido mejor que nadie lo que significa la llegada de Trump en materia de seguridad y lucha contra las drogas en el hemisferio: “Ojalá, y por el bien de todos, veamos en el fiscal un liderazgo cada vez más propositivo, soportado en diagnósticos rigurosos y no sólo en cifras alarmistas (y cuestionables técnicamente), que logre integrar a las entidades del Estado frente a una causa común y no que las fragmente”, dijo.

Aún no llega a la Vicepresidencia el general Óscar Naranjo, pero promete ser el personaje que con toda la autoridad para hablar duro frente al tema de drogas ahonde en las diferencias con el fiscal o encuentre consensos. De los resultados de la estrategia del Gobierno dependerá pasar la página de la problemática social del narcotráfico y que deje de ser después de décadas el perfecto caballo de batalla electoral en las contiendas presidenciales.

Fuente: REVISTA SEMANA

02/07/2017
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